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Polémicas y puntos clave del nuevo POT de Bogotá

Un rápido vistazo al proyecto de Acuerdo presentado al Concejo de Bogotá respecto a las anteriores versiones, indica que se le hicieron 7.588 cambios, 2.872 reemplazos, 1.940 inserciones y 1.129 eliminaciones; de 693 artículos se redujo a 608 en 463 páginas y 7 anexos. Por lo tanto, es necesario estudiarlo a profundidad para valorar los ajustes efectuados.
 

No obstante, los reclamos por una participación incidente siguen estando presentes en las voces de las comunidades por los impactos negativos en sus territorios a partir de decisiones de orden estratégico presentes en la actual propuesta de revisión general del POT. Pese a las solicitudes de extender el cronograma de concertación de ajustes, la administración no atendió las voces ciudadanas, señalando que ese proceso ya se había surtido ampliamente.
 

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¿Por qué Bogotá no ha logrado tener un nuevo POT?


La explicación tiene cuatro razones: 1) el aumento de normas, decretos y reglamentaciones complementarias a la Ley 388 de 1997, que dificultan su estructuración y negociación técnica con los entes competentes, particularmente la CAR; 2) pese a ser un instrumento de superior jerarquía, las decisiones sobre ordenamiento territorial se acuerdan en el Plan de Desarrollo de cada Administración sin incorporar lo establecido en el POT; 3) no se cuenta con verdaderos mecanismos de seguimiento y evaluación; 4) por vía reglamentaria, se disponen decisiones de ordenamiento no contenidas en el POT, que “facilitan” el desarrollo de la ciudad.


Se presentan dos miradas antagónicas para entender la ciudad y el territorio, hacia dónde se debe dirigir, qué debe construir, qué tipo de interés debe priorizar. Un sector plantea que la ciudad debe recoger y reflejar las necesidades mayoritarias de la población, que deben expresarse territorialmente y construirse de manera concertada. Otro –minoritario y con intereses económicos– considera que la ciudad debe garantizar las condiciones para la inversión, donde el desarrollo inmobiliario sea el pilar de la economía, que moviliza otras industrias y al sector financiero, asegurando una dinámica económica para el empleo.
 

¿Qué se destaca de la propuesta?


Aunque se comparten filosofía y principios, el problema es la materialización de las decisiones adoptadas. El POT protege la Estructura Ecológica Principal (EEP); aumenta el 21 % del área de EEP, pasando de 94.925 a 120.290 hectáreas, reconociendo solo 2 humedales más.


En materia de movilidad, avanza en proyectar un sistema multimodal de transporte público con una red que cubra todo el territorio, incluyendo el Metro (5 líneas), los trenes de cercanías (2), y 7 cables aéreos en las zonas de ladera de la ciudad. Sin embargo, mantiene el énfasis en TransMilenio como principal alternativa de movilidad.


Formula 45 “Manzanas de Cuidado”, planeadas para reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidado, así como el papel y las necesidades de las mujeres en el marco de la “Ciudad Cuidadora” denominada Sistema Distrital de Cuidado.


Introduce la noción de “Estructura Integradora de Patrimonios” con el objeto de valorar e integrar la protección del patrimonio cultural material, inmaterial y natural, los referentes territoriales y las identidades bogotanas con los componentes económicos y culturales de la ciudad. Sin embargo, en la práctica los temas patrimoniales se reducen única y exclusivamente al Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico.


No amplía el suelo de la ciudad a través de la figura de suelo de expansión, conteniendo su desarrollo al área actualmente ocupada; sin embargo, la mayor parte del tratamiento del suelo se convierte en renovación urbana, sin procesos previos de concertación con las comunidades.
 

Lo que no es claro y continúa en discusión


Muchos temas siguen siendo inciertos y en discusión. Señalamos algunos, como Cerro Seco, que cada vez varía el tamaño entre el paso por la CAR, el CTPD y la actual versión presentada al Concejo de Bogotá ha disminuido 78,38 hectáreas.
 

En relación a las 5 líneas del Metro, no existen estudios técnicos y falta claridad sobre la sostenibilidad económica.


Hay inconsistencia entre la relación de las cifras de crecimiento poblacional, nuevos hogares y nuevas unidades habitacionales requeridas. Se rescata la exigencia a los constructores de un área mínima habitable de la VIS 42 m2. No es claro si estas viviendas reducirán brechas y vulnerabilidades de quienes habitan Bogotá o se recabará en relaciones dispares, que benefician a los promotores y constructores.


El análisis reconoce los nuevos hogares y sus necesidades, pero no incorpora los que desaparecen, la subdivisión de las viviendas, la salida de población de Bogotá por los altos costos de localización, la existencia de un número considerable de viviendas vacías. Tampoco hay una evaluación de los cambios de modelo de vivienda unifamiliar a conjuntos multifamiliares verticalizados y los impactos en las dinámicas de vida.

El proyecto tampoco aborda con suficiente detalle la creciente densificación de los barrios autoproducidos de origen informal. No se plantean soluciones a esta problemática presente y en crecimiento. No se abordan los problemas de la masificación e hiperdensificación. Tampoco se aumenta el espacio público o los equipamientos requeridos en estas áreas.


“Reverdecer” la ciudad es imposible de cumplir y menos aún con la promesa de ampliar el espacio público y el verde por habitante. “Reverdecer el sur” es técnicamente inviable dada la dificultad técnica y los elevados costos para materializar Lagos del Tunjuelo contraviniendo la perspectiva ciudadana de impulsar la configuración de un parque metropolitano ecológico al sur, con servicios sociales y culturales.


Tampoco se reduce o elimina el Relleno Sanitario Doña Juana, solicitado por la ciudadanía, solo se le cambia el nombre por Parque de Innovación, continuando con la afectación a la salud de los ciudadanos.


Relacionado con la integración regional, aunque este proyecto incluye disposiciones para integrar la ciudad con la región, su abordaje desconoce la autonomía de los municipios, al tomar decisiones territoriales sobre estos sin consultas previas ni concertación. No es claro cómo se van a realizar los ajustes dentro del articulado en el marco de la Región Metropolitana o la Ciudad-Región Bogotá-Cundinamarca. Es decir, no hay decisiones compartidas sino impuestas a la región.


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Nuevas apuestas que generan fuertes discusiones y no construyen consensos ciudadanos


Bogotá requiere un proceso de descentralización y desconcentración, concertado, no impuesto. Sin embargo, se pasa de 20 Localidades a 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL), en el marco de la “Ciudad de 30 minutos”; propuesta discutible, que se basa en la división del territorio y en su administración, alegando aspectos de movilidad o proximidad, sin contar con las implicaciones políticas, culturales y sociales. Surge la pregunta ¿Qué pasa con la UPZ y las UPR y los recursos públicos invertidos en su definición durante 21 años?


Los programas y proyectos no tienen metas claras, indicadores de seguimiento, tiempos de ejecución y presupuesto para su materialización.
 

Es necesario hacer una valoración sobre aspectos estratégicos, a los cuales no se responde en el POT: el manejo del agua potable y residual, la calidad del aire, la segregación socioespacial, el poblamiento y modelo de ciudad.


Este POT no incluye los cambios que demanda la ciudad originados por el COVID-19; no contempla las relaciones entre las necesidades habitacionales, el hábitat y el entorno, asociadas a la calidad de vida; propende por la expulsión de pobladores de los territorios a intervenir; impulsa la gentrificación y aumenta la pobreza; no dialoga con la filosofía del llamado “nuevo contrato social” para la ciudad.
 

¿Qué no se está incluyendo?


La participación ciudadana en todas las fases de formulación/revisión del ordenamiento territorial conforme al Decreto Nacional 1232 de 2020; estudios técnicos de gran detalle, en temas de riesgo; la restauración de los servicios ecosistémicos; la deuda ambiental histórica de Bogotá con el Borde-Sur de la ciudad, el cual ha sido lugar para la concentración de fuentes contaminantes del aire, sobrepoblación, y baja calidad de agua que conduce a mayor segregación socio ambiental y desigualdad social.


El arquitecto y urbanista Mario Noriega advierte “este POT parece un manual para demoler la ciudad. Para aumentar el índice de construcción (I.C.), que es donde radica el negocio inmobiliario, se promueve la compra y englobe de predios. Entre más compre, demuela y englobe, más edificabilidad se da al constructor” y añade que, si el POT actual lleva vigente 17 años, con 5 años por encima de la vigencia legal, “… esto no obliga a reemplazarlo por uno peor”.
 

¿Qué se espera del POT?


Que el POT sea un documento sencillo y de fácil acceso a la ciudadanía, producto de un proceso concertado de ciudad. Pensado para asegurar la estabilidad, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de su territorio.
 

Bogotá sí necesita un nuevo POT porque la ciudad ha cambiado. Pero uno que desconcentre y descentralice de modo concertado; que provea de bienes, servicios y equipamientos urbanos a los territorios más vulnerables; que planifique el ordenamiento de la ciudad, generando dinámicas económicas incluyentes; que no promueva la densificación sin tener la capacidad de infraestructura y equipamientos; que valore el patrimonio cultural, el mueble e inmueble y el paisaje como patrimonio colectivo de los bogotanos, evitando que sea mercantilizado por la dinámica inmobiliaria; que recupere las fuentes de agua; que sea un POT que lea, interprete y defienda a la ciudadanía.
 

No se puede aprobar si sus habitantes sienten que la actual propuesta no los interpreta ni los representa. El nuevo POT debería ser construido y concertado colectivamente con procesos de participación incidentes; sin afanes políticos, como una guía para la producción de la vida en la ciudad que soñamos con la realización plena del derecho a la ciudad, a lo rural y al territorio.

 


*Análisis basado en los aportes del Equipo de Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia que efectúa el acompañamiento al Consejo Territorial Distrital de Planeación (CTPD).

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