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Pobreza compartida: la del migrante y la del local

En Colombia la pobreza no conoce de geografía, pero tan diversa como esta, en algunas regiones es mucho más profunda que en otras, por ejemplo en las zonas de frontera. Para comprobarlo basta con observar los datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que confirman cómo la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 profundizó este histórico fenómeno que alcanza ya a casi 30 millones de colombianos.

 

El año pasado el 42,5 % de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019, cuando fue del 35,7 %.

 

Esto quiere decir que alrededor de 21 millones de colombianos viven por debajo de la línea de pobreza, es decir con menos de 331.688 pesos al mes; pero el asunto es más serio porque 7,47 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza extrema, o sea con menos de 145.004 pesos al mes.

 

Mientras en la zona andina, en departamentos como Antioquia el porcentaje de pobreza es del 34 %, en Cundinamarca del 27 %, en Caldas del 30 % o en Risaralda del 35 %, en los departamentos fronterizos la situación es más compleja: en La Guajira el 66,3 % de la población vive en condiciones de pobreza, en Chocó la cifra es de 64,6 % y en Norte de Santander del 56,3 %.

 

Otro informe publicado por el DANE en 2019, en el que indaga sobre la llamada “pobreza multidimensional”, muestra un rostro de este fenómeno todavía más alarmante y que sigue pasando desapercibido. Los departamentos con mayores porcentajes de personas en tal situación son: Vichada con 72,2 %, Guainía con 67,0 % y Vaupés con 66,5 %.

 

Así mismo, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentan en los municipios fronterizos deUribía (La Guajira) con 92,2 %, Cumaribo (Vichada) con 91,4 % y Alto Baudó (Chocó) con 90,6 %.

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) está conformado por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y la juventud; salud, trabajo y condiciones de la vivienda; y acceso a servicios públicos domiciliarios. A la vez, estas involucran 15 indicadores (por ejemplo escolaridad, acceso a servicios públicos, acceso a servicios de salud, materiales con los que se construyen las viviendas y desempleo). En esta metodología el DANE considera en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3 % de los indicadores.

 

El profesor Carlos Zárate Botía, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Amazonia, menciona que “históricamente las fronteras se han encontrado en condición de marginalidad, en una condición de periferia, pues están alejadas de centros políticos  y económicos. Son espacios donde las condiciones sociales, el desarrollo territorial y la institucionalidad son muy precarias”.

 

Precisamente hace pocos días, en entrevista con el diario El Tiempo, el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “aunque el Acuerdo Final de Paz es referente mundial, su implementación desigual está afectando la seguridad en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, todos departamentos fronterizos.

 

Dijo que se trata de zonas afectadas por el conflicto y que tienen en común problemáticas como la limitada presencia estatal, economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y pocas opciones de desarrollo.

 

“Es en estas zonas donde se requieren más esfuerzos, porque, de hecho, en 25 municipios de estos departamentos se concentra entre el 60  y 70 % de los homicidios de excombatientes y de líderes sociales”.

 

Urgen acciones de ordenamiento territorial

 

Según el profesor Zárate, “mientras no haya una apuesta decidida del Estado por implementar una ley orgánica de ordenamiento territorial, los problemas estructurales seguirán orbitando en las zonas fronterizas del país”.

 

Señala además que “en 1991 el país aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que 30 años después sigue sin desarrollarse plenamente. Por ejemplo, dicho vacío retrata la falta de desarrollo territorial de la frontera amazónica. En términos de políticas administrativas y políticas públicas territoriales significa que gran parte de las zonas de frontera de Amazonas, Guainía y Vaupés todavía no están constituidas como entidades territoriales modernas.

 

Alrededor del 90 % de los territorios de dichos departamentos están conformados por corregimientos, una figura que incluso fue declarada inconstitucional, que es considerada obsoleta, pero que todavía existe. Así mismo, se tienen entidades territoriales indígenas aprobadas en la misma Ley Orgánica de 1991, pero que tampoco se han desarrollado plenamente.

 

Al respecto, el profesor Zárate explica que “esto significa que el Estado no está presente, ya que no se han definido los mecanismos burocráticos y administrativos para que tengan vida propia, autosuficiencia, que puedan recaudar impuestos; tales factores determinan unas condiciones muy elevadas de procesos de ilegalidad e informalidad”.

 

Agrega que “el modelo económico neoliberal que impera en Colombia explica lo que sucede con este vacío en términos de políticas públicas territoriales, que en términos de presencia estatal significa debilitamiento de las entidades y de las instituciones, lo cual ha afectado enormemente al país”.

 

¿Cómo afecta la falta de políticas de ordenamiento la lucha contra la pobreza? Así lo explica el profesor Carlos Zárate de la UNAL Sede Amazonia.

Migrantes, de una pobreza a otra

 

Las estadísticas evidencian la compleja realidad que afrontan cada día miles de colombianos en las regiones fronterizas, y que en los años recientes se ha visto agravada no solo por los efectos de la pandemia sino también por el creciente fenómeno migratorio.

 

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2016 y 2020, cerca de 5,4 millones de venezolanos migrantes se encuentran refugiados fuera de su territorio, 4,6 millones de ellos en destinos dentro de América Latina, siendo los principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

 

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el 94,5 % de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir 3 de cada 4 ciudadanos de ese país afrontan esta situación.

 

Según el estudio, además de la llamada pobreza monetaria, existen limitaciones en diversas áreas que no solo se circunscriben al ingreso; es el caso de la falta de acceso a salud, servicios públicos, alimentación, movilidad y educación, entre otros.

 

Se estima que a 31 de enero de 2021 más de 1,7 millones de venezolanos vivían en Colombia, 759.584 de manera regular y 983.343 irregular. Con respecto a este último dato se espera que la situación mejore con la entrada en vigor del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que tiene como objeto regularizar a una parte de los venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano.

 

La precariedad es un factor común entre la población venezolana que habita en el país, especialmente en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali. De hecho, el último Índice de Calidad de Vida del DANE reveló que 44 de cada 100 personas que forman parte de un hogar en donde hay al menos un migrante venezolano viven en situación de pobreza multidimensional, es decir, tienen carencias en educación, salud, trabajo, vivienda y bienestar general, cifra muy por encima del colombiano (18,1 %). 

 

La profesora Stephanie López Villamil, investigadora del grupo Migraciones y Desplazamientos de la UNAL, destaca que el Estatuto permitirá que los venezolanos tengan acceso a los sistemas de salud y educación, al mercado laboral y al reconocimiento de sus derechos.

 

Sin embargo, recuerda que este solo incluye a los venezolanos que hayan entrado al país hasta el 31 de enero del presente año, es decir que aquellos que lo hayan hecho después de esta fecha se encuentran en un limbo.

Darién, embudo migratorio

 

Las drásticas medidas adoptadas en la Unión Europea para el control de la llamada migración ilegal ha convertido a los países suramericanos –entre ellos Colombia– en lugares de tránsito para africanos, cubanos, haitianos y asiáticos que, al no poder emigrar por vías legales, han encontrado en esta ruta continental la posibilidad de llegar a suelo estadounidense o canadiense.

 

Debido a que los controles aéreos son más estrictos, los migrantes acuden a rutas fluviales, marítimas y terrestres, aprovechando que las medidas son más laxas y las fronteras más porosas y difíciles de vigilar. Sin embargo, se exponen al asedio constante de redes de tráfico ilícito de migrantes, redes de narcotráfico y grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios.

 

Por ejemplo, desde 2018 los medios reportan con mayor frecuencia los casos de inmigrantes varados en Necoclí, uno de los 11 municipios que conforman la zona del Urabá, al norte de Colombia. A comienzos de octubre las autoridades locales registraron 22.000.

 

Las rutas de los migrantes en territorio colombiano se dirigen hacia este punto, puerta de entrada a la región del Darién –frontera con Panamá–, considerada como uno de los territorios infranqueables de América, y no precisamente por las medidas de control fronterizo. Su vegetación y gran cantidad de pantanos conforman un muro natural infranqueable.

 

La Oficina de Gestión del Riesgo de dicho municipio viene advirtiendo sobre la gravedad de la situación. En el municipio habitan unas 20.000 personas, pero con la llegada descontrolada de migrantes se está ejerciendo una gran presión sobre el sistema de salud, la recolección de basuras y el alcantarillado, entre otros.

 

Además, prácticamente el uso del peso colombiano ha pasado a segundo plano y la mayoría del comercio se está moviendo en dólares, lo cual estaría generando una especie de burbuja que puede afectar seriamente la economía y la dinámica social de la zona.

 

No se debe perder de vista que según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Antioquia para 2019, en este municipio la tasa de informalidad laboral alcanzó el 94,81 %; además, el porcentaje de personas en situación de pobreza supera el 50 %, mientras que el de personas en condición de indigencia llega al 13,6 %; y en relación con la seguridad alimentaria, solo el 13 % de los hogares logra garantizar su dieta, cerca del 30 % tiene un riesgo leve de no hacerlo, y el 29 % tiene riesgo severo.

 

De igual manera, el drástico incremento de migrantes también está afectando uno de los renglones con más proyección de su economía especialmente dentro de las estrategias de recuperación pospandemia: el turismo, pues impide que los visitantes lleguen a estos lugares al encontrarse superados por la presencia de migrantes. Una situación similar a la que afronta el municipio antioqueño también se está presentando en Capurganá (Chocó).

 

La profesora López indica que esta situación de municipios superados en su capacidad de atención no sucede solo en Necoclí o Capurganá sino también en ciudades como Pasto y Cali, que vienen reportando dificultades para atender el alto flujo migratorio.

 

“Colombia tiene un problema de recursos económicos para afrontar los flujos migratorios y no puede depender de la ayuda internacional para gestionarlos; es necesaria una política robusta, atención intersectorial y una articulación entre los países”, señala.

 

Precisa que “a nivel local la atención a los migrantes depende del plan de desarrollo de los alcaldes; por ejemplo Barranquilla es una de las pocas ciudades del país que cuenta con una política migratoria”.

 

Aunque la Política Integral de Migración –aprobada el pasado 4 de agosto pero pendiente de reglamentación– menciona una coordinación institucional a través de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración pero no incluye temas relacionados con la distribución de recursos para los municipios para gestionar las migraciones.

 

Consulta aquí nuestro especial: Pobreza en Colombia.

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