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Perú sin Congreso, directo a la deriva constitucional

En términos generales esto significa un quebrantamiento de las normas constitucionales, pero aquí la opinión pública juega un papel primordial, pues no ha interferido como se esperaba: no quiere defender a un Congreso corrupto que desde 2016 solo se había enfocado en los intereses propios y que hacía caso omiso a temas importantes y de impacto como el caso Odebrecht; la gente no está en las calles pidiendo la renuncia del presidente, y la lectura que podemos hacer es que, constitucional o no, esta medida tiene el aval del pueblo peruano.
 

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El punto culminante de esta decisión fue el voto de no confianza, que estaba ligado a una reforma propuesta por la parte opositora del Congreso para obtener la mayoría de jueces en el Tribunal Constitucional (que les permitía tener el control total). Sin embargo, el punto de partida se da en las elecciones de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski es elegido como presidente de Perú con una minoría de su partido en el Congreso, y se enfrenta a una mayoría opositora que cuenta con el apoyo del Partido Aprista, de Alberto Fujimori, y Fuerza Popular, de su hija Keiko Fujimori, actualmente presa por lavado de dinero. Desde el momento de su posesión hicieron una fuerte oposición que terminó con la destitución de Kuczynski a inicios de 2018, pero el enfrentamiento continuó hasta finales de ese año.
 

Desde 2016 el Congreso ha estado envuelto en escándalos de corrupción, pero el que más ha marcado y se ha quedado en la mente de los peruanos ha sido el de Odebrecht, que involucró no solo a políticos, empresarios y funcionarios del Gobierno, sino que tuvo relación directa con cuatro presidentes del Perú: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
 

Todos ellos fueron acusados y algunos judicializados por recibir sobornos para favorecer a esta empresa en la licitación de obras públicas y entregar dineros a campañas políticas presidenciales puntuales.
 

Esto llegó al punto de que, días antes de la disolución del Congreso, los políticos buscaran la forma de hacer esta reforma de jueces para quedar con la mayoría y evitar un escándalo mayor de señalamientos por parte del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que volverá a declarar y a señalar a más congresistas sobornados en el caso Lava Jato de esta empresa.
 

El Congreso provocó esta medida extrema del presidente, pues como la oposición era mayoría, allí no había forma de entablar diálogos reales.
 

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¿Fue constitucional esta medida?
 

La Constitución Política de 1993 le otorga al presidente el poder legal de cerrar el Congreso, solo si este le entrega un voto de no confianza. Sin embargo, en días pasados el mandatario les pidió a los congresistas un respaldo de voto y un grupo de políticos propuso entregarlo, pero con una serie de condiciones adicionales que no fueron aceptadas por Vizcarra. Esto fue tomado por el ejecutivo como un voto de no confianza, el segundo después del dado en 2017, cuando la oposición liderada por Keiko Fujimori le negara el voto al presidente del Consejo de Ministros, que terminó en la dimisión de todo el gabinete de ministros.
 

La disolución que fue firmada por el presidente Vizcarra el 30 de septiembre no fue acorde con la Constitución de 1993, que dice que para hacer esto se debe hacer una acusación que se presenta ante el Congreso, y esta debe ser sometida a debate, algo que no sucedió pues no hubo una acusación sino que se pasó de frente a destituirlo y declararlo vacante. Desde ahí no se cumplió con las normas de la Constitución peruana.
 

El hecho principal es que, hasta que asuma el nuevo Congreso, queda a cargo un órgano interino que no es de control sino de opinión sobre las medidas que tome el presidente desde el punto de vista legislativo. Así Vizcarra tiene la libertad de escuchar estas opiniones, o hacer caso omiso.

Lo que recuerda la crisis

A diferencia de lo que sucede en este momento, el 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso, hubo medios de prensa opositores, detenciones de políticos, dirigentes y personalidades que no eran políticos, como el presidente del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Ferrero Costa, quien fue hostilizado y detenido por personas que apoyaron el autogolpe.
 

El hecho de que un líder ejecutivo dé un golpe de Estado para mantener el poder es un autogolpe, y tiene como objetivo concentrar el poder.
 

En 1992 Fujimori no convocó elecciones generales, Vizcarra sí lo ha hecho, y tiene claro que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de presidente y es una medida que él ya había votado para que no se modificara.
 

Antes de tomar esa decisión, Vizcarra les planteó a los congresistas presentar un proyecto de ley para que no hubiera reelección de congresistas. Esta es otra de las razones por las cuales la oposición fujimorista quiere que otra persona esté en el poder.
 

En la práctica el Congreso ya dejó de funcionar, y, cumpliendo la Constitución, Vizcarra dejó en funcionamiento la Comisión Permanente, que son 8 congresistas que siguen trabajando allí dentro.
 

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Como lo dicta la ley, al ser desvinculados del Congreso, sus exfuncionarios ya no tienen prebendas como autos, choferes, guardaespaldas, pasaportes diplomáticos ni sueldos. Prueba de ello es que algunos congresistas han intentado salir del país con sus pasaportes políticos y les ha tocado usar el regular, como el de un ciudadano común.
 

En principio, la oposición y los medios internacionales han señalado que Perú puede llegar a una crisis como la de Venezuela; sin embargo en el país no se han tomado medidas similares a las aplicadas con Hugo Chávez en su momento, como cierres de los medios de prensa opositores, persecución y aprehensión de políticos y personajes de la oposición. Aunque algunos tienen permitido entrar al Congreso para participar de la Comisión Permanente, por el momento no se presenta esta situación.
 

El presidente Vizcarra ha decidido esperar a ver cómo avanza su medida y hace un llamado a la calma y a la conciencia de los peruanos para las elecciones en enero de 2020, que traerán a 130 congresistas para terminar el mandato hasta 2021.
 

Por ahora el cierre del Congreso ha tenido un apoyo popular, sea constitucional o no. La prueba de ello es que no existen manifestaciones de las personas en contra de la disolución del Congreso.

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