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Persiste la exclusión de los recicladores colombianos

A pesar de haber logrado más de siete fallos de la Corte Constitucional durante 20 años de reclamación de sus derechos, aún persiste la exclusión de muchos de los 51.000 recicladores colombianos de las políticas públicas sobre el manejo de residuos en el país. Esa fue una de las situaciones detectadas en un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UN) sobre su situación.

La investigación realizada por Federico Parra, doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (UN), titulada “De la dominación a la inclusión: la población recicladora organizada como sujeto político”, analiza la política pública de manejo de residuos nacional y distrital de 1991 a 2011.

En su trabajo, el investigador recuerda que la Corte Constitucional reconoció a los recicladores como “sujetos de protección especial del Estado”, en cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y el Auto 268 de 2010, lo que significa darles tratamiento especial diferenciado por su condición de vulnerabilidad. Sin embargo, manifiesta que “en el oriente antioqueño, así como en otros municipios de Colombia, las organizaciones de recicladores están perdiendo su reciclaje en manos de las empresas privadas que quieren la tarifa por el componente de aprovechamiento del servicio de aseo, concebido por la Corte para aplicar políticas que le favorecieran a la población recicladora por ser discriminada históricamente”.

Los recicladores reciben dos tipos de pago: uno por la venta a intermediarios del material que recuperan. Esta es la labor en la que tradicionalmente se les ve en la calle, de donde recuperan bolsas de basura de las cuales seleccionan cartón, papeles, plásticos, metales y vidrio desechados que, gracias a su trabajo, se reintroducen en la cadena de valor del reciclaje. Más adelante los intermediarios lo venden, a su vez, a la industria para su reutilización.

El segundo pago corresponde al reconocimiento de sus derechos, obtenido como resultado de sus 20 años de lucha, y por el cual, legalmente sus organizaciones son remuneradas como prestadoras del servicio de aprovechamiento de residuos.

Este pago fue materializado en 2015 con la resolución 720 de 2015 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se trata de un ingreso complementario para el reciclador en los casos que pertenece a una organización reconocida como prestadora de ese servicio y se financia con la tarifa que pagan los ciudadanos por el servicio de aseo, en el que se debe reflejar el de reciclaje.

Aunque el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio trazó una ruta gradual para que las organizaciones de recicladores ganaran capacidades para prestar el servicio, esta no refleja la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La mayoría de las alcaldías de los 1.122 municipios registrados en el DANE no están cumpliendo con este aspecto y sus planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS) no incluyen las acciones afirmativas en favor de los recicladores. Tampoco les brindan acompañamiento para que se organicen y cualifiquen la operación, lo que reduce su posibilidad de ser remunerados por el servicio que prestan.

En algunos casos, incluso, las mismas alcaldías marginan aún más a los recicladores. Por ejemplo, en los municipios de Rionegro y El Santuario las organizaciones de recicladores Planeta Verde y Tierra Color, respectivamente, están en riesgo de ser expulsadas de los centros de acopio que utilizaban con la autorización de administraciones anteriores, sin que tengan alternativas reales.

En otros municipios, empresas privadas amparadas equívocamente en el principio de “libre competencia” para la prestación de los servicios públicos están recolectando los residuos reciclables que deberían recuperar los recicladores, lo cual afecta su acceso a dichos residuos. En ocasiones esto ocurre con la permisividad de las alcaldías, pese a que estas son las responsables de generar estas garantías, según el mandato de la Corte. Como dice un líder reciclador, “el reciclaje es al reciclador como la tierra es al campesino”.

Tanto el reconocimiento del trabajo de esta población como el impulso del reciclaje son muy importantes en un país como Colombia, donde, según el Ministerio de Medio Ambiente, en 2017 solo se reciclaba el 17 % de los 12 millones de toneladas de basura que se producían al año. Ese mismo año en Bogotá se generaron alrededor de 7.500 toneladas al día y solo se recicla entre el 14 y el 15 %, una cantidad inferior al promedio nacional.

La investigación además identifica las narrativas hegemónicas sobre el problema de los residuos y sus soluciones, ligadas al servicio público de aseo. Muestra cómo, por medio de la defensa de sus derechos, los recicladores cuentan hoy con una reorientación en la forma de manejar sus residuos y pasan de un esquema basado en recolección, transporte y enterramiento controlado de basuras, a otro nuevo en el que se prioriza el aprovechamiento de residuos y la integración de la población recicladora. Esto hace a Colombia un país pionero en la materia.

Bajo la dirección del doctor André Noel Roth, el trabajo del investigador reconoce los logros en materia de política pública en Colombia, e indica que “aunque la población recicladora organizada ha tenido triunfos en los derechos, aún falta compromiso de las alcaldías municipales para lograr que estos se reflejen en las garantías necesarias para su reconocimiento y remuneración, como parte del sistema de gestión integrado de residuos de las ciudades”.

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