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Persiste la brecha entre infraestructura y equidad

En Colombia uno de los principales retos que se ha mantenido en el tiempo es la superación de brechas socioeconómicas. Estas se han visto profundizadas, en parte, por aspectos relacionados con la falta de oportunidades en todo el territorio nacional, en donde el conflicto armado ha tenido fuertes repercusiones al obstaculizar variadas vías de desarrollo. Por ende, la consolidación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC se debe potenciar como una gran oportunidad de estímulo al desarrollo económico y productivo nacional.

Según estas premisas, a finales de 2017 se presentó un estudio para Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol) acerca del impacto que tenía el posacuerdo en dos factores trascendentales hacia la consolidación de la superación de brechas en el país: la infraestructura y la equidad, criterios que tienen una fuerte incidencia sobre el bienestar poblacional, con especial énfasis en las zonas que más sufrieron por años los rigores del conflicto armado.

En la última década, la inversión en infraestructura en Colombia solo correspondió, en promedio, al 3,2 % del PIB, monto muy por debajo del 6 % del PIB recomendado por entidades multilaterales –como el Banco Mundial– para afrontar los rezagos en este sector.

En el estudio, el Acuerdo Final de Paz se evaluó como una fuente potencial de progreso en las regiones para lograr una mayor cohesión social. Con o sin este, las necesidades de inversión y de proyectos útiles en infraestructura son una realidad y persisten. Mientras en Latinoamérica se viene observando una tendencia de inversión en el mejoramiento de infraestructura de transporte, construcción de viviendas y distribución de servicios como la energía y el agua potable, en Colombia el posacuerdo se constituye en una oportunidad para que el país se involucre en esta importante tendencia, puesto que una disminución del conflicto armado representa un mayor acceso a las regiones.

En la última década, la inversión en infraestructura en Colombia solo correspondió, en promedio, al 3,2 % del PIB, monto muy por debajo del 6 % del PIB recomendado por entidades multilaterales –como el Banco Mundial– para afrontar los rezagos en este sector. Dentro de estos se cuentan como determinantes los problemas que se mantienen en salud, medioambiente e infraestructura básica, debido al aumento en costos de electricidad y a la deficiencia en el abastecimiento de energía que se proyecta a futuro.

Por desgracia la política pública no ha sido lo suficientemente robusta para consolidar el eje de la infraestructura como un dinamizador transversal dentro del desarrollo nacional a gran escala, y por ende lograr impactos sociales relevantes sobre el desarrollo y la equidad.

Agro, vías y servicios públicos

No obstante, en el país han sido varios los gobiernos que han entablado esfuerzos para potencializar la infraestructura en todo el territorio, con el objetivo de estimular ciertos sectores. Según estimaciones de Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado en las obras civiles se impulsa la producción nacional en 1,4 pesos al utilizar la infraestructura como eje transversal.

Lograr una infraestructura que mejore los sobrecostos de transporte, laborales y energéticos se vuelve trascendental para procurar el progreso, sobre todo en el ámbito rural.

En el estudio se analizaron con mayor profundidad cuatro sectores que tienen una fuerte relación con la equidad y otros indicadores sociales y económicos. En primer lugar se partió del desarrollo del agro, por ser uno de los sectores económicos representativos de la Nación y del desarrollo industrial del país.

Lograr una infraestructura que mejore los sobrecostos de transporte, laborales y energéticos se vuelve trascendental para procurar el progreso, sobre todo en el ámbito rural. En este apartado, la inversión en vías terciarias, el acceso al uso productivo de la tierra y la innovación fueron los factores considerados como más relevantes.

En el segundo apartado se consideró el desarrollo vial del país exaltando los avances de las vías de cuarta generación, es decir las famosas concesiones 4G. Esto ha supuesto un enorme avance en cuanto a la conectividad territorial –que impacta fuertemente la reducción de los costos logísticos– y a la facilidad de las actividades comerciales de los pequeños y medianos campesinos; sin embargo ello se debe complementar con inversiones en vías secundarias y terciarias –las que comunican a las regiones más apartadas y a las zonas agrarias– y con la ampliación de infraestructura vital como la educativa y la hospitalaria.

En tercer lugar, la distribución de los servicios públicos se enfocó en aquellos más relevantes porque garantizan un mínimo de calidad de vida, es decir la energía eléctrica, el agua potable, el saneamiento y el gas. Cada uno de ellos tiene un fuerte impacto en criterios educativos, laborales y de salubridad de la ciudadanía. Y aunque se ha visto una tendencia al aumento en la cobertura de cada uno de ellos, aún se requiere afrontar diversos retos regionales para lograr un acceso a la población marginada por medio de la estimulación de la oferta.

Finalmente, en el desempeño logístico se refirió a toda la infraestructura portuaria, las construcciones (especialmente las residenciales) y el transporte multimodal, que tiene una fuerte incidencia en el desarrollo comercial y su contribución a la generación de empleo. Sin embargo los avances en este sentido se han concentrado en las urbes más importantes del país, pero es en las zonas marginadas –como las golpeadas por el conflicto armado– donde se requiere una mayor presencia estatal para crear mejores modelos de transporte, vías adaptadas para facilitar la conexión con puertos y aeropuertos, y viviendas de calidad para la población.

Articulación efectiva

Ahora bien, ¿cuál es el verdadero impacto social que tiene cada uno de los sectores analizados? Aquí los resultados no son homogéneos. Se tendrán efectos positivos en aspectos relacionados con más y mejores empleos, reducción de los índices de pobreza y de violencia, mayor seguridad ciudadana, menores tasas de analfabetismo y más servicios de salud, entre otros. Todos estos son resultados procedentes del estudio.

De los resultados del estudio se desprende que la superación de brechas viene de la mano de una mejor inversión en una infraestructura integral que garantice una óptima calidad de vida en todo ámbito.

Lo importante es reconocer las oportunidades que vienen desde la firma del Acuerdo Final de Paz que, sin lugar a dudas, ha generado una gran polarización y ha dificultado una mejor gobernabilidad.

Pese a los esfuerzos, la confianza aún no mejora y sus resultados se vuelven abstractos para la sociedad. Por ello, de los resultados del estudio se desprende que la superación de brechas viene de la mano de una mejor inversión en una infraestructura integral que garantice una óptima calidad de vida en todo ámbito, y con el aprovechamiento de las oportunidades que se consolidan según el marco del posacuerdo, cuya financiación de estima en más de 4.000 millones de dólares.

Pero para lograr una transformación social y económica profunda, teniendo en cuenta esta etapa posterior al acuerdo de paz, es necesario articular efectivamente el sector público con el privado; lograr una adecuada coordinación institucional; propender por una visión territorial de desarrollo, y evaluar la eficiencia y la pertinencia de la inversión. De esta forma, la infraestructura sería el puente hacia la equidad y la sostenibilidad de Colombia.

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