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Pedagogía del terror en asesinato de líderes sociales, las mala enseñanzas de una débil democracia

Los líderes sociales se caracterizan por dinamizar la organización comunitaria; su legitimidad radica en el reconocimiento recibido de un determinado grupo –bien sea por su saber o su carisma– para hacerse responsable de llevar a buen puerto sus objetivos comunes. 

 

En ese sentido juegan un papel vital para la democracia, pues encarnan procesos comunitarios de toma de responsabilidad política, promueven la participación y resignifican los territorios en pro de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Por su parte los defensores de derechos humanos fungen como garantes de la vida digna; desde el marco de los derechos humanos están prestos a denunciar circunstancias o actos que vulneren a diversas poblaciones o sujetos. 

 

El altísimo riesgo que corren en el país tanto los líderes sociales como los defensores de derechos humanos –en lo que podemos calificar como un intento de exterminio– debe invitarnos a reflexionar acerca del limitado alcance de nuestra democracia y también sobre la lógica que subyace a esta práctica genocida a la que parecemos acostumbrarnos. 

 

El asesinato sistemático de estos actores es un fenómeno cuya intensidad ha presentado un marcado repunte en los años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC. 

 

Entre 2016 y finales de 2021, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó más de 450 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el mismo periodo, la Defensoría del Pueblo calculó cerca de 898 casos, mientras Indepaz registró1.327 asesinatos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 17 de marzo de 2022. 

 

Pese a las enormes diferencias en las cifras, incluso aquellas que presentan escenarios menos pesimistas evidencian un panorama de violencia alarmante ante el proceso de construcción de paz en Colombia, un proceso que se ha visto tremendamente limitado por la falta de voluntad política del Gobierno nacional para implementarlo. 

 

Democracia de baja intensidad

 

Uno de los ejes articuladores del Acuerdo de Paz era restituir los derechos políticos de las comunidades directa o indirectamente afectadas por el conflicto, además de integrar las regiones históricamente abandonadas por el Estado, un proceso de democratización de la mal llamada “Colombia profunda”. 

 

Siguiendo al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, se podría hablar de una “democracia de baja intensidad” cuyas opciones son limitadas y la violencia política se vuelve protagonista, siendo la eliminación del otro –en tanto diferente o disidente a la hegemonía– su expresión más radical, fenómeno acentuado por el olvido de las regiones antes mencionadas. 

Es importante señalar que en la historia de Colombia se han presentado asesinatos y exterminios que responden a una lógica política, siendo el genocidio de la Unión Patriótica uno de los casos más sonados. 

 

Ahora bien, mientras estas muertes aspiraban a negar la participación de ciertos sectores en la política electoral o evitar la alternancia en el poder entre los dos grandes bloques del modelo bipartidista, la práctica actual es menos mediática y mucho más pragmática, la agenda consiste en blindar proyectos que hacen entrar en conflicto a las elites regionales o a los grupos ilegales con las comunidades. 

 

La mayoría de las veces, el objeto en disputa del conflicto está relacionado con la explotación o el uso de determinados recursos naturales, y justamente la patencia de estas problemáticas es lo que propicia la organización comunitaria que los líderes sociales se encargan de dirigir y potenciar, y que los defensores de derechos humanos buscan proteger ante los escenarios de vulnerabilidad que se acentúan con estos conflictos. 

 

Así, el asesinato de estos actores busca darles un golpe estratégico a las organizaciones declaradas en resistencia, para de esa manera continuar con los proyectos a los que estas se oponen, además de acabar con las apuestas alternativas que surgen desde y para esos mismos territorios por parte de las comunidades. 

 

El asesinato entonces sirve como instrumento, funciona como un acto que busca facilitar y provocar otras acciones o inacciones, es una muestra de poder que da cuenta de la ausencia de las instituciones del Estado en las regiones. 

 

Con la impunidad garantizada, los poderes locales instauran una pedagogía del terror, en la que se enseña el miedo a la libertad y el lugar del liderazgo queda vacío, así como está vaciada la democracia, lo que termina por convertir a los individuos en objetos desprovistos de cualquier posibilidad real de autonomía, sin ninguna elección posible y desterritorializados. 

 

Las empresas de la muerte, apoyadas por pequeños grupos de mercenarios conocidos popularmente como sicarios, acaban con los defensores de derechos humanos para que no haya quien denuncie. El silencio marca que en algunas regiones del país no hay Dios ni ley, solo frías economías y contabilidad de muertos. 

 

Mejorar participación

 

Ahora bien, si se dice que el objetivo principal del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos es el de acabar con las iniciativas que estos articulan y defienden, puesto que se oponen a los proyectos agenciados por el poder local, entonces dar una visibilidad incidente a dichas iniciativas haría fracasar la estrategia de instrumentalización de la muerte. 

 

Podríamos afirmar que si la eliminación de la resistencia implica la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos –debido a la toma de conciencia de las autoridades acerca de sus métodos para lograrlo–, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos perdería toda utilidad práctica.

 

En consecuencia, una visibilidad crítica e incidente en los procesos de toma de decisión les permitiría a las comunidades recuperar la esperanza, superar el silencio y volver a pensar la vida, dejando de lado el temor que suele llevar consigo el ejercicio de la participación política, como motivo de amenaza. 

 

De esta manera, las comunidades dejarán de ser los objetos de las empresas de la muerte para convertirse en sujetos históricos con la posibilidad de restituir su dignidad por la vía de la democracia.

 

En definitiva, una democracia de alta intensidad sería entonces aquella que promueva la participación de lo minoritario, de lo diferente, de aquello que no está amparado por grandes capitales y que tiene una capacidad transformadora siempre renovada; este tipo de democracia es la política de la vida, la construcción de una verdadera paz. 

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