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Participar en las elecciones: compromiso ético como ciudadanos

El Código Penal de Colombia sanciona con pena de prisión y multa 16 conductas previstas como delitos electorales. La mayoría de las prohibiciones están orientadas al ciudadano, y algunas imponen penas más altas cuando las ejecuta un servidor público.

El 27 de octubre los colombianos ejerceremos el derecho al voto para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, cargos que se asumirán a partir del 1 de enero de 2020 y hasta 2023.

Las elecciones son, en primer lugar, la oportunidad de decidir sobre el contenido programático que los candidatos presentan en su aspiración, y otorgar nuestra confianza para su ejecución. En segundo lugar, son la ocasión que tiene el electorado de ejercer un “castigo o sanción” a los políticos y a los partidos que han incurrido en actos de corrupción, de violencia, o que han defraudado en el pasado su programa de gobierno, es decir que han traicionado nuestra confianza al ejercer el cargo y tomado decisiones en beneficio propio o de terceros y no en cumplimiento del mandato otorgado en las urnas por sus votantes.

A pesar de la importancia de las elecciones y la transparencia que debe guiar dicho proceso, no es extraño encontrar que en esta fecha se realicen conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana y que a la postre van a repercutir en el ejercicio del poder de quien obtiene el cargo de manera fraudulenta, pues, como decía el senador y profesor Carlos Gaviria Díaz, “el que paga para llegar, llega para robar”, dado que en esos casos el cargo es visto como un botín y el ejercicio de poder como una mercancía, de manera que el político deja a un lado el interés público y ejerce el poder como comerciante, con fines de lucro personal, para sus amigos o familiares en detrimento del interés público, de la sociedad.

Los ciudadanos debemos estar alerta para no incurrir en conductas que atenten contra el proceso electoral el día de la votación, y prestos a denunciar cuando observamos que alguien más las comete.

Algunas de las conductas están orientadas a los representantes de los partidos, administradores o candidatos, y aunque ya se hayan cometido, otras están orientadas a garantizar la jornada de votación propiamente. Algunas de las conductas sancionadas con pena de prisión son:

  • Perturbación de certamen democrático: definida como la realización de maniobras engañosas para perturbar o impedir la votación o el escrutinio de la jornada electoral y que da una pena de prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 smlmv y de 6 a 12 años cuando la conducta tiene violencia.
  • Constreñimiento al sufragante: incluye amenazar o presionar, por cualquier medio, a un votante para que apoye o vote por determinado candidato, o por determinada lista de candidatos o incluso por el voto en blanco. Da prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 smlmv o de 6 a 18 cuando la realiza un servidor público.
  • Fraude al sufragante: realizar maniobra engañosa para obtener el voto por determinado candidato, partido, corriente política o incluso por el voto en blanco. Da prisión de 4 a 8 años, y multa de 50 a 200 smlmv, la pena es más alta cuando se trata de un servidor público.
  • Elección ilícita de candidatos: ser elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal otorga prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 800 smmlv.
  • Corrupción al sufragante: cuando se celebra un contrato, se condiciona a la medida y se ofrece pagar una dádiva o beneficio particular para intervenir en el voto se puede pagar prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 smlmv.
  • Voto fraudulento: suplantar a un votante, o votar más de una vez, o votar sin derecho a ello representa prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 smlmv.
  • Favorecimiento al voto fraudulento: permitir, por el servidor público, que se suplante a un sufragante, o que se vote más de una vez o que se vote sin derecho a hacerlo, prisión de 4 a 9 años, multa de 50 a 200 smlmv e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.
  • Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección: no entregar oportunamente a la autoridad competente, por el servidor público, los documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, puede representar una pena de 4 a 9 años de prisión, multa de 50 a 200 smlmv, e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
  • Alteración de resultados electorales: la pena es de 4 a 8 años con multa de 50 a 200 smlmv.
  • Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula: desaparecer, poseer o retener la cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al voto otorga prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor y multa de 50 a 200 smlmv.
  • Fraude a inscripción de cédulas: es una de las más comunes y otorga prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 smlmv.
  • Tráfico de votos: influir de alguna forma para que se consigne un voto a favor de determinado candidato representa prisión de 4 a 9 años y multa de 400 a 1.200 smlmv.
  • Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: que el gerente de la campaña la financie con dineros ilegales da prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 smlmv e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

Por último, es importante recordarles a los ciudadanos y a la comunidad académica que si fueron seleccionados como jurados de votación, es una obligación cumplir con este deber, pues la inasistencia sin justificación válida puede implicar sanciones económicas para los particulares como estudiantes y contratistas, y hasta la destitución del cargo para los servidores públicos.

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