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Panorama de la deuda pública para 2018 tiende a ser optimista

En el contexto latinoamericano, la deuda pública de Colombia revela niveles sostenibles. Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) –revisados en octubre de 2017– este país cerró 2016 con una ratio (relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación de rentabilidad o nivel de inversiones) de endeudamiento del 50,2 % del total de bienes y servicios producidos en el país o producto interno bruto (PIB). Para 2017, el organismo internacional previó una deuda pública del 48,5 % sobre el PIB y un pasivo global de 446.943 millones de pesos, 9.067 pesos por habitante.

A pesar de la mejora porcentual, Standard and Poor’s bajó el año pasado la calificación crediticia de Colombia a BBB- (“estable con perspectiva negativa”) en tanto que Moody’s y Fitch han mantenido la calificación anterior (Baa2 y BBB, respectivamente).

La desaceleración económica, la gestión del posconflicto con las Farc, la continuidad del ELN, la desviación de los objetivos de déficit y los constantes cambios introducidos en el sistema tributario han provocado un leve empeoramiento de las opiniones prospectivas sobre la deuda colombiana.

La situación para 2018 y años posteriores tiende a ser más optimista. El FMI le otorga a Colombia un crecimiento de un 2,8 % para este año, un punto más respecto a 2017. La esperada consolidación fiscal, consecuencia de la última reforma tributaria, el alza del precio del petróleo y la mejora de la demanda externa –que aumenta los ingresos por otras exportaciones– motivarían estas perspectivas.

Se espera, sin embargo, que la deuda pública permanezca en los niveles de 2017. Los retos pendientes de la economía colombiana, como diversificar la producción, consolidar la inversión del exterior y aumentar la productividad serán decisivos para alcanzar el 43,5 % de deuda pública sobre el PIB que el FMI pronostica para 2021.

Este marco responde en su conjunto a un escenario razonable de endeudamiento que, indudablemente, permitirá conciliar las necesidades actuales de los ciudadanos sin limitar los anhelos futuros de la sociedad colombiana.

El panorama en la región

América Latina presenta menores ratios de endeudamiento que la mayoría de países de la Unión Europea o Estados Unidos, que cerró 2016 con un 107,4 % de deuda pública sobre el PIB y un pasivo de 62 billones de dólares, el más alto del mundo.

Los datos más llamativos los ofrecen Brasil, con una ratio de 78,3 % y una cantidad total superior al billón de dólares al finalizar 2016, y Chile, que a pesar de tener cifras muy sostenibles (21,2 % de deuda pública sobre el PIB), presenta el mayor aumento de esta ratio en el último lustro (330 %).

Termómetro de la responsabilidad de los gobernantes

El nivel de endeudamiento no es bueno ni malo. Simplemente debe cuidarse y es un termómetro de la responsabilidad de aquellos gobernantes que tienen la capacidad de asumirla como representantes de la sociedad.

La deuda pública es un indicador de la confianza que una economía tiene en sus posibilidades, de la valoración que los fiadores hacen de un país, y de las garantías para su pago. Si es elevada, supone una debilidad estructural latente, que debe obligar a revisar las políticas presupuestarias con el fin de disminuir su riesgo potencial y reforzar su sostenibilidad y la confianza de los inversores. Constituye, pues, un indicador de referencia para saber el grado de libertad de una economía y una muestra de solidaridad intergeneracional.

Por eso es importante valorar la responsabilidad de posicionar la economía colombiana en esta situación. Al mismo tiempo es necesario mantener una deuda pública sostenible, solvente y que ofrezca las debidas garantías dentro de un mundo cada vez más globalizado e interconectado para que los colombianos sigan siendo dueños de su destino en el ámbito financiero.

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