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Otro golpe a los recursos de las universidades públicas

Descargar la responsabilidad del Estado de financiar la educación superior pública en los deudores del Icetex es el trasfondo del proyecto de ley 174 de 2017, presentado por el Ministerio de Educación con el aval del Ministerio de Hacienda. La iniciativa, aprobada por el Congreso el pasado 12 de abril, está a punto de pasar a sanción presidencial.

El proyecto aliviana en el corto plazo la carga de los nuevos deudores del Icetex, con medidas como pagar el crédito cuando comiencen a trabajar y en porcentajes proporcionales a sus ingresos. Sin embargo abre la posibilidad de que este nuevo sistema de endeudamiento se financie con los mismos recursos que el Presupuesto General de la Nación destina hoy a la educación superior pública y al Icetex.

En su objeto específico, la iniciativa establece que los recursos del IVA que la reforma tributaria de 2016 destinó a las universidades públicas y a créditos del Icetex, ahora también podrán financiar al Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (Fosies), que administrará los recursos del nuevo sistema.

Cuando la reforma tributaria incrementó el IVA del 16 % al 19 %, una mitad de esos tres puntos adicionales se destinó a salud y la otra a educación, lo que en la práctica corresponde a 1,3 billones de pesos para cada sector. El medio punto asignado para educación se distribuyó así:

  • 40 % para educación superior, cerca de 520 mil millones de pesos.
  • 60 % para educación preescolar, media y básica.

El artículo 369 de la reforma tributaria determinó que el 40 % de ese medio punto del IVA también se podía destinar para financiar programas de becas y créditos educativos otorgados por el Icetex, como Ser Pilo Paga. Sin embargo, según Gerardo Mejía, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UN), en 2017 de esos 520 mil millones de pesos, las universidades públicas solo recibieron 160 mil millones. Los restantes 360 mil millones se destinaron al mencionado programa que se desarrolla en gran medida en universidades privadas de alto costo.

Para el profesor Leopoldo Múnera, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN, de esta manera se abre la posibilidad de que el Fosies se alimente de recursos que eran destinados a universidades públicas, con lo cual se reafirma la política de necesario endeudamiento para acceder a programas de educación superior en Colombia.

De deuda bancaria a deuda tributaria

Otra de las preocupaciones generadas por el proyecto de ley son los artículos 16 –que determina la tarifa del crédito en función de la base gravable de los ingresos del deudor– y 30, que asocia el procedimiento de cobro de esta tarifa con el Estatuto Tributario.

Para Múnera la ley transforma el crédito educativo en una carga tributaria. Por tanto, aunque el nuevo sistema evita generar intereses de mora, reportes en las centrales de riesgo y exime a los solicitantes de presentar codeudor en algunos préstamos del Icetex, también los obliga a pagar hasta el último peso de la deuda, incluidos costos administrativos, de operación, comisiones fiduciarias y gastos de financiamiento actualizados cada año según la inflación.

Los créditos otorgados antes de la entrada en vigencia del proyecto no se podrán cambiar al nuevo sistema de financiación, lo que significa que los 406.000 deudores actuales no podrán acceder a esta modalidad.

Además se crea un mecanismo tributario para acabar con la deserción, como si esta solo dependiera de las universidades. Según un informe del propio Ministerio de Educación, a 2018 la deserción obedece en mayor medida a problemas familiares, poco tiempo para estudiar y manejo de estrés. No obstante, el proyecto castiga el presupuesto que el Gobierno le gira por este sistema a las universidades, incluidas las públicas, de tal manera que si presentan una deserción muy baja les aplica el 1 % de la tarifa, y si es muy alta hasta un 3,5 %.

Lo paradójico es que estos dineros van a una bolsa común que financiará los programas de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, por lo que sería un nuevo mecanismo de privatización de recursos estatales.

Según el profesor Mejía, se estima que un profesional recién egresado devenga en promedio un millón y medio de pesos, de los cuales, con este modelo, le descontarán el 10 % para aportes a seguridad social y el 15 % para el pago de la deuda.

Después de estos descuentos, en total le queda un ingreso de 1.100.000 pesos, con el que el beneficiario –que pertenece a alguna población vulnerable como minoría étnica, actor del posconflicto o madre cabeza de familia, entre otros–, deberá solventar alimentación, vivienda, vestuario, transporte y, en muchos casos, sostener una familia. Con estas cuentas ¿cuándo terminará de pagar el crédito?

Es por esto que, según Mejía, “los jóvenes no deberían endeudarse para poder ingresar a la universidad” porque resulta más útil para la sociedad financiar su educación a que ellos se endeuden para pagar sus estudios. Un profesional tiene mayor ingreso y, por tanto, paga más impuestos directos e indirectos, con lo cual retribuye los dineros públicos que el Estado haya invertido en su formación profesional. Por ejemplo, si al graduado le va bien, compra una casa e inmediatamente paga el impuesto predial; si compra un carro, paga el impuesto de vehículos; y todos los días paga el IVA con cualquier compra que haga.

Lo mismo ocurrió con el CREE

Cabe recordar lo ocurrido con el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que aumentaba este gravamen del 25 % al 34 %. De esos nueve puntos adicionales, el 0,4 % se destinó inicialmente para educación superior pública. Después, el Plan Nacional de Desarrollo 2016 aumentó este porcentaje a 0,6 % pero dividió los recursos para financiar tanto la educación superior pública como los créditos del Icetex, entidad que además financia el programa Ser Pilo Paga. Ese año, estos recursos alcanzaron los 600 mil millones de pesos que se destinaron, en su mayoría, para financiar este programa.

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