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Otra vez la constituyente: ¿tabla de salvación o salto al vacío?

Ante el desespero que genera el fallo constante de las instituciones del Estado, se piensa siempre en una solución rápida: una constituyente, la fórmula mágica que solucionará el caos que genera el clientelismo, el desorden administrativo y la incapacidad de controlar la moralidad pública de la sociedad.

Tales situaciones están en manos de un electorado y una opinión pública que delega asuntos tan importantes, y en su descuido incluso entrega irreflexivamente el control para modificar el instrumento constitucional que sirve de mapa para que una sociedad mantenga sus garantías y derechos.

En 1991 los colombianos apostaron por una constituyente como la salvación, olvidando que la Constituyente de 1990 que le dio vía apeló a un mecanismo no contemplado por el orden constitucional. Omitieron que la actual Carta Magna es quizás la única en el mundo con fe de erratas al momento de su primera publicación; que Pablo Escobar fue constituyente indirecto, al imponer en el artículo 35 la no extradición de colombianos; y que niega a los hijos de extranjeros no residenciados en Colombia el acceso directo a la ciudadanía del suelo que los vio nacer. Aun así existe el mito urbano de que es garantista y moderna. Nada es perfecto.

Las nuevas constituciones latinoamericanas

La Constitución de 1991 forma parte de una serie de nuevas constituciones latinoamericanas que a partir de 1988, con la nueva Constitución de Brasil, ampliaron el alcance del Estado de derecho formal, hacia los postulados del Estado social y participativo, actualizando el orden estatal mediante la redefinición de las reglas de la democracia, bajo la égida de los derechos humanos.

Colombia debe plantear una constituyente que sea el resultado de un gran pacto social y no la imposición o el ajuste de unos sobre otros; para que ello se logre se deben mantener intactas las garantías del Estado social de derecho y la acción de tutela como mecanismo implementador de estas.

Con la acción de tutela, por ejemplo, la Carta Magna colombiana acercó la justicia al ciudadano que requiere de un derecho fundamental, aunque en la ley no existiera un procedimiento que lo protegiera o que actuara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo la evolución formal no es suficiente. La realidad colombiana y la de vecinos como Venezuela, que tienen constituciones más jóvenes, muestran que por sí misma estas no solucionan los problemas si los textos constitucionales no reflejan un cambio estructural tanto en lo formal como en la mente de quienes lo aplican.

De pactos sociales a textos de alinderamiento ideológico

Los textos constitucionales garantizan y limitan el funcionamiento del Estado de derecho, en el cual nadie puede estar por encima del sistema legal y constitucional, donde los ciudadanos ejercen sus derechos y libertades gracias a que imponen límites al ejercicio de la ambición humana que se desata cuando un grupo pasa de opositor a controlar el poder como gobierno.

Con la llegada del Estado social de derecho a las nuevas constituciones latinoamericanas, algunos partidos políticos interpretaron la Constitución no como una conquista social sino como la oportunidad para centralizar las necesidades del electorado. La clase política intenta convertir los derechos sociales en monedas de cambio. Los líderes del continente lamentan que “sus conquistas” de ascenso de la clase media no generan clientelas fieles, al peor estilo de los siglos anteriores es ese el populismo actual que se manifiesta en los partidos tanto de derecha como de izquierda.

Si a la relación populismo-constitucionalismo se le suma la tensión que generan partidos políticos dependientes de liderazgos carismáticos polarizantes, en medio de partidos políticos aislados y atomizados, la construcción de lo colectivo se diluye. La intención de transformar súbitamente la Constitución se convierte en una amenaza. El modelo de toma del poder sin límites, mediante cambios constitucionales impredecibles, puede ser planteado tanto por líderes de derecha como Jair Bolsonaro (recién elegido presidente en Brasil), como por los líderes de izquierda Nicolás Maduro y Daniel Ortega, por ejemplo.

El clientelismo ha generado una serie de frustraciones en medio de la lenta evolución de los derechos sociales y culturales, aprovechados para consolidar vía constituyente mecanismos de reelección indefinida, trayendo concentración de poder, corrupción y, lo más grave, desapareciendo pesos y contrapesos en los poderes públicos. Esta situación aumenta la desconfianza del ciudadano con la justicia y la probidad de los funcionarios públicos y abre boquetes para declarar el “cambio súbito” de las instituciones fallidas.

El alinderamiento ideológico generado en ambientes de polarización, sobre un modelo excluyente de Constitución, tiene el riesgo de convertir ese cheque en blanco en un texto que puede ser llenado por cualquiera. Las sociedades no pueden depender de la suerte que impongan las voluntades, sino de la seguridad que les brinden las instituciones previamente concertadas.

Cambios constitucionales son productos de consensos sociales

Los textos constitucionales deben ser producto de pactos sociales generados en la diversidad étnica, religiosa e ideológica, en los cuales se acuerdan unos puntos comunes de convivencia. Apelar a la Constitución como instrumento de conquista o consolidación de un régimen, como ocurre en Latinoamérica, nos traslada a los escenarios de vencedores y vencidos propios de las contiendas políticas e incluso de los conflictos armados, pero absolutamente impropios de la construcción tanto de una convivencia pacífica como de un futuro común, fin último de todo Estado organizado.

Con la llegada del Estado social de derecho a las nuevas constituciones latinoamericanas, algunos partidos políticos interpretaron la Constitución no como una conquista social sino como la oportunidad de centralizar las necesidades del electorado.

En el siglo XXI las dictaduras se han transformado en Estados de superficie o icebergs, en los que los neodictadores muestran una punta inofensiva o un mero Estado formal, que oculta una gran estructura totalitaria sumergida en los medios de comunicación; que opera con toda la brutalidad y exclusión tras bambalinas a través de sistemas electorales amañados eternizándolos en el poder con un discurso excluyente y discriminador a los opositores y el respeto selectivo de las libertades.

Amurallamiento ideológico y aquí no pasa eso

La iniciativa de hacer una constituyente está presente en todo el espectro político colombiano, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, y partidos como la FARC y el Centro Democrático la contemplan cuando la correlación de fuerzas parece favorecerles.

En la actualidad, la realidad posplebiscitaria de las derechas y las tensiones políticas de construcción de un poder hegemónico de sectores activos de las izquierdas, evidencian una polarización, que algunos muestran como irreconciliable y excluyente, en los que una constituyente puede convertirse en la oportunidad para que un grupo imponga de manera arbitraria su idea de convivencia y organización del Estado.

Una cosa sí es segura: para que en Colombia funcione una constituyente esta deberá ser el resultado de unas reglas de juego comunes que permitan consolidar los derechos y las garantías sociales en medio de un sistema de pesos y contrapesos, que aleje el ruido totalitario que hoy en el mundo parece venir de la peligrosa combinación de tres elementos presentes en el sistema de democracias de superficie: 1) constituyente, 2) voto electrónico y 3) reelección.

Colombia debe plantear una constituyente que sea el resultado de un gran pacto social y no la imposición o el ajuste de unos sobre otros; para que esto se logre se deben mantener intactas las garantías del Estado social de derecho y la acción de tutela como mecanismo implementador de estas.

Igualmente deberá garantizar la no injerencia de los actuales poderes para interferir con la creación de sistemas de pesos y contrapesos, eliminando el actual sistema de intercambio de favores o de amenaza mutua que pasa a ser chantaje. Hacer lo contrario sería entrar en la profundización de un Estado de superficie o iceberg, en donde el témpano que flota se ve majestuoso y seguro, cuando por debajo ejerce su nefasto poder para hundirnos a todos.

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