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Nuevo mecanismo para elegir contralor es regresivo

La Constitución de 1991 les otorgó a las altas cortes la facultad de proponer una terna de candidatos al cargo de contralor para que el Congreso eligiera a uno de ellos. Con este mecanismo se pretendía blindar el proceso con un carácter técnico y de mérito para elegir al funcionario responsable de vigilar el buen manejo de los recursos públicos.

Así se han elegido los siete contralores de los últimos 27 años. Sin embargo esas reglas del juego cambiarán para elegir al próximo funcionario (entre el 20 de julio y el 20 de agosto), debido a la crisis de legitimidad y a la desconfianza de las altas cortes, producto de los escándalos de corrupción en los que han estado vinculados varios de sus miembros.

Antecedentes de la Reforma

Según Daniel Libreros, experto constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN), esta crisis llevó a que las altas cortes decidieran no presentar la terna de candidatos para cargos de organismos de control, con el fin de evitar acusaciones de ser juez y parte en fraudes políticos, fiscales y absoluciones.

Dentro de los escándalos que motivaron el cambio están el de los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar Gil, investigados por favorecer fallos de tutela contra Fidupetrol; el llamado “cartel de la toga”, en el que fue acusado el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, extraditado recientemente, y que vincula a los exmagistrados de la Corte Suprema Gustavo Malo, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos con varios congresistas por el pago para ser absueltos de procesos en su contra.

Esta falta de credibilidad y confianza llevó al acto legislativo 02 de 2015, que estableció que la selección del contralor se hará mediante convocatoria pública, con el fin de garantizar el equilibrio y evitar abusos de poder. Así, se excluye al poder judicial de esta decisión y se cambia la fórmula de terna por la de convocatoria, para suministrarle al Congreso los candidatos de los cuales elegirá al nuevo contralor.

Los cambios

Según el nuevo mecanismo, se conformará la Comisión Accidental, integrada por un miembro de cada una de las bancadas de Cámara y Senado, con el mismo número de representantes y senadores, para que elija una universidad acreditada de alta calidad –pública o privada– que realice una primera selección de aspirantes.

Este primer filtro evaluará las hojas de vida de los postulantes y su conocimiento en control y responsabilidad fiscal. El 30 % de los aspirantes con mayor puntaje o mínimo 20 –pueden ser más– serán considerados por la Comisión Accidental que seleccionará a 10 para presentarlos como candidatos ante todo el Congreso, que finalmente elegirá al contralor General. En caso de que ninguno alcance la mayoría absoluta (la mitad más uno) se hará una segunda votación entre los dos candidatos con los resultados más altos.

Debido a que la Comisión debe estar integrada por igual número de representantes y senadores de todos los partidos y movimientos políticos, pero usualmente hay más en la Cámara que en el Senado, la nueva reglamentación establece que para completar el número de senadores que faltarían, se elegirá por cuociente electoral. En la práctica esto significa que los partidos mayoritarios tendrán más representación no solo en el Congreso en pleno –que elige al Contralor– sino también en la Comisión Accidental que seleccionará a los 10 candidatos elegibles.

Para Germán Burgos, doctor en Derecho y profesor de la UN, la nueva intervención del Congreso no logra eliminar los intereses políticos de la elección del Contralor que pretende la reforma, sino que retoma un modelo muy parecido al que funcionaba antes de la actual Constitución.

“Se volvió una regla parecida a la de antes de la Constitución de 1991, en un contexto en el que hay una mayor intervención de los ámbitos parlamentarios, donde el país está polarizado, lo que se va a expresar en candidatos que sean más leales a determinados sectores… es decir, un nivel de politización pura y dura relacionada con las mayorías políticas de turno”. La diferencia es que se introduce a una universidad en el proceso para darle legitimidad técnica, lo que, sin embargo, no es garantía de independencia.

La universidad no es garantía de mérito

El hecho de que sea una universidad la encargada de realizar la selección inicial de candidatos podría legitimar la capacidad del aspirante debido a que es una institución que goza de credibilidad social. No obstante, para Burgos, “eventualmente puede ser un espacio para que los egresados de ciertas universidades tengan más posibilidades que otros en determinadas instancias del Estado, como ya ocurre en ciertos espacios de la rama judicial o del ejecutivo”.

Por otra parte, es una valoración habilitante y no un concurso de mérito, lo que significa que quien obtenga la mayor calificación no ocupa el cargo, sino que simplemente es habilitado para continuar en el proceso. Una lista tan amplia (20) puede dar lugar a personas con mérito y a otras ligadas a estructuras de poder político; en ese sentido, el papel de la universidad puede ser filtrado y no brinda las garantías de autonomía necesarias, explica el experto.

Críticas a la reforma

Esta forma de asignar un cargo unipersonal que tiene la función de ejercer control a los otros poderes en un país en el que las relaciones de clientelismo son tan extendidas y en el que prima el hecho de ser amigo de alguien que ser competente, convierte a la Contraloría en una fuente de poder ligada a contratos y recursos.

Para la elección de este tipo de cargos, el profesor Burgos confía más en la participación de organismos internacionales, con comités integrados por especialistas nacionales e internacionales, que brinden la autonomía e independencia suficientes para que lo designen. O inclusive, a partir de la criba realizada por la correspondiente universidad, se apele al azar antes que a las componendas clientelares a fin de obtener la designación final.

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