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Nuevo gobierno: ¿viejo régimen?

Este régimen fue delineado en 2005, en el marco del proyecto “Visión Colombia: 2019. Segundo Centenario”, por parte de Álvaro Uribe Vélez, “con el objetivo de construir una propuesta, […] no de gobierno, sino de Estado”, instaurado en el país a partir de 2002 durante dos administraciones (2002-2012) y continuado en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2012-2018), cuyas reelecciones nos resultan una de sus características. Queda por verse si el recién electo presidente será el último gobierno o uno más en su continuidad que, sin duda, se agotará una vez desaparezca su mentor de la escena. Lo cierto es que, por el momento, sus características subyacen y determinan los alcances del Gobierno en ciernes, y en consecuencia el devenir del país.

Se supone que dicho régimen reemplazó al Frente Nacional bipartidista, caracterizado por la exclusión social en todas sus dimensiones, que incubó a los grupos armados guerrilleros como única forma posible de manifestación política diferente, y que con la firma de los acuerdos de paz con el grupo de las FARC-EP se suponía clausurado. Sin embargo la pregunta que nos asalta es si este es un nuevo régimen o es la continuidad, por otros medios, del Frente Nacional en su versión más destilada, es decir conservadora ultramontana, como lo evidencian los recientes acontecimientos políticos.

Esa versión nos parece evidente por cuanto los valores, creencias, metas básicas y demás percepciones de los actores que conforman el corazón o núcleo de la coalición que integra el subsistema de poder del régimen se corresponden con las más retardatarias en términos de la modernidad que sigue pendiente en el país pese a los esfuerzos de los proyectos liberales de:

  • Las reformas borbónicas en el siglo XVIII.
  • José Hilario López, a mediados del siglo XIX.
  • Alfonso López Pumarejo, en los años treinta del siglo XX.
  • Carlos Lleras Restrepo, a finales de los años sesenta, con sus propuestas de modernizar el campo y las relaciones laborales, crear condiciones científicas y tecnológicas para pensar por cuenta propia, nivelar las brechas sociales, laicizar el Estado y propiciar la democracia para reconocer y respetar al otro, independientemente de lo que piense, vive y sea.

Son aspiraciones que el actual régimen coloca atrás del frentenacionalismo y que muestran la manera en que la política colombiana avanza un paso y retrocede dos.

En el marco de ese régimen es que se desarrolla la negociación con las FARC-EP, en medio de la disputa entre los dos actores más representativos de esa coalición: Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que mantuvo en vilo y polarizada la opinión pública del país durante los últimos ocho años, por acusaciones de traiciones y deslealtades entre sus protagonistas.

La pregunta que nos asalta es si este es un nuevo régimen o es la continuidad, por otros medios, del Frente Nacional en su versión más destilada, es decir conservadora ultramontana, como lo evidencian los recientes acontecimientos políticos.

Una situación que resultó ser el cruce de rifirrafes propios de una querella aparente, develada en su real dimensión política en los acontecimientos previos a la segunda vuelta para la elección presidencial, pues de todos es sabido que tal discrepancia –expresada en términos partidistas entre el Partido de la U (cofundado por Santos y Uribe) y el Centro Democrático (una tolda partidista de aquel, creada por Uribe)– se mantuvo hasta la primera vuelta electoral presidencial. En ese momento aparecen tres opciones dentro de la coalición del régimen:

  • Iván Duque, a nombre del Centro Democrático, ungido por el expresidente Álvaro Uribe.
  • Germán Vargas Lleras, por Cambio Radical, preferido por formar parte del notablato del presidente Santos.
  • Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria, único candidato que de forma franca enarboló la defensa de los acuerdos firmados.

Los resultados resultan una vergüenza para la llave Vargas Lleras-Santos (1,4 millones) y para De la Calle-Gaviria (399 mil), frente a Duque-Uribe (7,5 millones), además de sus humillantes consecuencias por la forma en que personajes como César Gaviria y partidos como Cambio Radical, entre otros, terminan adhiriéndose en la segunda vuelta a los ganadores Uribe-Duque.

Es evidente que el gobierno por posesionarse se corresponde con las creencias y los valores premodernos del núcleo dominante de la coalición

Lo significativo del asunto es que esos hechos ponen al desnudo la identidad de los actores que de marras conforman la coalición y su talante, como que el verdadero logro del objetivo estratégico del proceso de paz no era otro que desarmar a las FARC –alcanzado por Juan Manuel Santos– y castigar penal y políticamente a los desmovilizados –por Iván Duque– para, de esa manera, enterrar lo que había de modernizador en los acuerdos y traer tranquilidad al régimen “para que todo siga igual”.

Es evidente que el gobierno por posesionarse se corresponde con las creencias y los valores premodernos del núcleo dominante de la coalición –hegemonizada por los actores económicos, políticos, sociales y culturales más ultramontanos del régimen, que supeditaron hasta la humillación nunca antes vista, a los actores supuestamente modernizadores anidados en ella– y va a ilustrar el estado actual de esa coalición y su ejercicio de gobierno en medio de las fisuras y tensiones propiciadas por los egos heridos.

Pero es justo en esta situación en la que radica el “talón de Aquiles” del régimen. Primero, porque estructuralmente la tarea histórica pendiente de la modernización del Estado y la sociedad colombiana sigue ahí en veremos, en el marco de las condiciones civilizatorias en que se debate la humanidad y la política mundial. Una situación manifiesta en esas elecciones, y más precisamente en la segunda vuelta, que habilitó y simplificó hacia el futuro las opciones políticas entre gobiernos rancios de corte tradicional frentenacionalista o de derecha, y gobiernos de corte modernizador, ambientalistas y diversos socializantes de izquierda, como no se había dado con tanta evidencia en el país, que cierra definitivamente el ciclo del esperpento bipartidista liberal-conservador.

Su pulso se empezará a dar en las próximas elecciones para gobernaciones y alcaldías locales, un escenario que, al propiciar la participación ciudadana local, facilita –por su carácter descentralizador– la lucha contra la exclusión, la corrupción, el clientelismo, el impacto ambiental y demás vicios socioeconómicos no participativos, ingredientes del viejo régimen frentenacionalista centralista que se resiste a expirar.

Segundo, porque con la institucionalización de la insurgencia –hasta ahora una hermana bastarda del Frente Nacional– esta ha dado el primer paso en pro de la clausura del viejo régimen que, en nuestro criterio, es lo más significativo de su proceso y de los logros de los posacuerdos, cuya implementación será posible en el ejercicio de los gobiernos locales. Esto, no sin antes de que algunos de sus miembros tengan que pagar un alto costo por desagravio del espíritu protector del régimen, satisfaciéndolo por vías como la extradición, la cárcel, el suicidio y otras acciones por verse. Aunque no parezca, este será uno de los objetivos, si no el fundamental, de la administración, porque los fines propios del modelo socioeconómico seguirán bajo la responsabilidad de los que aún se resisten a ser consecuentes con el nuevo espíritu de la época y que yacen anidados y cohabitando en la coalición gubernamental, para presidir durante los próximos años lo que nos merecemos socialmente: nuestro destino incierto.

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