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Nueva emergencia económica le vuelve a dar la espalda a la población pobre y vulnerable del campo y las ciudades

La situación actual muestra la necesidad de buscar nuevas alternativas: la crisis en la que se encuentra el país y al que se sumó la pandemia ha demostrado cuán ineficiente, ineficaz e inequitativo ha sido el sistema actual y su intervención tanto en el sistema en la política pública de salud como en la de protección social.
 

El sistema de salud está capturado por el capital y la politiquería, con regímenes laborales precarios para médicos y enfermeras, además de los problemas de corrupción como el cartel de la hemofilia, del bastón, de la alimentación y hasta de los mercados repartidos durante la emergencia, entre otros.
 

Un frente social con cerca de 3 millones de familias vulnerables –unos 12 millones de personas– está por fuera de programas como el Ingreso Solidario, que pregonan apoyar “apoyar a las familias pobres y pobres extremas” mediante la entrega de asignaciones insignificantes, de 160.000 pesos colombianos (18,2 % de un smlv), que el Estado aumentó en las últimas semanas a 320.000 pesos (36,5 % de un smlv).
 

En el caso de la compensación del IVA, el Gobierno confirmó que se realizará el pago de 75.000 pesos cada dos meses “a las 700.000 Familias en Acción más pobres”. Este número de familias es aproximadamente el 50 % de los hogares en pobreza extrema, o el 1,6 % de las familias pobres.
 

Puedes leer: La pandemia desnuda el grado de desigualdad regional.


Familias en Acción es un programa bandera de lucha contra la pobreza que cubre a 2.600.000 hogares, el 50 % de las familias definidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como pobres monetariamente1.  Uno de los riesgos del proe este programa ha sido el de convertirse “en el único medio de lucha contra la pobreza”, y esta crisis lo está demostrando. Además, entre los últimos anuncios de la directora de Prosperidad Social, está el de la entrega de 2.601.252 incentivos en dicho programa, por un valor total aproximado de 711.000 millones de pesos. “El pago extraordinario será de 145.000 pesos por familia”, lo cual equivale a una entrega de 273.330 pesos por familia (31,1 % de un smlv).
 

Si a estos 3 millones de hogares vulnerables que se encuentran por fuera de los programas sociales del Gobierno nacional se suman las familias en pobreza monetaria –cerca de 4 millones de 13.073.000 personas– entonces se puede afirmar que la cobertura de los programas sociales es mínima, y además no existen diferenciaciones claras entre lo rural y lo urbano.
 

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Según la Misión para la Transformación del Campo, el 41,3 % de los hogares urbanos cuenta con protección contributiva, mientras que en el rural-disperso este porcentaje es del 9 %. Se debe tener en cuenta que el mercado laboral rural es heterogéneo y altamente segmentado, con una proporción importante de personas ocupadas por cuenta propia. De igual manera, la Misión encuentra que un porcentaje importante de hogares rurales –más de la mitad– no cuenta con protección alguna, [además ] la mayor parte de los ocupados rurales trabajan en actividades económicas de bajos niveles de ingresos y en posiciones ocupacionales con rentabilidades salariales que no llegan al smlv, lo que conduce a que la mayor parte del trabajo del campo se sitúe dentro del umbral de la informalidad2.
 

No resulta difícil señalar que las dos emergencias económicas declaradas por el Gobierno nacional le han dado la espalda al sector rural, a la población pobre y vulnerable del campo y las ciudades, y las posibilidades de crédito asignadas han sido capturadas por los grandes terratenientes y empresarios rurales3.


La segunda emergencia económica


En el decreto 637 del 6 de mayo de 2020 –que declara una nueva emergencia económica–, el Gobierno nacional utiliza los resultados de las encuestas realizadas por los gremios empresariales, las cuales reportan que las empresas sólo tienen 11 días para operar si destinan la totalidad de la caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, la nómina completa incluyendo seguridad social, proveedores, sector financiero, contratos y DIAN.
 

Las empresas de la industria manufacturera tendrán 12 días para operar y en caso de que pudieran destinar su caja exclusivamente al pago del salario de los trabajadores, podrían subsistir 33 días y, en caso de tener que pagar la nómina completa, los recursos alcanzarían para 28 días. [En el caso del sector comercio] uno de cada tres comerciantes no tiene recursos para pagar sus nóminas y el 38 % del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia.
 

Para este análisis se revisará la información reportada por las empresas a la DIAN en sus declaraciones de renta, con el fin de calcular el peso específico de la nómina, del aporte a las entidades (SENA e ICBF, entre otros) y de la seguridad social, a efecto de matizar los resultados empresariales, pues ellos, como grupo de presión, no independientes y al servicio de los intereses de sus afiliados, publicitan lo que les resulta benéfico para sus asociados.
 

La nómina


Las empresas presentan sus gastos de nómina en las declaraciones de renta y su valor se puede relacionar con los ingresos brutos del sector o a nivel de actividad económica, o respecto al patrimonio o al efectivo. Dicho efectivo se contabiliza dentro del patrimonio bruto y representa el 7 % de este, y una quinta parte de las inversiones en instrumentos financieros derivados. Esto resulta importante a efecto de matizar el considerando gubernamental.

Teniendo en cuenta la gráfica, se puede concluir que no todos los sectores son homogéneos: si para el sector minero los gastos de nómina representan el 6,9 % de sus ingresos brutos, para el de las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos y de apoyo es del 34,8 %. Esto refleja cuán intensivo, en capital o mano de obra, es el sector o la actividad económica.
 

La doceava parte del gasto de la nómina es una buena aproximación al costo mensual, y si se divide el ingreso bruto entre este valor, entonces el ingreso bruto del sector minero alcanzaría para 175 meses, 34 para las actividades profesionales y 148 para el sector comercio, transporte, alojamiento y comidas.
 

Si este mismo valor se compara con el efectivo declarado –que representa solo el 7 % del patrimonio– alcanzaría para 4 meses en las actividades profesionales, 6 meses en la agricultura y 10 en comercio, hotelería y comidas. El sector agropecuario resulta ser similar al de la industria manufacturera y más sensible respecto a otros sectores, como por ejemplo el financiero, en el cual el efectivo alcanza para 85 meses.

Es claro que estos indicadores cambian según las actividades (gráficos 4 y 5). Los dos indicadores, además de mostrar la heterogeneidad de actividades, deja ver cómo los grupos de presión empresariales solo observan las necesidades internas de su sector; ninguno de ellos destaca lo sensible que se encuentra el sector agropecuario o las actividades desarrolladas por los hogares.

Aunque el Gobierno nacional puede escuchar los llamados de los grupos empresariales, debe de tomar medidas de política pública sobre la base de información confiable, completa y análisis menos sesgados, de tal forma que su intervención favorezca a los grupos sociales y empresariales más vulnerables, como se lo exige el Estado social de derecho (artículo 1 de la Carta Política), como la restricción de ingresos fiscales autoimpuesta, dada su negativa a realizar una reforma tributaria estructural.
 

Además, el Gobierno hace un llamado a los trabajadores colombianos con base en una encuesta de la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular China, buscando que los costos de la pandemia recaigan sobre los trabajadores, al señalar que:
 

para que una crisis como la de la actual pandemia, no resulte en despidos masivos, en países como China, la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha sugerido adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado. Estas medidas incluyen la posibilidad de re-negociaciones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas.
 

Con este tipo de intervenciones se desentraña y profundiza la exclusión social y la desigualdad patrimonial y de ingresos, fortaleciendo a los agentes institucionales como extrainstitucionales que sostienen el régimen, como señala el reconocido doctor en Derecho Boaventura de Sousa Santos.

Es la oportunidad para que, de manera conjunta, la sociedad busque alternativas que el Estado social de derecho profundice, y además mejore la intervención pública en beneficio de la población más vulnerable y en pobreza extrema en el campo como en las ciudades, que haga más justa la sociedad. Para esto, la búsqueda de consensos calificados puede ser una primera aproximación, lo mismo que cerrarle el paso a los agentes extrainstitucionales que eliminan a los líderes sociales como a los campesinos, que luchan por proteger el territorio y sus tierras, para mantener el statu quo.
 

Para consultar:

Especial La Macarena: Un precario sistema de salud

Medidas económicas por COVID-19, ¿funcionan?

 


1 Según el DANE, la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional de 2018 fue de 117.605 pesos, y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de 257.433 pesos. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf.

2 Misión para la Transformación del Campo. (2015). La protección social de la población rural.

3 “La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores. De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos. Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702. La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria”.

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