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Normas laxas profundizan contaminación en ríos del Meta

Las normas que regulan los vertimientos de la industria petrolera se han vuelto más laxas, aumentando de manera importante los valores permitidos para químicos como fenoles, cloruros, mercurio, arsénico, cadmio, plomo, cromo, selenio, hierro y níquel, muchos de los cuales tienen un reconocido efecto adverso en la salud humana.

Es el caso del Decreto 1594 de 1984 (usos del agua y residuos líquidos) y la Resolución 2115 de 2007 (agua potable) del Ministerio de Salud y Protección Social y del antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, frente a la Resolución 631 de 2015 (vertimientos a aguas superficiales sector hidrocarburos) del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual los valores permitidos aumentaron de manera importante (ver gráfico).

Consumo de agua y manejo de las “aguas producidas” en dos pozos típicos de los campos Marcellus y Barnett (EE. UU.) 

Otras sustancias muy tóxicas presentes en las aguas de desecho son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (bioacumulables y cancerígenos) y las grasas y aceites que forman películas flotantes sobre las aguas, interfiriendo en la transferencia del oxígeno atmosférico al recurso hídrico y por esta vía a los microorganismos.

También están los hidrocarburos aromáticos ligeros BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), peligrosos compuestos orgánicos volátiles identificados por sus efectos cancerígenos, mutagénicos (producen alteraciones genéticas) y neurotóxicos (afectan el sistema nervioso), que pueden ser transportados por las corrientes, evaporándose en la atmósfera y provocando una contaminación importante de los ecosistemas.

Alta carga contaminante

Con el fin de mantener la presión de los yacimientos o incrementar su producción, durante la extracción petrolera convencional y no convencional se inyectan y se reinyectan enormes cantidades de agua captada de fuentes superficiales y subterráneas, mezclada con aditivos químicos tóxicos y aguas de desecho.

También se recupera una parte importante de dichas aguas, llamadas “aguas producidas”, que son aquellas extraídas del pozo en etapa de explotación, mezclada con aguas de formación (aguas fósiles que se encuentran en los yacimientos) e hidrocarburos (gas natural y crudo).

Después de procesarlas para separar los hidrocarburos y tratadas para cumplir con la normatividad vigente, se obtienen las aguas de desecho, un residuo industrial que conserva una carga contaminante (grasas y aceites, metales pesados, componentes radioactivos, químicos, etc.) que no resulta apta para el consumo humano ni animal, ni para el riego agrícola.

Según cifras de Ecopetrol, en 2018 se generaron 420,5 millones de metros cúbicos (m3) (168.200 piscinas olímpicas) de aguas residuales industriales, de las cuales el 58 % se dispuso en el subsuelo, el 22 % se vertió casi totalmente en fuentes superficiales, y el 20 % se reutilizó (figura 1). Es importante tener en cuenta que una piscina olímpica tiene en promedio 2.500 m3 de agua.

Gestión de aguas residuales en las operaciones de Ecopetrol 2018.

El caso del bloque Cubarral

Sobre los vertimientos generados por el bloque de producción de hidrocarburos Apiay de Ecopetrol, en 2005 el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del río Guayuriba (Meta) afirmó que: “la remoción de grasas y aceites alcanzó el 81 %, con la cual se cumple con el porcentaje exigido al tratamiento por la norma; sin embargo su concentración en el efluente hace que dicha agua no sea apta para fines de consumo humano […]”.

Entre 2009 y 2011 también se arrojaron en promedio 222,3 kg/día de grasas y aceites en el río Guayuriba, esta vez por cuenta de los vertimientos del bloque Cubarral, una de las áreas de mayor producción petrolera del país, que inició actividades en la década de 1960. Sin embargo Ecopetrol reportó una remoción del 99,5 % de estos elementos en su Sistema de Tratamiento de Aguas de Producción, de acuerdo con su Plan de Manejo Ambiental 2012.

Según cifras reportadas por la empresa, en 2015 el bloque Cubarral captó de fuentes superficiales para su operación un volumen de agua equivalente a 1,35 piscinas olímpicas por día, pero le fueron autorizados vertimientos de hasta 158,5 piscinas olímpicas por día, de las cuales hasta 59 se podrían verter en fuentes superficiales y las demás reinyectarse en el subsuelo.

En casos como el del bloque Cubarral, en donde existe una afectación histórica tanto por los vertimientos de los campos petroleros como por las aguas contaminadas con agroquímicos de las áreas cultivadas y las aguas servidas de los cascos urbanos aledaños, la línea base que se toma para efectuar evaluaciones ambientales y otorgar permisos de vertimientos corresponde a las condiciones de un ecosistema que ha sido deteriorado de forma sistemática, principalmente por la actividad petrolera.

Es contradictorio que las autoridades ambientales hayan autorizado vertimientos que, según sus métodos y estándares, las corrientes pueden asimilar sin comprometer su disminuida funcionalidad ecológica. Solo en ese contexto es posible entender las declaraciones de algunos altos funcionarios de Ecopetrol que, ante las quejas de las comunidades ribereñas por el mal estado del Guayuriba, afirman que las aguas vertidas por la Estación Castilla (Bloque Cubarral) incluso mejoran la calidad de agua del río. Por eso sigue en mora de realizarse un estudio a profundidad, independiente e integral sobre el estado de los ríos de la región.   

Los vertimientos del fracking

Las presiones y temperaturas a que son sometidas las rocas y el fluido de fractura pueden biodisponer en la superficie metales pesados y elementos radioactivos como el radio y el radón, ocasionando un riesgo elevado en el valle medio del Magdalena, como lo resalta el estudio de la Contraloría de 2018 y otros estudios internacionales.

En 2016, el estudio de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. brinda una aproximación al uso del agua con esta técnica a partir del seguimiento a dos grandes campos de fracking de ese país (figura 2). Entre 2008 y 2013, en un pozo típico del campo Marcellus se inyectaron en promedio 4,35 millones de galones de agua (16.466 m3), de los cuales el 79 % provino de la cuenca del río Susquehanna. De los 860.000 galones (3.255 m3) de “aguas producidas” que retornaron a la superficie (más de 13.000 m3 no retornaron), el 90 % se reutilizó en otras operaciones de fracking y el 10 % restante se dispuso de forma permanente en el subsuelo.

Ahora bien, según la misma fuente norteamericana, entre 2011 y 2013 en el campo Barnett (EE. UU.) se inyectaron 4,2 millones de galones de agua en promedio por pozo (96 % captada de fuentes superficiales y subterráneas). Las “aguas producidas” se presentaron en una cantidad similar, pero solo el 5 % se reutilizó y el resto se dispuso definitivamente en el subsuelo como desecho industrial, lo que evidencia en este caso que resultaba menos costoso para las empresas captar nueva agua que reutilizar la ya contaminada.

Tanto en Barnett como en Marcellus las aguas empleadas se contaminaron irremediablemente y una gran parte terminó almacenada en el subsuelo profundo, perdiéndose para el ciclo hidrológico. Cabe agregar que los pozos estudiados por la Agencias de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) eran “clase II”, mientras que los pozos actuales “clase III” consumen cerca de tres veces más agua (11-13 millones de galones o 16-19 piscinas olímpicas). En 2017, Barnett contaba con 15.000 pozos en producción y Marcellus con más de 10.000.

Consumo de agua y manejo de las “aguas producidas” en dos pozos típicos de los campos Marcellus y Barnett (EE. UU.)

La Contraloría General de la República señala que el costo de tratamiento por tonelada de aguas de desecho del fracking en China es de aproximadamente 45 dólares por tonelada (USD/Ton), lo cual ha fomentado su disposición ilegal. Con respecto a Colombia, el ente advierte que “actualmente en el país los altos costos de manejo, transporte y tratamiento de aguas residuales industriales del sector de hidrocarburos representan uno de los temas de manejo más álgido para la industria”, y agrega que “con el posible desarrollo de la técnica del fracking se triplicarán las cantidades”.

Colombia no es un país petrolero, ni lo será si se implementa el fracking, pues posee solo el 0,14 % de las reservas mundiales (frente al 18,5 % que posee Venezuela), como lo adujo recientemente uno de los autores del libro La prohibición del fracking en Colombia como un asunto de utilidad pública, un texto clave en la actual coyuntura.

En un país megadiverso, la contaminación de las aguas generada por la extracción de hidrocarburos no solo es completamente insustentable, sino que además representa una amenaza permanente para el conjunto de los seres vivos, lo cual es más grave ante las condiciones de escasez de agua que ya presenciamos.

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