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Negocio del fracking no está en su producción

Según Fatih Berol, director ejecutivo de la International Energy Agency (IEA), el mundo necesita reemplazar cada año tres millones de barriles diarios (Mb/d) de crudo convencional, lo que equivale a la producción del mar del Norte, mientras la demanda mundial bruta aumenta cada año cerca de 1,5 Mb/d.

En medio del panorama de agotamiento de los hidrocarburos convencionales, en contraste con la demanda acelerada, el fracking ha sido promovido como un salvavidas para la industria. Los depósitos de arenas bituminosas, yacimientos de muy baja porosidad (tight), hidratos de gas y mantos de carbón pueden constituir yacimientos no convencionales, que son las últimas y más recónditas reservas de hidrocarburos a las que se puede acceder mediante dicha técnica.

La mayoría de los impactos del fracturamiento hidráulico reside en las actividades relacionadas: perforación, procesamiento de gas y petróleo, transporte, almacenamiento, generación de emisiones y disposición de desperdicios. Todo ello asociado con las profundas afectaciones ambientales en los territorios donde tienen lugar, además de sus repercusiones en diferentes escalas espaciales y temporales. Por eso se debería considerar detenidamente antes de avalarse en Colombia, escenarios de deliberación como el que cursa en la actualidad en el Congreso de la República.

¿Próxima burbuja financiera?

Aunque el fracking se utiliza desde los años cuarenta, algunas mejoras en Texas en los años noventa permitieron su implementación a escala industrial. Entre 2005 y 2008 su aporte en la producción de gas y petróleo de Estados Unidos comienza a crecer de manera acelerada, haciendo partícipe a ese país del boom petrolero impulsado por el aumento del precio del barril, que pasó de 20 dólares en 2001 a 98 dólares en 2013.

La guerra y la inestabilidad política en Oriente Medio y África, además de las sanciones comerciales a países productores como Libia, Siria, Sudán del Sur e Irán abrieron espacio a las exportaciones de EE. UU., que en 2009 ocupó el primer lugar en la producción mundial de gas natural, y en 2013 de petróleo. No fue un hecho fortuito, pues el Gobierno estadounidense llevaba décadas buscando la forma de combatir su dependencia energética, situación que las grandes compañías petroleras aprovecharon para lograr exenciones en el cumplimiento de la normativa ambiental, como la Energy Policy Act de 2005 (Enmienda Halliburton) que eximió a la industria del fracking de respetar las leyes del cuidado del agua potable, someterse a los controles de la autoridad ambiental y revelar los productos químicos inyectados en el subsuelo por medio del fluido de fractura.

Expertos señalan que parte de la estrategia de “seguridad energética” de EE. UU. consiste en promocionar los no convencionales a escala global afianzando sus intereses, controlando el mercado y exportando ese tipo de industria a, entre otros, países de la región como Argentina, Brasil, México y Colombia.

En 2007 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Independencia y Seguridad Energética, y en 2008, como medida de recuperación de la economía frente a la crisis financiera, la Reserva Federal aprobó tasas mínimas históricas de interés (cercanas a cero) que, según analistas como Bethany McLean o Amir Azar, permitieron e incentivaron el enorme endeudamiento que continúan acumulando las empresas de fracking.

Un año de inflexión fue 2014: el pulso de EE. UU. con los saudíes, Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) condujo a la saturación del mercado, forzando el precio del barril a la baja y poniendo contra las cuerdas a la industria norteamericana del fracking. En 2016 quebraron cerca de 150 compañías del sector ante el peso de las deudas, evaporando –entre otros– varios miles de millones de dólares invertidos en el negocio por grandes compañías extranjeras como BHP Billiton (Australia), Statoil (Noruega) y Royal Dutch Shell (Reino Unido y Holanda), como ha señalado McLean en The Guardian y The New York Times.

Pero no fue solo la caída en los precios del petróleo (de 98 dólares en 2013 a 53 por barril en 2018) y el gas (de 13 dólares por mil pies cúbicos en 2008 a menos de 4 dólares en 2018), sino el rápido agotamiento de los pozos de fracking (70-90 % en los primeros tres años, generando la necesidad de una inversión continua de capital para construir nuevos pozos y así sostener la producción de los campos), lo que evidenció la fragilidad de la “revolución de los no convencionales”.

 

Actualmente la deuda de las compañías del sector (exploración y producción de gas y petróleo)se estima entre 240.000 y 280.000 millones dólares. El papel de Wall Street renegociando dicha deuda en bancos y fondos privados que buscan altos rendimientos (en los que suelen invertir los fondos de pensiones)también ha sido fundamental para mantener a flote a la industria del fracking (por ahora), situación que algunos analistas identifican como la próxima burbuja financiera por estallar.

Seguridad energética como estrategia

Tras el periodo crítico de 2014-2016, la producción de crudo no convencional en EE. UU. ha logrado recuperarse, pasando de 4,67 Mb/d en 2017 (50 % del crudo total producido en ese país), a cerca de 6,8 Mb/d a mediados de 2018, según las cifras de la EIA (U.S. Energy Information Administration).

Pese a reducir su dependencia de crudo extranjero, en 2018 EE. UU. aún importaba (>10 Mb/d) más de lo que exportaba (7,6 Mb/d). Una parte de la explicación a esta situación –según el geógrafo argentino Roberto Ochandio– reside en que EE. UU., como el resto de los países productores de crudo extraligero derivado del fracking (> grado 40 API, cercano a la gasolina corriente de bajo octanaje o nafta), se ven obligados a exportar gran parte de su producción porque:

1) no existen refinerías adaptadas para este tipo de crudo, hecho por el cual se debe mezclar con crudos convencionales más pesados;

2) los subproductos son distintos; y

3) el mercado está gobernado por los refinados de crudos pesados y de grado medio (fueloil, destilados medios).

El repunte de la producción de los no convencionales es atribuido, por un lado, a los avances tecnológicos (perforación de secciones horizontales más extensas conocidas como “laterales”, concentrada en los sweet spots –áreas que concentran los pozos más productivos o de mayor calidad del campo– y que demandan mayor cantidad de agua y apuntalante), y el por otro a los aportes de la cuenca pérmica entre Texas y Nuevo México, con un crecimiento sostenido desde 2009. Aun así, McLean advierte que solo 5 de las 20 principales empresas de fracking lograron generar más efectivo del que gastaron en el primer trimestre de 2018.

Expertos señalan que parte de la estrategia de “seguridad energética” de EE. UU. consiste en promocionar los no convencionales a escala global afianzando sus intereses, controlando el mercado y exportando ese tipo de industria a, entre otros, países de la región como Argentina, Brasil, México y Colombia.

Calidad del aire y el agua, entre los efectos

En 2012, el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés), encontró que generalmente no se tienen en cuenta los efectos acumulativos y potenciales a largo plazo de los riesgos asociados con la industria del gas y el petróleo, entre estos, los riesgos asociados a la calidad del aire y del agua, la cantidad de agua, la degradación de hábitats, la migración de fluidos en el subsuelo y la sismicidad inducida.

Dos años después, el Departamento de Salud del estado de Nueva York publicó un informe en el que reconoce que los impactos a la calidad del aire, las aguas y los suelos, asociados con el fracking,pueden poner en riesgo la salud pública, y advierte que existe un significativo grado de incertidumbre en los estudios, lo que lo lleva a concluir que hasta que la ciencia provea la información suficiente para determinar el nivel de riesgo y establezca si los riesgos asociados pueden ser adecuadamente manejados, es recomendable que dicha técnica no se implemente en dicho estado. En Colombia, podemos decir que la recomendación de este informe equivale a acoger el Principio de Precaución.

El Informe de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) –publicado en 2016– es muy criticado por presentar resultados poco concluyentes al argumentar un alto nivel de incertidumbre en los estudios, falta de acceso público a la información y vacíos de esta frente a los riesgos del fracking (argumento empleado a menudo por la industria). Con respecto a los derrames asociados que alcanzaron aguas superficiales y subterráneas en Pensilvania, Dakota del Norte y Colorado, estimó que suceden con una frecuencia de 10 a 500 derrames por año.

Otro ejemplo es la disposición de aguas de desecho en piscinas sin revestimiento, una práctica común que ha sido prohibida en varios estados, causante de contaminación de agua potable con BTEX (hidrocarburos monoaromáticos) y otras sustancias tóxicas, en particular en California y Nuevo México. En el Valle Central de California, de 1.000 piscinas o tanques de almacenamiento de aguas de desecho, el 60 % seguía activo en 2016, de los cuales cerca del 20 % no tenía permiso.  

Además, el Informe destaca impactos ambientales severos como captaciones de agua en épocas secas o en áreas de escasa disponibilidad (principalmente con respecto a las aguas subterráneas); derrames de sustancias peligrosas que contaminan aguas subterráneas; migración de fluidos a causa de pozos inyectores que presentan fallas de integridad mecánica; inyección de fluidos directamente en acuíferos; descarga de aguas de desecho, inadecuadamente tratadas, en aguas superficiales y almacenamiento en piscinas sin revestimiento que han causado contaminación de acuíferos.

La mayor parte de los trabajos sobre efectos ambientales del fracking se han realizado en países templados, que poseen condiciones climáticas, edáficas y formaciones geológicas distintas a las de países que, como Colombia, se ubican en el cinturón tropical del planeta, y que además poseen características culturales (simbólicas, sociales, económicas, políticas) significativamente diferentes a aquellas de los pobladores de los países mencionados, un argumento adicional para acoger el Principio de Precaución ante la falta de estudios locales.

Ganan las empresas, pierden los colombianos

Retomando un ejemplo citado por Álvaro Pardo durante el Taller de la Alianza Colombia Libre de Fracking, mientras que Shanghái prohibió la venta de automóviles nuevos a gasolina o gas a partir de 2017, con lo cual espera –en el transcurso de una década– tener todo el parque automotor libre de emisiones, la poderosa industria de los hidrocarburos insiste en “raspar la olla” sin importar las consecuencias, en vez de apoyar decididamente la transición energética.

En el caso del fracking se observa con claridad la captura del Estado, cuando envenenar las aguas es un “secreto de la industria”, cuando las leyes y normas se ajustan o se diseñan a la medida de los intereses de las grandes empresas, y cuando las autoridades encargadas de velar por el bien público son forzadas a mirar a otro lado. Un ejemplo de lo anterior bien puede ser el rescate de los grandes bancos en la crisis financiera global de 2008.

Entre tanto, en los debates en el Congreso colombiano la discusión gira en torno a si el fracking es o no “un gran negocio para el país”. A propósito, Pardo señala que tras el boom minero-energético (2005-2014), el país terminó con un déficit tanto fiscal como en cuenta corriente de la balanza de pagos y un nivel de deuda externa pública sin antecedentes (alrededor de 70.000 millones de dólares), mientras los sectores generadores de riqueza y de empleo, como la industria y agricultura, quedaron resentidos por la enfermedad holandesa (mayor demanda de productos importados que locales).

Escuche también. En vez de fracking, Colombia debería acelerar la transición energética

Un total de 229 beneficios tributarios y otras partidas del Estatuto Tributario les han permitido a las grandes compañías reducir su base gravable, lo que se ha traducido en una devolución de 19 billones de pesos frente a los 1,8 billones de pesos que en su lugar tributaron las empresas en 2016. Como si esto fuera poco, también está el concepto del área jurídica de la DIAN 015766 de 2005 que, entre 2005 y 2017, autorizó a las empresas privadas de minas y energía a deducir las regalías de sus impuestos, contrariando el artículo 360 de la Constitución, lo que significó que el Estado dejara de recaudar 30 billones de pesos. Pese a que en octubre de 2017 el Consejo de Estado ordenó anular dicho concepto, el Estado no ha procedido a recuperar los dineros que ilegalmente descontaron las grandes empresas.

Frente a este panorama, cabe preguntarse ¿tiene algún sentido insistir sobre el fracking, cuando las inmensas y profundas externalidades de la actividad recaerán en los territorios y sus comunidades, produciendo además detrimento en el erario, mientras los beneficios económicos irán principalmente al sector financiero nacional e internacional? Todo ello, además, generando cada vez más concentración de las rentas, exclusión, pobreza, conflictos ambientales y violencia.

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