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Narcotráfico, núcleo de la corrupción que mantiene crisis social histórica en Haití

“Haití sigue siendo un punto de tránsito para la cocaína y la marihuana...”. Con este tono inicia la sección dedicada a Haití en el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), publicado este año (vol. I) por el Departamento de Estado de EE. UU.

En el documento se menciona que el tránsito de cocaína proveniente de Sudamérica y de marihuana procedente de Jamaica pasa por las fronteras marítimas que están muy mal patrulladas y por su extensa frontera terrestre que colinda con República Dominicana, lo cual “sigue siendo un motivo de preocupación particular”.

También se hace referencia a los avances producidos en el desarrollo institucional –por ejemplo en la Policía Nacional Haitiana y en la Oficina para la Lucha contra los Narcóticos–, la participación del Gobierno haitiano en diversos acuerdos internacionales de control de drogas y su cooperación eficaz con Estados Unidos en casos relacionados con drogas.

Básicamente, la debilidad detectada se encuentra en el sistema judicial haitiano, que es visto como corrupto y disfuncional porque limita de manera drástica el procesamiento interno de casos de drogas, y por lo tanto impone penas bajas tanto a las operaciones de tráfico como a las incautaciones de drogas pequeñas.

Tres momentos esenciales

Aunque en el INCSR de 2018 se presentó una redacción similar, es importante resaltar tres momentos en la historia haitiana para apreciar lo que ocurre. El primero corresponde a 1973, cuando Haití entró a la guerra contra las drogas. La Administración para el Control de Drogas (DEA) comenzó a actuar durante el régimen de Jean-Claude Duvalier con el propósito de contrarrestar el paso de marihuana originaria de Jamaica; la cocaína proveniente de Sudamérica apenas comenzaba a transitar por sus costas.

Los inicios de esa colaboración estuvieron marcados por las limitaciones del país caribeño, ya que no contaba con la suficiencia para patrullar su litoral y atender el tráfico ilegal en sus aguas, y tampoco tenía oficiales entrenados, tripulaciones ni capacidad de reparación de sus embarcaciones (nótese que son argumentos afines con los planteados en el INCSR).

En febrero de 1986 llegó el fin de la dictadura duvalierista (caracterizada por corrupción, nepotismo y represión política) y durante el periodo 1986-1990 los puertos haitianos se convirtieron en zona franca sin control aduanero, por lo que se desarrollaron muchas actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico de armas.

Aristide fue derrocado en septiembre de 1991 por un grupo de militares encabezados por el general Raoul Cédras. La junta militar que estuvo al frente del país por tres años se sostuvo gracias a las ganancias obtenidas del narcotráfico y con la complacencia de la comunidad internacional (Estados Unidos al frente) que jamás señaló o denunció tal hecho.

El segundo momento significativo ocurrió en febrero de 1991, cuando el exsacerdote salesiano Jean Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente. No a todos les gustaba su discurso y las políticas que implementaría en el país, siendo una de ellas el combate frontal al narcotráfico, que para ese año ya era una actividad con fuerte presencia en el país.

Aristide fue derrocado en septiembre de 1991 por un grupo de militares encabezados por el general Raoul Cédras. La junta militar que estuvo al frente del país por tres años se sostuvo gracias a las ganancias obtenidas del narcotráfico y con la complacencia de la comunidad internacional (Estados Unidos al frente) que jamás señaló o denunció tal hecho.

El tercer momento corresponde a febrero de 2001, cuando Aristide, luego de ganar las elecciones del año anterior, asumió la Presidencia y se mantuvo en el cargo hasta septiembre de 2004, cuando fue derrocado por fuerzas de operación de Estados Unidos y un grupo de militares haitianos de la “vieja guardia” (es decir, remanentes de la época de Raoul Cédras, ya que el Ejército como institución desapareció en 1995). Se argumentó, entre otras cuestiones, que tenía vínculos con el narcotráfico, que era corrupto, y se pusieron en duda sus facultades mentales.

Una guerra fallida

Con los tres momentos descritos se aprecia cómo el narcotráfico fue creciendo en Haití (a la par que lo hacía en otras partes del continente) y cómo Estados Unidos lo utilizó discrecionalmente para derrocar a un presidente elegido de manera democrática, dejando expuesto, una vez más, su doble discurso y la violación del derecho internacional.

Obviamente el Gobierno estadounidense ha generado una supuesta red de ayuda y colaboración –no solo económica sino también militar– en la región, para que los actores involucrados en el narcotráfico superen esa condición.

En el caso haitiano, EE. UU. ha intervenido a través de la  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo (USAID) para que se den mejoras en salud, empleo, aplicación de justicia, profesionalización de la Policía y combate al narcotráfico, entre otras. Sin embargo a partir de 1999 comenzaron a surgir las críticas en las altas esferas del Congreso estadounidense por los resultados obtenidos en materia antidrogas; se argumentaba que a pesar de la intervención militar para restaurar la democracia en Haití “y cerca de 4.000 millones de dólares después”, el país se había convertido en el centro del tráfico de drogas caribeño, tal y como afirmó en 2000 el representante republicano John L. Mica en la Cámara de Representantes durante la audiencia ante el Subcomité de Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Comité de Reforma Gubernamental.

Desde 2004, tras la salida de Arisitide, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reveló que la situación de la fiscalización de drogas no estaba arrojando los resultados esperados, por lo que urgió al nuevo gobierno a que, con la asistencia de la comunidad internacional y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) que se instalaba en el país  –liderada por Estados Unidos y Francia– se asegurara que tales acciones tuvieran prioridad en su programa de reconstrucción nacional y que adoptara las medidas necesarias para combatir el tráfico y creciente uso indebido de drogas en el país, que poco a poco ascendía, lo mismo que la violencia relacionada con el narcomenudeo.

Gérard Latortue fue seleccionado por el Concejo y nombrado como jefe del gobierno interino (marzo de 2004 a junio de 2006). Él era un economista neoliberal y un funcionario de las Naciones Unidas. Junto con su sobrino, Youri Latortue, coordinaron la oposición política y militar contra Aristide. Al lado de Latortue, Boniface Alexandre ocupó la Presidencia por un periodo de dos años (29 de febrero de 2004 al 14 de mayo de 2006), la violencia política continuó; el número de víctimas fue considerable, sobre todo de los simpatizantes de Aristide.

Con los tres momentos descritos se aprecia cómo el narcotráfico fue creciendo en Haití (a la par que lo hacía en otras partes del continente) y cómo Estados Unidos lo utilizó discrecionalmente para derrocar a un presidente elegido de manera democrática, dejando expuesto, una vez más, su doble discurso y la violación del derecho internacional.

La inconformidad del Gobierno de Estados Unidos por los escasos resultados para “transformar” a Haití comenzó a ser una constante en su discurso para presionar a los gobiernos (inestables) y demandarles una colaboración más entregada en materia antidrogas. Por ejemplo, el Departamento de Estado y la USAID le pidieron al Congreso, para 2010-2011, duplicar el presupuesto dedicado al “control del narcotráfico y el reforzamiento de la ley”. Solicitaron un suplemento de 143.500 millones de dólares para apoyar a la MINUSTAH, rehabilitar las cárceles y la justicia, y restablecer la capacidad de la Policía Nacional Haitiana para combatir el narcotráfico.

Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, la reactivación de las rutas de tránsito de drogas fue un hecho que Washington utilizó para incrementar la militarización del área del Gran Caribe a partir de la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. En tal empeño se ha incrementado el uso de drones y las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Corrupción, factor debilitante

Haití es un eslabón más del circuito de las drogas ilícitas que obedece, en buena parte, a la demanda generada en Estados Unidos y Europa, y, de acuerdo con el incremento de la demanda, la participación de este país caribeño en el narcotráfico se ha comprometido más en un contexto neoliberal, en el que los programas asistenciales están vinculados con aquellos militares encabezados por Estados Unidos, programas con los que solo se profundizan las relaciones de dominación y exclusión.

Las instituciones políticas de este país caribeño están muy limitadas; el tan anhelado sistema democrático que tanto observan las potencias que han intervenido en él desde 1991 (como Estados Unidos, Canadá y Francia), para hablar de su historia reciente,  no está consolidado.

La debilidad detectada se encuentra en el sistema judicial haitiano, que es visto como corrupto y disfuncional porque limita de manera drástica el procesamiento interno de casos de drogas, y por lo tanto impone penas bajas tanto a las operaciones de tráfico como a las incautaciones de drogas pequeñas.

Al igual que la administración de justicia y la aplicación de la ley, la corrupción aún es un factor que debilita la correcta administración de los recursos públicos; de hecho, en los últimos meses han surgido grandes movilizaciones para exigirle al Gobierno que rinda cuentas sobre el dinero (unos 3.800 millones de dólares obtenidos de PetroCaribe, el proyecto “solidario” de Hugo Chávez que les permitió a varios países centroamericanos y del Caribe acceder a petróleo a precios preferenciales). Aunque los recursos obtenidos se deberían invertir tanto en obras de infraestructura como en proyectos económicos y sociales, varias auditorías han establecido que parte de esos dineros desaparecieron o se usaron en obras que quedaron inconclusas. Asimismo, no se descarta el impacto de la corrupción para favorecer el tráfico de mercancías, drogas ilícitas y armas, entre otros.

Aunque Haití ha cooperado en materia antidrogas, al grado de estar plenamente vinculado a las políticas que emanan de Washington, cuarenta y seis años después haber iniciado en ello, las actividades del narcotráfico se han extendido, lo mismo que sus efectos en la sociedad haitiana, condición que es común al resto del continente, donde la “guerra contra las drogas” solo ha servido como mecanismo de coerción, injerencia y desestabilización.

Lea el artículo “El auge del narcotráfico en Haití y la guerra (fallida) contra las drogas”, publicado en la revista Forum del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia

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