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Narcotráfico en Colombia y México: una relación de vieja data

Cada país ha contado con sus propias políticas y programas, que se expresan de manera clara en los planes Colombia (1999) y Mérida (2008).

La confluencia de las historias del narcotráfico en Colombia y México no es de ahora. En ambos países, su origen y evolución están atados a crisis estructurales de los modelos de desarrollo económico –inscritos en economías agrarias y extractivas– y a periodos de transición hacia sociedades modernas con determinantes crecimientos urbanos.

Esto compromete a amplios sectores de la población marginada, e involucra a élites sin escrúpulos, dispuestas a cualquier cosa por aumentar sus ingresos y fortalecer sus patrimonios y sus empresas productivas dentro de las economías convencionales, con dineros provenientes de la ilegalidad.

Al hacer un análisis comparado de la historia de la delincuencia organizada del narcotráfico en los dos países se encuentran varios elementos comunes.

Negocio desde la segunda mitad del siglo XX

Tanto en México como en Colombia el origen del narcotráfico y la producción y venta de narcóticos tiene sus antecedentes a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En este lapso, drogas como la marihuana, los opiáceos y la cocaína se utilizaban en Colombia por razones médicas. Tanto los derivados del opio –como la morfina y la heroína– como los elementos extraídos de la cocaína, los vinos de coca y los cigarrillos de marihuana fueron prescritos por los médicos y se obtenían fácilmente en las farmacias y los mercados populares.

Sin embargo el requisito fundamental para que el narcotráfico emergiera como una economía creciente fue la declaración de ilegalidad del consumo de narcóticos, en la época en que Estados Unidos promovía que los países aceptaran el control del opio mediante leyes que castigaran a los infractores. Se prestó especial atención a la producción de sustancias psicoactivas en el área Andina, Chile, Argentina, Bolivia y Perú.

Con el fin del ciclo de la “marimba”, durante la década de los setenta, se inició el de la coca. La nueva hegemonía se impulsó mediante las migraciones de colombianos a los Estados Unidos, que facilitaron la conquista del mercado de consumidores.

En este contexto se realizaron la Convención Internacional del Opio de Shanghái (1909) y la Conferencia de La Haya (1912), punto de partida de la lucha contra las drogas que se retomó hacia 1921, después de la Primera Guerra Mundial, cuando uno de los objetivos fue su penalización. En Colombia, esta tendencia se plasmó en la Ley 11 de 1920, cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) introdujo en el Código Penal la sanción al tráfico y comercio de narcóticos.

Entre tanto en México se declaran ilegales dos cultivos que se producían de manera generalizada: la marihuana y la dormidera, base para la elaboración del opio y de la heroína, su derivado más conocido.

Crisis agrarias, marginalidad y pobreza

Tanto las crisis agrarias y la alta dependencia de la extracción intensiva de recursos naturales destinada a su exportación (economía extractiva), como el crecimiento de la marginalidad y la pobreza, incrementan la informalidad económica y la ilegalidad. La imposibilidad institucional de ofrecer políticas de empleo y bienestar a una población en crecimiento, hace que esta vea en la migración ilegal a países desarrollados la posibilidad de construir sus proyectos de vida. Esta situación obliga a algunos –en condición de migrantes ilegales y en distintos niveles– a relacionarse con las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Con el fin del ciclo de la “marimba”, durante la década de los setenta, se inició el de la coca. La nueva hegemonía se impulsó mediante las migraciones de colombianos a los Estados Unidos, que facilitaron la conquista del mercado de consumidores.

A finales de la década, un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas permitió tanto el desarrollo de la industria del narcotráfico en Colombia –durante el ciclo de la cocaína– como el aumento de la lucha contra la insurgencia que duplicó el esfuerzo del Estado al tener que enfrentar dos fenómenos simultáneos: el incremento vertiginoso del consumo y la demanda de droga en los Estados Unidos y Europa, y una equivocada política antidrogas que privilegió la lucha contra la producción y fue tolerante con el consumo.

A lo anterior se suman ciertos elementos estructurales que motivaron a importantes sectores de la población a incursionar en el negocio del narcotráfico, entre ellos:

  • Precario crecimiento económico de la década de los setenta.
  • Pauperización de las clases medias y pobres.
  • Posibilidad de consolidar focos del narcotráfico en las ciudades con la complicidad de importantes sectores sociales e institucionales.
  • Existencia de servidores públicos y autoridades, cómplices en la expansión del fenómeno.
  • Surgimiento de una delincuencia común de clases medias bajas, que se convirtió en una clase emergente por medio del narcotráfico.
  • Rápido y abrumador enriquecimiento, que condujo a un importante grupo de narcotraficantes a establecer relaciones con élites económicas y políticas y a minar la institucionalidad mediante la introducción de capitales del narcotráfico, a través de lo que se conoció como la “ventanilla siniestra” del Banco de la República –donde se legalizaban fortunas construidas de forma ilegal– y de la Amnistía Tributaria, que posibilitó el ingreso de capital ilegal a la economía regular.

Durante la década de los ochenta se incrementó significativamente el consumo de cocaína en el mundo, lo que disparó el negocio del narcotráfico. Sin embargo lo más relevante de este crecimiento y consolidación de los carteles fue el desarrollo de un proceso mafioso, que comprometió la economía, la sociedad y el Estado, que se movía en las lógicas de un modelo criminal de acumulación capitalista.

Los carteles se consolidaron como organizaciones mafiosas e introdujeron capitales a la economía nacional mediante actividades de finca raíz, comercio, turismo, hotelería, transporte, salud, vivienda, educación y otros ámbitos de la economía convencional.

Ausencia del Estado

Territorios y poblaciones abandonadas por el Estado se articulan al desarrollo de cultivos de uso ilícito, que les proporcionan mayores recursos que las incertidumbres productivas y de mercado de las economías agrarias tradicionales, golpeadas por circunstancias climáticas, falta de asistencia técnica y acompañamiento institucional, problemas de mercadeo y obligaciones financieras e hipotecarias.

En el Valle del Cauca, por ejemplo, los carteles surgieron en el contexto de la crisis regional de los dos principales productos de la región: la caña de azúcar y el café. Las altas tasas de desempleo entre los jóvenes y las pocas oportunidades de desarrollo económico para las clases medias fueron el campo fértil para su florecimiento.

Uso de las rutas del contrabando

La existencia ancestral de las prácticas del contrabando y sus respectivas rutas heredadas de los viejos procesos coloniales fueron el soporte inicial del tránsito de narcóticos en ambos países. Después, la demanda comienza a vigorizar el negocio y la persecución mejora los precios en el mercado de consumidores y los dispara a niveles que solo la propia competencia entre carteles podrá detener.

Por esas rutas se inició la comercialización de la marihuana (años sesenta y setenta); luego el tráfico de la cocaína llegó a México en alianza con los carteles colombianos, y finalmente, en el caso mexicano, la industria se desarrolló con la expansión de la producción de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas.

Para 1978, la marihuana en Colombia representaba casi el 39 % de las exportaciones nacionales con ganancias exuberantes.

Los dos puntos fundamentales de despliegue del contrabando fueron Urabá y La Guajira. El grupo antioqueño que dio origen al Cartel de Medellín (Colombia) operó desde la costa Atlántica y el Cauca. El primer ciclo de contrabando estuvo unido, especialmente, a la producción y comercialización de marihuana.

De esta manera, los traficantes encontraron apoyo en contrabandistas establecidos en la región y se dio una especie de alianza, gracias a que conocían las rutas.

Para 1978, la marihuana en Colombia representaba casi el 39 % de las exportaciones nacionales con ganancias exuberantes, equivalía al 7,5 % del PIB del país, el 3,2 % del producto interno agrícola y el 29 % del sector comercial según la ANIF. Los dineros también eran lavados mediante la subfacturación de importaciones.

La economía de la marihuana además estimuló y aumentó la corrupción institucional y consiguió que el dinero dejara “ciega” a la Policía y a la Justicia. Según la ANIF, en términos de sobornos se aportaron más de cuatro mil millones de pesos a policías, militares y jueces durante este periodo.

En Colombia el fin de esta bonanza “marimbera” obedeció a medidas legislativas contra la producción y comercialización de la hierba, sin mayores avances, como el bloqueo de vías y canales por los que se transportaba. También contribuyó la expansión de cultivos en California a comienzos de los años ochenta, debido a la legalización de la producción en Estados Unidos para el consumo personal.

De liderazgos familiares a carteles

La formación de grupos de narcotraficantes a partir de liderazgos familiares, relaciones de parentesco y de amigos, en contextos de control territorial sobre producción, rutas y mercados, sumados a la disputa entre distintas iniciativas, se van consolidando mediante redes y alianzas hasta constituir el modelo de carteles y de desarrollo de relaciones transnacionales, que articula empresarios, productores, transportadores y mercaderes en la cadena productiva con alta rentabilidad.

En Colombia se forman principalmente los carteles de Medellín (cuyo origen está asociado con la unión de la delincuencia común y organizada dedicada al contrabando, el tráfico de esmeraldas y la producción y el tráfico de marihuana en los años cincuenta y sesenta), Cali (constituido por ciudadanos de clase media, articulados a actividades económicas convencionales y con una importante experiencia empresarial) y Norte del Valle (que cobró importancia como consecuencia de la guerra de los carteles de Cali y Medellín) y de un gran número de pequeños grupos desagregados de estos, originados en las disputas internas, la muerte o captura de los grandes capos.

Por su parte, en México existen varias percepciones sobre la dimensión del fenómeno. Una de ellas es la de la Procuraduría General de la República, según la cual existen dos grandes células (la de Guzmán y la de Cárdenas) divididas en los siguientes siete carteles:

  • del Golfo,
  • de Oaxaca o del Istmo,
  • de Juárez,
  • de Colima o de los Amezcua,
  • de Tijuana o de los Arellano Félix,
  • de Sinaloa,
  • del Milenio o de los Valencia y
  • de los Zetas.

Legalización de dineros y seguridad armada

En el ámbito de las relaciones económicas, los capos de los distintos carteles mexicanos y colombianos buscan legalizar los recursos provenientes del narcotráfico a través del lavado de dinero. Para esto, desarrollan complejos mecanismos de testaferrato, cada vez más cualificados, e invierten en sectores consolidados de la economía como el agrario, ganadero, minero, industrial, comercial y de turismo, transporte, educación, salud, deportes y finanzas, entre otras muchas actividades legales.

Las organizaciones de ambos países también cuentan con poderosos grupos armados para su seguridad y prácticas de violencia selectiva, dirigida o indiscriminada, criminal y genocida contra personas, territorios y poblaciones. En México, por ejemplo, están los Zetas, que inicialmente se dedicaron a la seguridad pero que después incursionaron en el negocio.

La guerra entre los distintos grupos, e incluso en su interior, hace de la violencia un factor determinante en la construcción de las relaciones de poder y control territorial de centros de producción, rutas y mercados. Las prácticas de terror y la creación de ambientes de miedo generalizado a partir de acciones violentas, amplificadas por los medios, forman parte de sus estrategias de comunicación y control de poblaciones y territorios y de intimidación de las instituciones, utilizadas por el cartel de la droga en ambos países.

Lucha contra el narcotráfico

Cada país ha contado con sus propios programas y políticas que se expresan de manera clara en los planes Colombia (1999) y Mérida (2008), en los cuales se fijaron las líneas generales de la política antidrogas norteamericana en su relación con los dos países y que ha contado con el acompañamiento de agencias contra las drogas como la DEA y la CIA. No obstante, los resultados están lejos de ser exitosos y en ambos países la industria de narcotráfico se renueva y crece pese a los esfuerzos institucionales por combatirlo.

Hoy es absolutamente claro, para ambas naciones, que la política nacional de drogas debe estar basada en la evidencia sustentada en la mejor información disponible sobre la efectividad de las estrategias y los programas implementados para confrontar las diferentes dimensiones asociadas tanto con la producción, el tráfico y la distribución de drogas, como con las prácticas de lavado de activos y sus impactos en la vida social, económica y política de las dos naciones, pero que no es allí donde se resuelve el problema de la producción en relación con la demanda, sino en una política de salud pública coherente dirigida a tratar el consumo y disminuir la demanda.

Esto implica que tanto en México como en Colombia la política nacional de drogas se diseñe con un enfoque de salud pública y sea respetuosa de los derechos humanos. Debe contener programas y estrategias integrales, con enfoques diferenciados por territorio, grupos poblacionales y necesidades de intervención. Además debe considerar tanto sus posibles impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad –como mujeres, grupos étnicos o personas en condiciones de pobreza– como la salud y seguridad de los consumidores. Lo anterior debe estar unido a una política criminal que confronte en fenómeno en la lucha directa y frontal contra los grandes beneficiarios de la economía del narcotráfico.

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