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Migración venezolana, nuevo reto para la salud pública en Colombia

Los procesos de migración humana son tan antiguos como la humanidad misma, y se han ocasionado especialmente por los cambios climáticos, las guerras y las crisis económicas. Sin embargo se han acrecentado en la época de la globalización, la cual favorece el flujo transnacional de personas, bienes y servicios, aunque al mismo tiempo genera regulaciones y límites para el tránsito humano entre países.

Aunque la migración puede ocurrir en condiciones armoniosas, en las que los migrantes se integran efectivamente a la sociedad receptora fortaleciendo la diversidad cultural, la innovación y el crecimiento económico, en muchos otros casos, en especial cuando es “irregular”, la mayoría de las personas que migran suelen tener bajos ingresos, limitadas redes sociales y dificultades de acceso a los servicios de salud y a un trabajo digno, además de que son más vulnerables tanto a la violación de sus derechos humanos como al estigma, la violencia física, la discriminación y la explotación sexual.

Por lo anterior, desde una perspectiva de salud global, la migración se debe considerar como un determinante transversal de la salud, ya que constituye el contexto, las condiciones y las circunstancias en las cuales se pueden presentar cambios en los procesos de salud-enfermedad transnacionales, incluyendo entre estos la transmisión de enfermedades infecciosas, los retos para atención de las enfermedades crónicas, la salud mental y la violencia.

Según datos de Migración Colombia, entre principios de 2017 y mediados de 2018 ingresaron al territorio nacional más de 1.200.000 migrantes venezolanos, de los cuales 429.247 lo hicieron en situación irregular.

Frente a la evidencia de un fenómeno migratorio masivo, la comunidad internacional, las agencias intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales entendieron la necesidad de apoyar o complementar la acción institucional y el tema pasó a dominar el discurso público, la agenda internacional y las políticas de todos los sectores. Precisamente la rápida respuesta institucional se ha visto traducida en más de una decena de decretos, resoluciones y circulares, y también en la creación del “Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio”, el desarrollo del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) en 2018, y más recientemente el documento Conpes 3950 de 2018.

Preocupa el financiamiento

En julio del año pasado el RAMV identificó 442.462 migrantes irregulares, en especial en Norte de Santander, La Guajira, Bogotá D. C. y Atlántico. Gracias al decreto 1288 de 2018, estas personas tuvieron la posibilidad de regularizarse a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual les permite trabajar y afiliarse al sistema de salud. Este reconocimiento, en el marco de los acuerdos internacionales, obliga al Estado colombiano a proteger a esta población y propender por su inclusión social efectiva.

De los grupos de migrantes desde Venezuela que se han identificado: colombianos de retorno, migrantes regulares, poblaciones indígenas, y migrantes irregulares, estos dos últimos parecen ser los más vulnerables. Sin embargo son personas jóvenes y relativamente sanas. En la literatura científica es reconocido el “efecto del migrante sano”, que consiste en que quienes suelen migrar por lo general son las personas más jóvenes y en edad productiva, con relativas buenas condiciones de salud.

Con respecto a la salud, el plan de respuesta ratificó que todos los migrantes tienen derecho a la atención de urgencias y a las intervenciones colectivas; asimismo garantiza la atención universal de poblaciones priorizadas –niños y gestantes–. Pero las personas en situación de irregularidad no se pueden afiliar al sistema de salud, y aunque la mayoría son sanos, existe una proporción con enfermedades crónicas que no recibe atención de consulta externa, solo de urgencia o a través de la atención primaria brindada por las organizaciones humanitarias. Incluso en el caso de aquellos con PEP, la mayoría aún no se encuentra afiliada, aunque se espera que esto cambie rápidamente.

Las principales dificultades para garantizar el aseguramiento en salud tienen que ver con la necesidad de la regularización, que es requisito frente al Sistema de Salud y Seguridad Social, pero también, por supuesto, comprometen la garantía de financiamiento. Solo en el primer trimestre de 2018 se realizaron más de 47.000 atenciones de urgencia a migrantes, y durante todo el año pasado se atendieron más de 3.000 nacimientos en el país. Así mismo se ha hecho un esfuerzo gigantesco en garantizar coberturas de vacunación para prevenir el riesgo de enfermedades trasmisibles, además de diversas acciones colectivas. Aunque las agencias humanitarias han apoyado la realización de brigadas de atención primaria en las zonas priorizadas, la percepción de sobredemanda y la preocupación por el financiamiento ha sido señalado repetidamente por varias autoridades sanitarias en los entes territoriales.

Opciones de financiamiento complementarias

En el campo de atención en salud, el documento Conpes 3950 incluye la necesidad de mejorar la respuesta en salud pública y de incrementar el aseguramiento para los migrantes. Sin embargo también es importante avanzar en la búsqueda de opciones de financiamiento complementarias, como la posibilidad de crear un POS parcial que garantice que los migrantes irregulares que son enfermos crónicos reciban atención básica, ya que a la larga esto sale más económico que solo atender urgencias. Esto, ligado a mantener una política de regularización, es fundamental para evitar que la migración se vuelva una nueva fuente de desigualdades en salud.

Los datos recogidos por el Boletín Epidemiológico número 16 de 2019 indican que con respecto a 2017 hubo un incremento de los eventos de salud pública en personas procedente de Venezuela en malaria, desnutrición aguda, violencias basadas en género, dengue y mortalidad por VIH.

Es importante tener en cuenta que los migrantes no son causa de enfermedades, y, por el contrario, urge entender que se trata de un problema binacional, en el que el contexto de la migración y las condiciones del lugar de origen son las que también favorecen la ocurrencia de estas afecciones, siendo los migrantes los primeros afectados.

Para la salud pública en Colombia es relevante estudiar los procesos migratorios, en especial con los siguientes objetivos:

  1. Identificar y medir las desigualdades en salud emergentes entre migrantes y locales, y sus impactos sobre los migrantes y la sociedad receptora.
  2. Analizar los retos de los sistemas de salud tanto para la prestación de servicios como para la protección, el mejoramiento y la promoción de la salud de los migrantes.
  3. Vigilar los cambios en el perfil epidemiológico subsecuentes al proceso migratorio, en especial la nueva emergencia de eventos de interés en salud pública como las enfermedades inmunoprevenibles y las infecciosas en general, además de la carga de enfermedad derivada de los déficits de atención de las enfermedades crónicas.
  4. Evaluar el estado de salud mental, y en general la vulnerabilidad psicosocial de los migrantes a problemas tales como el consumo de drogas, la violencia, la explotación sexual y los riesgos ocupacionales.
  5. Diseñar, implementar y evaluar intervenciones para mejorar la salud los migrantes.
  6. Evaluar el impacto económico de la atención en salud a los migrantes para generar políticas costo-efectivas.

Todos estos procesos requieren, además de la generación de sistemas de información en salud que den cuenta del estado de la salud, las intervenciones y la atención de los migrantes, de la respuesta social, dadas sus necesidades.

Por ende, la consolidación de las relaciones entre migración humana y salud como un campo de estudio propio de la salud pública en Colombia es ahora una necesidad imperiosa que permitiría generar información para la toma de decisiones en este ámbito, basadas en evidencia, de forma multidimensional, dinámica y continua, en un marco ético transnacional de los derechos humanos y la equidad en salud pública. Este esfuerzo debe traspasar la coyuntura actual de la migración venezolana, en un contexto mucho más amplio que incluya el desplazamiento interno, los flujos pendulares, y en general las movilizaciones humanas y sus relaciones con la salud, desde una perspectiva global, que permita mejorar nuestras respuestas nacionales y locales.

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