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Migración venezolana: más allá del registro, el reto es su integración e inclusión

Hoy se registran en el mundo más de 6 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, de los cuales casi 5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, siendo Colombia el principal receptor, con más de 1.842.000 migrantes, es decir que el 30 % de la diáspora venezolana se encuentra en el país, además de los cerca de 940.000 colombianos que retornaron desde ese país. 

 

Para ofrecerles una permanencia en Colombia en condiciones de legalidad migratoria especial para desempeñar cualquier actividad lícita, el Gobierno puso en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV).

 

Como resultado de esta iniciativa, hasta mediados de febrero se habían otorgado más de 611.000 Permisos por Protección Temporal, documento de identificación que les permitirá acceder al Sisbén, a los servicios de asistencia médica, a educación y a trámites bancarios.

 

En Encuentros IEPRI, iniciativa del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Ronal Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria –proyecto de esta universidad y la Fundación Konrad Adenauer–, afirmó que “la política migratoria colombiana era muy limitada, y es a raíz de la migración proveniente de Venezuela que por primera vez se ve a Colombia como un país en movilidad humana, lo cual le obligó a pensar en una estrategia diferente. El ETPV es la respuesta más importante en la región para regularizar a la población en condición de movilidad humana”.

 

Según el experto, “el Estatuto es la respuesta a una dinámica que ya se estaba dando en la sociedad colombiana. Antes que el Estado, las organizaciones civiles –como la Iglesia– fueron las primeras en atender a los migrantes venezolanos de forma muy rápida”.

 

Señaló además que “todo este proceso se ha dado en un momento en el que las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela son casi inexistentes, y ante una creciente crisis social y política en la enorme frontera compartida”. 

 

“A través de la Bitácora Migratoria se viene realizando un seguimiento a todo este proceso, y aunque el registro va bien, lo más difícil es la inclusión e integración migratoria, y sobre todo determinar si esta población logra tener la vocación de permanencia para convertirse en residentes”.

 

Manifestó que “la materialización y el éxito de esta gestión facilitará no solo la integración e inclusión de los migrantes a la sociedad colombiana, sino que también es una barrera de contención y canalización de la tensión y conflictividad que producen los movimientos migratorios en las democracias contemporáneas y, particularmente, en la región andina”. 

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