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Medidas neoliberales mantienen a Puerto Rico en profunda crisis económica

Puerto Rico es un lugar de contrastes. Una visita a esta isla caribeña permite apreciar obras de infraestructura como el Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot” –con capacidad para 18.000 personas y una cartelera de espectáculos de talla mundial–, su Tren Urbano y su red vial, que cuenta con obras como el Puente Teodoro Moscoso, que son maravillas de la ingeniería contemporánea. También tiene centros comerciales con algunas de las tiendas más famosas del mundo, y hospitales en los que se practican las técnicas más avanzadas de la medicina. En cuanto al capital humano, posee una fuerza trabajadora de alta cualificación,  producto de las 49 universidades públicas y privadas que ofrecen bachilleratos (pregrados), maestrías y doctorados en muchas materias.

Por otro lado existe un Puerto Rico que hasta hace poco estuvo más oculto para el resto del mundo, con una tasa de desempleo del 9,3 % en junio de 2018, una tasa de participación laboral de un 39,7 %, un nivel de pobreza que alcanza a 4 de cada 10 puertorriqueños y una deuda pública que sobrepasa los 70.000 millones de dólares.

Estos datos evidencian la crítica situación económica y fiscal de este país caribeño de 3.600.000 habitantes, razón por la cual cabe preguntarse qué sucedió para que de ser conocido como la “vitrina del progreso en América Latina” pasara a considerarse como “la Grecia del Caribe”, en referencia a la situación de endeudamiento y fragilidad económica que afronta este país de la Unión Europea desde la crisis financiera de 2009. En el presente texto se intentarán abordar algunas de las principales razones.

Adiós al “paraíso contributivo”

En la década de los cincuenta Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos en el Caribe, lanzó un poderoso programa de modernización del Estado y de su economía conocido como “Operación manos a la obra”, con el que la Isla pasó de ser considerada como la “casa pobre del Caribe”, a uno de los países con mejores índices de calidad de vida en Latinoamérica, una situación que se mantuvo durante varias décadas del siglo pasado.

Entre los pilares de esta estrategia de crecimiento económico de Puerto Rico se encontraban las exenciones tributarias, ya que las compañías estadounidenses que operaban allí estaban exentas de tributar sus ganancias, las cuales podían repatriar libres de impuestos a los Estados Unidos. Además gozaban de exención contributiva local, es decir que no pagaban impuestos en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Otros beneficios fueron:

  • el libre movimiento de productos entre los mercados de Puerto Rico y Estados Unidos libre de impuestos aduaneros,
  • la existencia de una infraestructura adecuada, y
  • la provisión de mano de obra relativamente barata, entre otros.

Sin embargo sectores poderosos de la política y del Gobierno estadounidenses clamaban por la eliminación de este “paraíso contributivo”. Dicha petición se hizo efectiva, y en 1996 el Congreso de los Estados Unidos eliminó la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal y le dio a Puerto Rico y a las compañías beneficiadas un periodo de gracia de diez años (hasta 2006) para liquidar este incentivo contributivo. Desde entonces la Isla ha batallado por encontrar un modelo o una estrategia económica que genere los recaudos para el erario, empleos para la población y bonanza para la sociedad, como lo hizo la “Operación manos a la obra”.

A esto se le suma el alto nivel de endeudamiento público y las exageradas inversiones en obras de infraestructura y proyectos sociales de impacto a corto plazo, los cuales fueron drenando el presupuesto y el crédito.

Entre los factores que también han profundizado la crisis está el pasivo pensional –estimado en 2.500 millones de dólares al año– que ha obligado al actual gobernador Ricardo Rosselló Nevares a hacerle reformas al sistema de pensiones de los empleados públicos de Puerto Rico, precisamente uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica en la Isla.

Fuerza laboral no para de emigrar

El incremento de la emigración hacia Estados Unidos es otro indicador de la crisis económica que golpea a Puerto Rico. Es importante recordar que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, por lo cual no necesitan pasaporte ni visado para ingresar y permanecer en ese país.

Un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico señala que en 2015 emigraron 89.000 personas y la Oficina del Censo de los Estados Unidos estimó que entre abril de 2010 y julio de 2015 la población disminuyó en 6,8 %, lo cual implica una merma poblacional de más de 250.000 personas. Esta misma institución calcula que en 2024 la Isla será habitada por menos de 3 millones de puertorriqueños.

El paso devastador de los huracanes Irma (septiembre de 2017) y María (agosto de 2018) ha influido en los altos niveles de emigración hacia los Estados Unidos desde 2017. Se calcula que cerca de 200.000 puertorriqueños decidieron partir, y se podría deducir que no regresarán debido a la precaria situación económica que aqueja la Isla desde hace más de una década.

Cada vez que alguien abandona Puerto Rico se agrava la situación, ya que se reduce la base fiscal de la isla, de la cual depende el gobierno para sufragar sus propias necesidades y sus deudas.   

Una “Promesa” que no cala

Para intentar paliar la crisis económica, el Gobierno de Puerto Rico ha implantado una serie de medidas económicas de corte neoliberal, entre las que se encuentran:

  • el aumento del costo de una serie de bienes y servicios ofrecidos por el Estado y sus corporaciones públicas,
  • la imposición de nuevos impuestos y el aumento de otros ya vigentes,
  • la congelación de la negociación de convenios colectivos en el sector público,
  • el despido de empleados públicos, y
  • la congelación de puestos de trabajo en el Gobierno.

Aún con la implantación de estas y otras medidas similares, el índice de actividad económica ha sido negativo, al menos desde 2013.

En 2016, para hacer frente a la crisis económica, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, convirtió en ley el proyecto del Senado 2328 titulado “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”, ley comúnmente conocida por sus siglas en inglés como “Promesa”. Mediante este estatuto se estableció la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, cuyos miembros fueron nombrados por el Presidente y por el liderazgo congresional.

La Junta cuenta con amplios poderes cuyo fin es estabilizar las finanzas de Puerto Rico y lograr acuerdos con sus acreedores para el pago de las deudas y lograr su reincorporación a los mercados de capital. Esta ley también protege temporalmente el país del embargo de sus bienes y haberes. Sin embargo en amplios sectores de la opinión pública se resiente el poder de esta Junta, pues erosiona los niveles de “gobierno propio” alcanzados desde 1952.

Paradójicamente, este organismo del Gobierno de los Estados Unidos ha promovido medidas de corte neoliberal que en vez de ayudar pueden profundizar la depresión económica que vive Puerto Rico desde 2006. Entre estas medidas se cuentan:

  • la reducción del gasto público,
  • el cierre de escuelas públicas con poca matrícula,
  • el aumento del costo de la matrícula en las universidades públicas,
  • la reducción de beneficios a los jubilados,
  • la reducción del salario mínimo,
  • la flexibilización de la protección contra despidos injustificados en el sector privado, y
  • el recorte de puestos de trabajo en el sector gubernamental.

la falta de un modelo económico en el país, que permita la generación de empleos y la acumulación de capital, ha provocado la pauperización de un amplio segmento de la población del país. Según datos del estudio “La pobreza en Puerto Rico: estadísticas, políticas públicas e impacto en la vida de los ciudadanos, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, publicado en 2013 por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), la isla tiene un mayor nivel de desigualdad económica, medida en términos de la distribución de ingresos que cualquier estado de Estados Unidos.

El estudio mostró  también que el 57.4 % de los niños del país vive en un núcleo familiar considerado como pobre; el 49.5 % de éstos vive en un núcleo familiar en el que se depende de alguna ayuda federal tales como el Seguro Social Suplementario, la Asistencia Social (TANF) o ayuda del Programa de Asistencia Nutricional; la inflación y las crisis económicas han golpeado más fuertemente a las personas mayores de 65 años; y los niveles de pobreza no han disminuido significativamente en 20 años.

En síntesis, Puerto Rico representa un ejemplo tanto de la fragilidad de la economía de los países de la región como de la importancia de tomar decisiones ponderadas en materia de política económica y fiscal. En particular, se destaca el cuidado que deben tener los Estados a la hora de implementar medidas de austeridad fiscal como mecanismos para paliar las crisis fiscales. La historia demuestra que la austeridad casi nunca ha dado resultado.

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