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Medidas asistencialistas no resolverán causas estructurales del hambre

En el libro The taste of War: World War II and the Battle for Food (Collingham, 2013) se analiza el papel que desempeñó la comida (y su carencia) en la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo algunas reflexiones planteadas por la historiadora Lizzie Collingham, al rastrear la interacción entre el control del acceso a los alimentos y las estrategias de guerra, se puede estimular el ingenio para hacer lecturas alternativas al Mapa de los puntos críticos del hambre presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para el periodo febrero-mayo de 2022.   

 

En el último mes, las reflexiones provenientes de la academia, la sociedad civil y de expertos que abogan por la soberanía alimentaria marcaron una tendencia: es una desfachatez que el actual gobierno le solicite a la FAO y al PMA que saque a Colombia de dicho mapa. Basados en las estadísticas oficiales nacionales (DANE, 2021; ANDI, 2019; ENSIN, 2015), estos sectores le solicitan al presidente Iván Duque que no niegue la inseguridad alimentaria que sufren más del 54 % de las familias, y que acepte que las medidas asistencialistas para paliar el problema (como la entrega de bonos en efectivo y de paquetes provenientes del agronegocio y las importaciones) no van a resolver las causas estructurales del hambre.

 

Hay algo que es evidente cuando se observa el polémico mapa del hambre: la mayoría de los 20 puntos críticos son países que experimentan en sus territorios los estragos de la guerra, conflicto armado, invasiones, desplazamiento forzado y colonización en nombre del progreso.

 

 

Aunque explicar las razones de la guerra en cada uno de esos 20 puntos es una tarea más compleja, el mapa resalta lugares con gran diversidad étnica que aún resisten la arremetida homogeneizadora de la modernidad y del desarrollo (por ejemplo: Myanmar con más de 100 grupos étnicos y Colombia con 115 pueblos y naciones indígenas). Desde esta perspectiva, las conclusiones del informe Hunger Hotspot (2022) son contundentes: entre más guerra más hambre. 

 

Indicadores políticos

 

Para construir tanto el mapa como las narrativas y las recomendaciones del informe, la FAO y el PMA triangularon datos y combinaron metodologías cuantitativas y cualitativas, entre las que se destacan la inclusión de determinantes sociales como: factores climáticos, alza en los precios de los alimentos, inestabilidad política y económica, entre otros. 

 

Estas agencias de la ONU usaron indicadores para medir la inseguridad alimentaria diseñados por ellos mismos (Integrated Food Secury Phase Classification -IPC- o Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security -CARI-). IPC y CARI son métricas con ventajas y dificultades, pero sobre todo con un carácter político, son invenciones técnicas permeadas por relaciones de poder. Como toda herramienta científica, estos indicadores no son puros e impolutos. En todo caso, con los datos que recopilaron en cada país en donde brindan apoyo humanitario y asistencias técnicas, emiten una “alerta” para prevenir crisis por escasez de alimentos. 

 

Los autores aclaran los límites de sus metodologías; por ejemplo, señalan que algunos podrían tener un lugar en el mapa, pero desafortunadamente no se incluyeron debido a que no reportan datos, este es el caso de Venezuela, Corea, y alrededor de 13 países más. 

 

El hambre y sus soluciones huelen a selva quemada, la guerra en Colombia tiene unas notas amargas de Bienestarina. Ese olor y ese sabor se han venido cocinando desde el periodo estudiado en el libro The Taste of War

 

En Colombia se hicieron los análisis con las bases de datos de CARI y no se cuenta con información significativa del IPC. A pesar de estas ambigüedades metodológicas se hicieron predicciones al respecto. 

 

No se puede desconocer que detrás de la construcción de este informe hay un gran despliegue de buenas voluntades, recursos humanos y económicos, pero sobre todo una intención política. Quienes lo hicieron apostaron por varias cosas, una de ellas fue “obtener financiación para afrontar las crisis diagnosticadas”, como lo manifestó el representante de FAO/Colombia a los pocos días de haberse publicado el Informe, en la rueda de prensa que convocó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para solicitar que se retirara a Colombia del mapa. 

 

Acciones asistencialistas

 

No queda duda de que la intención intrínseca de la FAO/PMA es la de atender el hambre, con acciones rápidas/urgentes como lo plasman en el resumen de las recomendaciones, o apelando a algunas soluciones estructurales descritas en las narrativas específicas por países. 

 

Al Gobierno de Colombia le recomiendan que cumpla con el Acuerdo Final de Paz para abonar a las soluciones estructurales del problema, sin embargo, el presidente Iván Duque prefiere continuar con la implementación de las acciones rápidas/urgentes como proporcionar transferencias en efectivo o asistencia alimentaria.

 

A las pocas semanas de haberse publicado el Informe, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) compró cosechas futuras por más de 1,1 billones de pesos, para garantizar hasta el 2027 la producción y distribución de Bienestarina, alimento del que cada año –desde hace 45 años– se entregan en promedio 18.000 toneladas en 1.117 municipios de todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta Nariño y desde Chocó hasta Vichada. 

 

Dicho alimento precocido se produce desde 1976 como política de Estado para combatir la malnutrición (otro de los tantos tecnicismos y métricas usadas para gestionar el hambre). Es la “hija estrella” de la revolución verde y de los paradigmas desarrollistas de la “nutrición adecuada” de la época. 

Hoy y a futuro el Estado seguirá produciendo la Bienestarina, cuyos principales ingredientes son commodities o materias primas agrícolas: trigo, soya y maíz, cierta cantidad de leche en polvo con adición de vitaminas y minerales. 

 

Entregar Bienestarina o paquetes de apoyo alimentario que contienen aceites (de palma, entre otros), arroz, azúcar, leguminosas, atunes en lata, pasta de trigo, etc.) forma parte de las recomendaciones y soluciones “rápidas/urgentes” emitidas e implementadas por varios actores involucrados en la gestión gubernamental del hambre: agencias de cooperación internacional, Estados, almacenes de cadena (en donde se redimen bonos de asistencia alimentaria) y asociaciones de industriales (en donde se pactan importaciones, exportaciones y compras futuras de commodities agrícolas). 

 

Todos estos actores producen cifras y datos para diagnosticar (y luego solucionar) el fenómeno del hambre. La Gran Alianza por la Nutrición es una de las estrategias del Plan de Desarrollo 2018-2022 para promover la seguridad alimentaria, fue creada hace tres años por la primera dama, María Juliana Ruiz, y está conformada por la Fundación Éxito, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la FAO, el PMA, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y el ICBF, entre otros. 

 

No se puede desconocer que detrás de la construcción de este informe hay un gran despliegue de buenas voluntades, recursos humanos y económicos, pero sobre todo una intención política. Quienes lo hicieron apostaron por varias cosas, una de ellas fue obtener financiación para afrontar las crisis diagnosticadas.

 

¿Qué es lo que están recomendando todos estos actores y qué es lo que está entendiendo e implementando el Gobierno? ¿De dónde provienen los millones de paquetes alimentarios entregados por el PMA para luchar contra el hambre en todo el mundo? ¿Dónde se producen las materias primas para manufacturar la Bienestarina? ¿De qué territorios saldrán los alimentos/mercancías para calmar el hambre de más de 7,3 millones de colombianos? 

 

En el informe Hunger Hotspot se menciona que el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) de la FAO/PMA de 2021 solicitó 34,5 millones de dólares para las intervenciones nacionales de seguridad alimentaria. Para los 20 países incluidos en el mapa del hambre de este año, el HRP se estima en 4.400 millones de dólares. Responder a estas preguntas podría dar pistas sobre las articulaciones entre guerras, desplazamientos y los entramados históricos no lineales de la lucha esquizofrénica contra del hambre. 

 

Deforestación e inseguridad alimentaria

 

La esquizofrenia es un trastorno por el cual las personas interpretan la realidad de manera “anormal”. ¿Cuál es la realidad local de la administración global del hambre? En la Amazonia colombiana, por ejemplo, para 2020 la tala y quema de bosque creció en 149 % respecto a 2019. 

 

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que lleva su propio conteo y sobrevuela regularmente las áreas afectadas, registró al menos 938 incendios forestales, la cifra mensual de enero más alta desde 2012. Según sus datos y de Rainforest Investigation Network, la desforestación de la selva amazónica obedece principalmente a la instalación de ganado (para producción de carne y leche), a lo que se le suma la construcción de vías y monocultivos. 

El reciente libro de Felipe Roa-Clavijo, The Politics of Food Provisioning in Colombia,explora las tensiones entre los movimientos agrarios y el Estado en torno a la política de aprovisionamiento de alimentos. 

 

Los atlas del agronegocio de la Fundación Heinrich Bölly de la Alianza Biodiversidadtambién ayudan a reflexionar sobre cómo seamalgamanlos flujos de producción y distribución de materias primas agrícolas en todo el mundo, con los regímenes energéticos y los regímenes de guerra. 

 

Lugares en donde había abundancia de agua y de peces, hoy tienen monocultivos de soya o palma; lugares en donde se cultivaban semillas diversas, hoy solo tienen maíz transgénico o ganado. El hambre y sus soluciones huelen a selva quemada, la guerra en Colombia tiene unas notas amargas de Bienestarina. Ese olor y ese sabor se han venido cocinando desde el periodo estudiado en el libro The Taste of War

 

En los albores de la Segunda Guerra Mundial la escasez de alimentos pasó de ser un asunto fisiológico a ser un problema económico y geopolítico1. Los Estados, las nuevas ciencias de la nutrición, los planificadores del desarrollo y el agronegocio, se han ido ensamblando y han creado conocimientos, estadísticas, indicadores y diversas técnicas para articular la gestión de las carencias energéticas y nutricionales de las poblaciones, con la gestión de los regímenes agroalimentarios. 

 

Todo esto se ha “normalizado” y materializado en nuevos paisajes: en diseños necropolíticos de territorios y de corporalidades ¿dónde y cómo se producen los alimentos que necesitan los cuerpos para mantenerse “nutridos” o para que no mueran de hambre? ¿Quién define qué necesitan esos cuerpos y esas poblaciones? Hay múltiples alternativas para solucionar el problema del hambre en este mundo distópico que se nos ha impuesto como realidad. 

 

Para algunos movimientos indígenas, negros, campesinos y agroecológicos, entender cómo se produce la guerra y cómo se “racializan” estas geografías no solo ayudará a terminar con el hambre sino a recuperar el manejo holístico de los sistemas alimentarios, de los sistemas de vida; por ejemplo, a revitalizar el Suma Manq’aña (saber comer, saber alimentarse), principio básico del Buen Vivir de varios pueblos originarios de América Latina. 

 

* Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.


1 Para ampliar ver: Salay Leme, Adriana. (2021). Josué de Castro and the metamorphoses of hunger in Brazil, 1932-1946.
Pohl-Valero Stefan y Vargas Domínguez Joel. (2021). El hambre de los otros: ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI.

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