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Los trabajadores son generadores de riqueza ignorados por los gobiernos

En lo que va corrido de 2019 el desempleo se convirtió en tema recurrente y preocupante con respecto al verdadero desenvolvimiento de la economía colombiana, pues esta no está creciendo lo suficiente como para generar optimismo y propiciar el surgimiento de nuevos puestos de trabajo, independientemente de la calidad de estos.


En Colombia el tamaño de la población sigue creciendo: hay más nacimientos que defunciones, y cada año se espera que haya más personas ocupadas, cosa que este año no ha ocurrido, pues hay menos personas trabajando y mayor número buscando trabajo; como consecuencia, la tasa de desempleo volvió a los dos dígitos: 10,8 %.

 

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En la economía colombiana no es extraño tener una tasa de desempleo de dos dígitos; por el contrario, es lo normal si se mira hacia atrás, desde mediados del siglo XX. Aunque este fenómeno se explica de diferentes maneras, las causas más recurrentes se refieren a dos tipologías: i) es inversamente cíclico, es decir que se da como respuesta al comportamiento de la actividad productiva: cuando esta crece el desempleo baja, y viceversa, y ii) obedece a causas friccionales y estructurales, o sea que se origina en el funcionamiento del aparato productivo, al menos en dos factores: los costos y la educación. La tasa de desocupación de largo plazo oscila en el 10 %, del cual 8 % es friccional-estructural y 2 % es cíclico.


La preocupación por el desempleo no es nueva; hace exactamente 35 años el gobierno de Belisario Betancur, presionado por una tasa de desempleo urbana del 15 %, convocó a una Misión de Empleo, dirigida por el economista Hollis Chenery, especialista en los problemas del subdesarrollo, en la que participaron notables economistas colombianos de la época.

Su objetivo era identificar las causales del desempleo y sugerir medidas de política para reducirlo y llevarlo a niveles racionales y comparables con otros países de América Latina. Desde entonces se reconoce a Colombia como el país con las tasas de desempleo más altas del continente, notoriamente por encima del 10 %, frente al 5 % de Estados Unidos o México, y al 7 % de la mayoría de los países de la región.


Entre las principales conclusiones de la Misión de Empleo están: i) que la tasa de desempleo promedio de largo plazo colombiana superaba el 10 % y era una de las más altas –si no la más alta– de América Latina, ii) que los factores friccional y estructural consolidados dejaban un 8 % básico de desempleo, iii) que el mayor factor de ajuste de corto plazo era el comportamiento económico, reflejado en las tendencias del ciclo: al crecer la economía se reduce el desempleo, y viceversa, y iv) que era necesario propiciar cambios en la política pública que mejoraran las condiciones de acceso y estabilidad de las personas al mercado de trabajo.


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Las sugerencias también fueron diversas y se concentraron en dos grandes ejes: i) eliminar las rigideces en la contratación laboral y estimular la flexibilidad en este mercado, y ii) fortalecer los procesos de formación para el trabajo y mejorar las competencias de quienes llegan al mercado de trabajo.

 

Políticas desfavorecen a los más vulnerables

 

El debate en Colombia sobre flexibilidad nunca giró alrededor de los ingresos –como funcionaba en ese momento en Japón con el modelo del “empleo de por vida”– sino sobre las condiciones de contratación de un trabajador a remunerar con un salario mínimo decretado por el Gobierno.


El camino de la flexibilidad eran las normas laborales y los costos del contrato, mientras en el terreno de la formación el énfasis eran las competencias, derivadas en certificaciones por horas, no en la educación.


Así, las sugerencias se transformaron en reformas, concretamente en las leyes 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo; 100 de 1993, con la que se creó el Sistema de Seguridad Social Integral; 789 de 2002, que dictó las normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y modificó algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo; 1607 de 2012, por medio de la cual se expidieron normas en materia tributaria; y 1819 de 2016, con la que se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal.

Además: Sobreeducación, una de las causas del alto desempleo en Colombia.

 

La Ley 50 de 1990 formó parte del gran paquete reformista, previo a la Constitución Política de 1991, tendiente a la internacionalización de la economía colombiana, reduciendo costos laborales; por eso eliminó la retroactividad de las cesantías, legalizó la contratación temporal y redujo los costos del despido.

 

Las modalidades de trabajo también han cambiado, pero con una dosis de educación inferior al promedio mundial de países de medianos o altos ingresos; tampoco existe el compromiso real hacia un país más educado, no se trata de competencias y oficios que se vuelven obsoletos en poco tiempo, sino de formarse para la vida y la creatividad.


A su vez, la Ley 100 de 1993 duplicó las cotizaciones en salud y pensiones, y entregó su administración a entidades privadas, provocó una reacción gremial negativa, pues dijeron que los costos que redujo la Ley 50 los incrementó la Ley 100, y asumieron la vieja respuesta de la era monárquica: “se acepta, pero no se cumple”. Como consecuencia, se dejó de contratar laboralmente y se generalizó el fenómeno de la contratación por prestación de servicios, sin seguridad social, prestaciones sociales ni vacaciones. Esto constituyó la verdadera reforma laboral.


En 2002, siendo gobernante Álvaro Uribe Vélez, antiguo ponente de las leyes 50 y 100, se aprobó la Ley 789, la cual reglamentó la doble jornada en las empresas y redujo el costo de horas extras y recargos, con el argumento de que muchos colombianos trabajaban por encima de las 48 horas semanales y recibían pagos por horas extras, lo cual resultó ser falso pues tal retribución no existía.


Las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016 son de origen tributario; con la primera surgió el impuesto sobre la renta para la equidad o CREE, que trasladó la cotización patronal en salud y los parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del SENA de impuestos de nómina a impuesto general, mientras la segunda eliminó el CREE, pero no devolvió la carga parafiscal a los empresarios.


Toda la travesía realizada por el Estado colombiano durante las últimas cuatro décadas ha estado dirigida a reducir costos y cargas a los empleadores; sin embargo, no hay mayores resultados en términos de desempleo porque no ha habido compromisos hacia la productividad, hacia el fortalecimiento de las curvas de aprendizaje ni a construir acuerdos “gana-gana” entre empleadores y trabajadores. En Colombia, al trabajador se le considera un insumo más, ojalá del menor costo, del cual extraer mayores rendimientos, pero no es visto como origen de la riqueza.

 

Por otra parte, las modalidades de trabajo también han cambiado, pero con una dosis de educación inferior al promedio mundial de países de medianos o altos ingresos; tampoco existe el compromiso real hacia un país más educado, no se trata de competencias y oficios que se vuelven obsoletos en poco tiempo, sino de formarse para la vida y la creatividad. Los 10 años de educación que establece la Constitución Política son insuficientes; el país necesita una profunda reforma educativa y encaminarse hacia una meta de, al menos, 15 años, educación media más 3 años de superior.

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