Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Los retos laborales que nos deja la nueva crisis

Al mismo tiempo, en las industrias sobrevivientes se inició un periodo de huelgas para lograr los mínimos laborales arrasados durante la crisis. La respuesta del liberalismo –recién llegado a la Presidencia de la República– fue impulsar una política proteccionista, muy emparentada con el New Deal del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt: protección de empresas, legalización de los sindicatos, contratos de trabajo, jornada de ocho horas, cesantías, vacaciones remuneradas, auxilio de enfermedad y reforma agraria, entre otras.
 

Como hito en este proceso, en contravía de la corriente tradicional que promulgaba que la propiedad en sí misma era una función social, en la reforma constitucional de 1936 se le atribuyen obligaciones a los grandes propietarios, con posibilidades de expropiación en aras del interés social, y además se consagró el intervencionismo en las empresas para racionalizar la producción y proteger al trabajador.
 

Hoy nos hallamos nuevamente ante una crisis mundial que destruye el empleo en Colombia, deja sin piso el Código Laboral de 1950 más las leyes posteriores, y cuya interpretación, alejada de la Constitución, la profundiza: el DANE reportó a junio de 2020 una tasa de desempleo del 19,8 %. En total 4,2 millones de colombianos perdieron su trabajo, en relación con el mismo mes de 2019; así, la población desocupada llegó a 18,3 millones de personas.
 

Esta situación, con posibilidades de aumentar rápidamente, provoca las condiciones para que también aumente la explosividad de todos los desempleados –como ya ha sucedido en algunos barrios–, carentes de recursos para sobrevivir, y de quienes en los límites de la supervivencia ven menguados sus ingresos. Esta situación jala hacia la baja los derechos de los trabajadores sobrevivientes ante la gran demanda de empleo y una oferta muy reducida.
 

Los derechos y garantías legales de los trabajadores no resistieron la cuarentena, pues los despidos consentidos –o disfrazados de suspensiones– o las reducciones acordadas de la remuneración ponen a prueba el principio de igualdad laboral de las partes, el cual tiene como nulos los acuerdos de desmejora entre empleador y trabajador, pues se presume que el primero deberá aceptar la propuesta del segundo por el temor de ser desvinculados si no lo hace, o de dejar de percibir la suma disminuida que se le entrega como liquidación o remuneración.
 

Algunos empleadores desvincularon a sus trabajadores porque no les producían ganancia durante el cierre, mientras otros previeron la creciente bola de nieve de desempleo que a la larga afectaría toda la actividad económica y, fieles a sus principios de humanización y solidaridad, mantuvieron los contratos de trabajo, como el ejemplo muy publicitado de Arturo Calle, y otros más corrieron la misma suerte de sus trabajadores: quebraron.
 

Así, dentro de los retos inmediatos se pone en primer orden la centenaria discusión, transformada por los años, de desarrollar el artículo 333 de la Constitución: “la empresa, como base de desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”.
 

Ellas, como unidad de explotación económica o de prestación de servicios, ¿solo obedecen a rendir ganancias a sus propietarios, como es el paradigma actual de los “desreguladores”, o tienen obligaciones sociales, especialmente en épocas de crisis?
 

Lo primero a establecer es si esa responsabilidad social se delinea en la ley como se procedió en 1936, o si se le deja a la jurisprudencia constitucional como ya lo han hecho algunos jueces de tutela, pero negada por otros.
 

Ahora bien, hechos y elementos de juicio inesperados concurren a darle consistencia a la necesidad de esta definición: el paradigma sostenido y desarrollado en Colombia durante años, de eliminar la intervención del Estado en la vida económica del país y dejarla al libre juego de la iniciativa privada, se vino abajo con el llamado de auxilio de empresarios y teóricos economistas de clara raigambre liberal para que el Gobierno los financiara con recursos, exenciones, préstamos y demás medidas de la ortodoxia intervencionista en este periodo de pandemia, reconociendo el fracaso de los postulados neoliberales.
 

Además, hoy se oyen propuestas de un sector de economistas – dedicados desde hace tiempo a eliminar la intervención oficial–, en el sentido de que se deben tomar medidas inmediatas con el espíritu del New Deal de los años treinta, pero por un lapso muy corto para recuperar las empresas y la actividad económica, como un purgante desagradable a tomar, y cuando se supere la crisis volver a la desregulación total.
 

Viajando a otro reto, en materia de derecho social queda al desnudo la injusticia de las estrategias del régimen vigente en las entidades y actividades públicas de legalizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores, pero que en la práctica son burlarlos recurriendo a contratos de prestación de servicios, sin ninguna garantía, para darle aire al clientelismo, prescindibles sin la formalidad del debido proceso y el derecho a la defensa, poniendo a capricho del funcionario superior la vida de estos servidores.
 

Paradigmático es el trato injusto que han recibido los trabajadores de la salud en esta pandemia, sin ninguna garantía laboral mientras soportan el grueso del combate contra ella. Es hora de encarar este reto de laboralización.


Los cambios en los sujetos en las relaciones laborales deben ser la base de una nueva normatividad social: en las relaciones laborales privadas y públicas se tiene como trabajador o empleado solo al subordinado que presta personalmente sus servicios, vinculado por contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria, dejando por fuera a los millones que pierden su empleo o no tienen empleador y solo viven de su trabajo.
 

Las masivas protestas sociales del año pasado, suspendidas por el aislamiento de estos meses, fueron más vigorizadas por extensos sectores poblacionales que no ven futuro en nuestro suelo, que por las reivindicaciones de empleados, trabajadores y sindicatos que las habían convocado, como sucedió en muchos otros países.
 

Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que no solo los empleados directos (con una relación laboral) son trabajadores, sino todos aquellos que viven de su trabajo, y quienes habiendo quedado cesantes esperan nuevamente ser contratados, pero mientras tanto son invisibles para la normatividad social.
 

Ellos tienen derecho a la seguridad social, a medidas de prevención contra la carencia de recursos y a la asociación y negociación efectivas para la defensa de sus intereses. Dentro de la misma línea se incluye el reto de regulación del teletrabajo y de los trabajadores ocasionales o transitorios.
 

No podemos escapar más a desarrollar efectivamente los mandatos y principios de la Constitución de 1991, reforzados por los tratados y convenios internacionales.

Relacionados

3909,3048,3910,2278

En Colombia se consideran como residuos peligrosos los elementos de bioseguridad que se usan durante una pandemia, como tapabocas de un solo uso,...

Las políticas públicas median entre valores que existen en una sociedad, pues si bien se apoyan en conceptos de expertos, finalmente son productos...

Al comienzo de la pandemia surgieron reportes internacionales que señalaban que los niños no eran un alto foco de contagio de COVID-19; aun así, los...

Para enfrentar la pandemia por el COVID-19, los Gobiernos han tomado diferentes medidas, muchas de ellas sin precedentes, como brindar apoyo a los...

A esta conclusión llegaron algunos de los invitados al programa UN Análisis, de UN Radio (98.5 FM), en el cual se debatió sobre la cultura ciudadana y...

Consejo Editorial