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Los retos de Colombia como nuevo miembro de la OCDE

Con el cierre de las negociaciones correspondientes con el organismo internacional, Colombia es el miembro 37 y el tercer país latinoamericano en ser aceptado con México y Chile. Sin embargo, resulta curioso este ingreso al llamado «club de los países ricos», sin ser, evidentemente uno de ellos, pues dista mucho de los países miembros en materia de indicadores macroeconómicos. El PIB per cápita promedio de los países de la OCDE es de 34,095 euros, mientras que el de Colombia es apenas de 1,446 euros, por lo tanto, quizá sería más preciso calificar esta condición como el ingreso al «club de las buenas prácticas».


Puedes escuchar: En Colombia no hay una política económica que combata el desempleo.


Dicho ingreso podría ser una oportunidad para cerrar las pronunciadas brechas socioeconómicas preexistentes. Por ejemplo, el gasto público social como porcentaje del PIB en la OCDE es del 21 %, entretanto, en Colombia es del 8 %; o el aumento del gasto en salud, pues en el país se invierte tres veces menos que el promedio del organismo internacional. Esta inserción, entonces, en principio, podría ser un buen camino en aras de ir superando paulatinamente los rezagos institucionales, sociales y económicos en los que hoy el país se encuentra bajo las premisas de transparencia y buen gobierno que propone la OCDE. Esta es una adhesión muy útil para el diseño y orientación de la gestión y la política pública que permitirá medirse y compararse con los mejores.
 

Por otro lado, cabe destacar que el costo anual de la membresía es aproximadamente de 4 millones de euros, lo que equivale más o menos a 15.000 millones de pesos, un costo que, si bien se considera en sí mismo como elevado, frente a las finanzas públicas que maneja el Gobierno nacional central es relativamente marginal, sobre todo, si se logra garantizar la correcta ejecución de las recomendaciones que de ahí se deriven.
 

Este es un monto menor que el costo de la compra de camionetas blindadas para la Presidencia de la República y la Judicatura que suman cerca 22.600 millones de pesos, ¡en plena pandemia!


En ese caso, el reto es el seguimiento y evaluación de los recursos, y a su vez, hacer el correspondiente análisis y la posterior evaluación de las recomendaciones que se emitan. Se espera que el funcionamiento del Estado sea más transparente y eficiente. Junto con el Proceso de Paz, este es otro de los grandes legados del ex presidente Juan Manuel Santos, quien en su momento calificó esta noticia como el ingreso del país para hacer “parte de las grandes ligas”.
 

En definitiva, dado el nivel de desarrollo de Colombia -que es relativamente bajo en comparación con los países miembros de la OCDE- por situaciones como la desigualdad, la pobreza, el desempleo o la informalidad, el cumplimiento de los estándares de buen gobierno y equidad fiscal, suponen una carga fiscal y política muy grande para el país. El reto institucional es, sin duda, de difícil cumplimiento; pero quizá si no fuera por la presión internacional, en el país no se harían los ajustes en materia de gobernanza y buenas prácticas que corresponden para la modernización del Estado.


Puedes leer: Colombia en la OCDE: ¿Es posible el desarrollo económico con desigualdad?.


Bondades de pertenecer a la OCDE

  1. La sola membresía otorga un sello de confianza -de calidad- frente a la inversión extranjera directa (IED). Esto posibilita que las políticas públicas del país estén alineadas con los estándares internacionales y eso puede facilitar las relaciones bilaterales y multilaterales en eventuales acuerdos comerciales. La inversión extranjera directa a nivel global de los países miembros representaba cerca del 75 % antes de la declaratoria de Pandemia Global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  2. En su proceso de evaluación y monitoreo constante, la OCDE provee datos y estadísticas confiables. Con esto se pueden hacer análisis académicos y de política pública para fijar objetivos, lo cual permite hacer estudios con mayor facilidad por cuanto las cifras publicadas son comparables.
  3. Los Informes para el Desarrollo de la OCDE sirven como foro de discusión y debate de políticas públicas. Además, por petición de los gobiernos se puede solicitar informes específicos.


Desafíos de pertenecer a la OCDE  


Llama la atención que la evaluación del Comité Técnico de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales (ELSAC) que trata los temas laborales, haya sido el último comité de los 23 en conceder el aval a Colombia, y ello bajo consideraciones especiales.

El Comité Consultivo Sindical de la OCDE argumentó que Colombia no respetaba los derechos laborales y que los representantes sindicales no contaban con seguridad física. Por lo tanto, Colombia se comprometió a mejorar en estos temas, específicamente en lo relacionado con:
 

  • Informalidad laboral y subcontratación,
  • aplicación de la ley laboral,
  • negociación colectiva y
  • violencia contra sindicalistas.
     

Históricamente, Colombia no se ha decidido a corregir los problemas de su mercado laboral pese a las reiteradas críticas de la comunidad internacional, como fue en los casos de las ratificaciones de los TLC con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
 

Además: Contratación por horas enmascara el trabajo informal.


Por recomendación de la OCDE, el Gobierno nacional creó el Holding Bicentenario, el cual es un grupo financiero que busca fundamentalmente dos cosas: eficiencia y transparencia de los recursos que el gobierno nacional tiene en diferentes entidades financieras. En ese sentido, si bien es positivo que la rendición de cuentas sea más profunda, se vislumbra un problema y es que, como argumenta el profesor Mauricio Gómez, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “la forma cómo se está creando el Holding puede responder a intereses que no necesariamente se traducirán en mejores servicios para la ciudadanía”.
 

Cerca de 82 billones de pesos podrán ser cotizados en bolsa para profundizar los mercados de valores; este dinero representa casi 15 billones de pesos del patrimonio público del Estado, y puede ocurrir que esos recursos no se dirijan para resolver necesidades sociales y públicas.
 

Lanzamiento del estudio económico de la OCDE para Colombia


Ad portas del ingreso definitivo de Colombia a esa organización, se realizó el lanzamiento del estudio económico de la OCDE para el país por parte del secretario general de esa organización, Ángel Gurría.
 

Se destacó de la intervención de ese entonces del secretario general que, a pesar del difícil momento económico internacional, Colombia tenía un crecimiento económico muy considerable del 3,4 %, una cifra que representa casi el doble del crecimiento promedio de la OCDE, mientras que el promedio mundial se situaba en 2,6 % y el promedio de América Latina y el Caribe se estimó apenas en 1,75 %. En la actualidad, con seguridad, el decrecimiento económico de todos estos países, será notable.
 

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Gurría subrayó también que en 2019 la IED superó el 24 % y que el recaudo fiscal aumentó en más del 10 %, cifras que no se observaban hace varios años; argumentó que “la inversión es el crecimiento del mañana” e hizo un llamado en ese entonces al Congreso para que aprobara la Ley de financiamiento que declaró inexequible por vicios de trámite la Corte Constitucional, lo cual corrió.
 

Sin embargo, se refirió a los retos y desafíos pendientes por resolver, entre los cuales se destacan:
 

  • El tema laboral: dada la alta tasa de informalidad y la necesidad imperiosa de crear empleos formales y permanentes. Una crítica recurrente como lo mencionamos anteriormente.
  • Temas comerciales: pues dice que “Colombia es una economía relativamente cerrada”. Y también, que se deben promover políticas que diversifiquen los “motores de crecimiento de las industrias extractivas de materias primas”.
  • La persistente desigualdad: mencionó que “se podría lograr una mayor equidad, reasignando una mayor parte del gasto hacia poblaciones vulnerables” pues una proporción considerable de los subsidios están dirigidos hacia la población más rica.
     

El presidente Iván Duque, por su parte, comentó que su Gobierno ha querido poner la justicia social y la equidad como los protagonistas de la agenda de desarrollo e indicó -haciendo referencia a una columna que publicó en 2008 titulada “Colombia en la OCDE: un propósito nacional”- que con la aprobación del Congreso y la correspondiente ratificación del alto tribunal para el ingreso de Colombia a la OCDE, se puede asegurar que es un propósito de país ya que el ejecutivo también lo apoya y lo materializará adecuadamente.
 

Conclusiones


El balance es que Colombia, frente a su situación actual, vislumbra un mejor futuro en la OCDE que por fuera de ella, pues si no fuera por las exigencias que ahí se impusieron, quizá internamente no se habrían hecho los esfuerzos necesarios para las reformas que han dado lugar a el avance en la modernización del Estado. Haciendo la salvedad de la eventual nociva consecuencia con la creación del Holding Financiero, que habrá que tener muy presente y hacer un seguimiento riguroso:  el punto crítico que argumenta el profesor Gómez de que “esto podría generar un proceso de transferencia o extracción del valor por medio de los mercados financieros”.
 

Finalmente, se puede destacar la Ley de Conglomerados Financieros a través de la cual se le otorga a la Superintendencia Financiera mayor vigilancia y control a los operadores de ese sector, lo cual permite verificación de la procedencia de las inversiones; o las normas más estrictas de gobierno corporativo, como que los ministros de gobierno no puedan hacer parte de las juntas directivas empresariales estatales; o los programas de intercambio de información tributaria que fortalecen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para la identificación de recursos en paraísos fiscales; o la garantía de que el sistema nacional de estadísticas sea autónomo y deje de depender de la rama ejecutiva del poder público; y la posibilidad de aumentar considerablemente el gasto en salud tan necesario en esta coyuntura de Emergencia Económica y Social como catalizador para la sostenibilidad a largo plazo del sistema en ese sector.

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