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Los jóvenes y el salario mínimo, bien mínimo

La flexibilización laboral hace alusión a la desregulación o el reemplazo de instituciones jurídicas que protegen el trabajo, con el propósito de reducir costos asociados para el sector empresarial. Una de sus ventajas es que brinda mayor facilidad tanto para terminar las vinculaciones laborales como para contratar personal a través de formas jurídicas con menores exigencias y menores garantías para el trabajador.

El pago por horas, por ejemplo, es una forma de esta propuesta que en la práctica excluye al trabajador de una relación típica de dependencia laboral y lo pone como un agente que vende horas de trabajo en el mercado, lo que podrá significar una falta de incentivos a la constitución de relaciones jurídicas formales expresadas en un contrato de trabajo.

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Esto llevará posiblemente a que los empresarios acudan a formas de contratación que no contemplen los derechos laborales mínimos, y así los trabajadores deberán afrontar los riesgos y brechas salariales que caracterizan a los “autoempleados”.

Según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Mujeres en el mundo del Trabajo:retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe”, de 2019, esas brechas están relacionadas, entre otras, con la incidencia de las responsabilidades familiares que recaen sobre las mujeres, como tener hijos pequeños, recibir menor remuneración; y tener mayor impacto de las tareas de cuidado de los adultos mayores, infantes y personas enfermas.

Un dato revelador es que en América Latina, por lo menos 36,8 millones de mujeres y 10,4 millones de hombres se dedican al trabajo de cuidado, lo que lleva a las mujeres a aceptar con mayor frecuencia trabajos informales y con remuneración más baja para cumplir con las cargas del cuidado, por lo que la propuesta del pago por horas puede resultar afectando de forma más grave a las mujeres.

La precariedad laboral está relacionada con tiempos efectivamente trabajados menores, con periodos temporales de trabajo y con mayores intervalos entre uno y otro, así como con la dificultad o imposibilidad de aportar a la seguridad social, características típicas que afrontan los “autoempleados” o “independientes”, que tienen vinculaciones que excluyen derechos laborales. Abrirle la puerta institucional al pago por horas, propuesta por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), no es otra cosa que ahondar en las rendijas de la precariedad en un país como Colombia, que, según cifras del documento “Estudios de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales: Colombia 2016”, presenta una inusual tasa de autoempleo del 52 %.

El hecho de que empresarios y trabajadores se encuentren en el mercado para que unos compren horas de trabajo de los otros, se elimine la necesidad del pago de horas extras y, según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se les reconozcan los derechos y prestaciones incluyendo la salud de forma proporcional al tiempo trabajado, además de dejar inquietudes sobre las posibilidades fácticas de garantizar un derecho humano fundamental como la salud, significa un retroceso de casi siglo y medio en la evolución jurídica.

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Prácticamente se estarían retomando condiciones propias del contrato civil de arrendamiento de servicios, institución decimonónica superada después de décadas de luchas, por el especial “derecho del trabajo”, dirigido a garantizar las condiciones dignas de la actividad humana en el escenario de la producción, hoy referenciadas por el Ministerio de Trabajo dado su frecuente recurso al “trabajo decente y las obligaciones internacionales del Estado para garantizarlo”.

Un salario muy mínimo para los jóvenes

Por su parte, la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), dirigida a pagar un salario del 75 % del salario mínimo para los y las jóvenes menores de 25 años durante su primer año de trabajo, debe ser vista a la luz de la igualdad y la no discriminación, como derechos fundamentales, específicamente en el escenario del trabajo.

En efecto, Colombia es uno de los países más desiguales si se toma como referencia el coeficiente de Gini que se ubica entre 0 (equidad absoluta, todos tienen los mismos ingresos) y 1 (máximo de desigualdad). Las cifras del documento “Panorama social de América Latina”, de la Cepal (2016), indica que los países latinoamericanos presentan, en promedio para 2017, un índice de Gini de 0,467, y Colombia tiene el 0,52, aunque se ha reducido desde el 0,57 entre 2012 y 2017. La desigualdad resulta vista de forma más espectacular si se tiene en cuenta que en 2010 el 1 % de personas más ricas en Colombia concentraban el 20 % del producto interno bruto del país, dadas las cifras de dicho informe.

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La desigualdad se asume desde diversas perspectivas teóricas y variables relevantes según los tópicos de interés, los cuales incluyen la igualdad en las oportunidades, en recursos, ingresos, utilidades, libertades y bienes primarios, entre otros. La propuesta del pago inferior al mínimo parte del supuesto de que los jóvenes se encuentran en formación – desconociendo su aporte a la productividad– y que su índice de desempleo es el más alto.

Sin embargo, olvida que la educación y la posibilidad de un trabajo estable y adecuadamente remunerado son factores fundamentales para el desarrollo económico y la superación de la pobreza, objetivos que, de hecho, no pueden lograrse a partir del único propósito de reducir costos y aumentar utilidades para los empresarios, cualquiera sea el precio social.

La estratificación de empleos, los ingresos y el acceso a la seguridad social configuran una desigualdad estructural que se debe evitar, según la Cepal, por lo que la propuesta puede resultar inadecuada, además de seguramente inconstitucional, en caso de que los poderes públicos accedieran a tal despropósito.

La remuneración, de conformidad con la Constitución Política, debe ser mínima, vital y móvil, atributos que, a partir del desarrollo de la normatividad internacional y la definición del sentido constitucional de dichas normas, podrían ser seriamente afectados por la propuesta, la cual, en caso de expresarse en normatividad efectiva, la llevaría a ser repelida del marco jurídico en un Estado social y democrático de derecho.

Los argumentos acerca de la escasa experiencia, formación y necesidad de aprender de los jóvenes, pueden resultar irrelevantes como criterios que pretendan sustentar una diferenciación que prácticamente buscaría institucionalizar la desigualdad, la informalidad y la precariedad en el trabajo, situaciones que en la realidad ya sufren los más jóvenes.

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