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Los dilemas del conflicto catalán

Los acontecimientos políticos en España se han acelerado en forma vertiginosa. El desafío del Gobierno catalán ha alcanzado su punto álgido con la ruptura del marco constitucional español, un referéndum no autorizado y una inminente declaración unilateral de independencia. La fractura entre Cataluña y el resto de España –y en el seno de la propia sociedad catalana– amenaza con ahondarse aún más.

Desde las últimas elecciones regionales el movimiento independentista cuenta con mayoría de escaños, pero no de votos, y con el debatible apoyo del 37 % del censo global en el reciente plebiscito no autorizado.

Con estos datos difícilmente se puede argumentar una legitimidad democrática para la secesión, y mucho menos su viabilidad política. Existe coincidencia en que la salida a este conflicto debe venir de mano de la política, de manera que la división de posturas vuelva a encauzarse en un marco legal.

La búsqueda de una mediación europea por parte del presidente Carles Puigdemont intenta reinscribir el conflicto en el marco del derecho internacional, saltándose así una legislación española que le es ampliamente desfavorable.

Para el presidente español, Mariano Rajoy, aceptar una mediación externa significaría reconocer implícitamente una cesión de soberanía. La escalada en la confrontación comporta riesgos para ambos.

El paso a la movilización en las calles supone ceder el protagonismo a los miembros más radicales de la coalición independentista y perder palabras clave: Cataluña, movimiento independentista, referéndum secesionista. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co.

El nacionalismo populista ha sido capaz de aglutinar en un mismo proyecto a grupos antisistema, viejos independentistas y clases medias fragilizadas. Eventualmente, el control sobre unas masas altamente motivadas.

El nacionalismo populista ha sido capaz de aglutinar en un mismo proyecto a grupos antisistema, viejos independentistas y clases medias fragilizadas

Para el Gobierno central, el recurso a la fuerza conllevaría un desgaste enorme de imagen ante la opinión pública internacional. Este golpe a la legalidad democrática por parte de un Gobierno periférico del Estado aliado con una masiva desobediencia civil constituye un desafío político muy difícil de desactivar y un fenómeno novedoso en el panorama político contemporáneo.

Castigo a la política tradicional

En Cataluña no están enfrentadas dos comunidades étnicas. Se trata de un conflicto entre élites políticas en un trasfondo de grandes transformaciones sociales, estancamiento institucional y conflictos irresueltos. La presente crisis se debe insertar en el desgaste sufrido por el sistema político creado con la transición a la democracia en 1978.

El primer síntoma fue el auge del movimiento por la Memoria Histórica, que cuestionó el “pacto de silencio” de la transición sobre la represión franquista. El segundo capítulo se abrió con la crisis económica de 2007 y los grandes casos de corrupción que llevaron a la quiebra del bipartidismo, la pérdida de credibilidad de las instituciones representativas y la irrupción del populismo.

El primer síntoma fue el auge del movimiento por la Memoria Histórica, que cuestionó el “pacto de silencio” de la transición sobre la represión franquista.

Si en el resto del país esa frustración se expresó mediante las protestas ciudadanas y la aparición de nuevos partidos, en Cataluña la crisis de legitimidad se tradujo en un sentimiento de agravio territorial.

El rechazo a un Gobierno marcado por los escándalos de corrupción, las penurias económicas y el boicot al nuevo Estatuto de Autonomía terminó por convertirse en una reivindicación del “derecho a decidir” sobre la permanencia en España.

La ruptura populista teorizada por los nuevos movimientos contestatarios se coaligó con una ruptura nacionalista a la que muy pronto se sumó la vieja derecha catalanista. La dicotomía “vertical” del pueblo contra la élite política y sus privilegios se trasmutó en la de un esforzado pueblo catalán contra una España que le “roba” y lastra sus capacidades.

El castigo a la política tradicional se ha convertido así en un rechazo al Gobierno central, identificado genéricamente con “España”, y en una cohesión etnocéntrica alimentada por agravios históricos, reales o imaginarios, y un objetivo común e ilusionante.

Ante las inmensas expectativas creadas, el movimiento secesionista necesita seguir adelante para no quebrarse interiormente. En el lado opuesto, el Gobierno de Rajoy ha quedado en evidencia por no prever lo que se avecinaba y carecer de una estrategia reconocible más allá de la defensa a ultranza de la legalidad constitucional.

El Gobierno de Rajoy ha quedado en evidencia por no prever lo que se avecinaba y carecer de una estrategia reconocible más allá de la defensa a ultranza de la legalidad constitucional.

Su propio electorado está insatisfecho y le reclama una actuación más decidida, pero el recurso a la fuerza también comporta enormes riesgos. La creciente huida de empresas a otras partes del país puede tener un mayor efecto disuasorio que el despliegue policial.

Con respecto a los partidos más representativos, el Socialista se encuentra dividido a la hora de proponer una reforma constitucional que articule el modelo federal con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.

El temor es que la plasmación constitucional de las “naciones” dentro de España lleve a postularlas como sujetos de soberanía. A su vez, Podemos ha adoptado una postura más ambigua frente al independentismo, pues sus dirigentes conciben la ruptura catalana como una oportunidad para descabalgar a Rajoy y presionar a los socialistas, pero es posible que esta convergencia de facto con los intereses del independentismo le pase factura en las próximas elecciones, o que la rama catalana del partido termine por escindirse entre independentistas y una izquierda menos identitaria.

Nuevo pacto territorial

Si se desea recuperar a los “independentistas sobrevenidos” es preciso que desde el Estado se proponga alguna alternativa, pero eso lleva tiempo y necesita un amplio consenso entre los distintos grupos políticos.

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permite al Gobierno tomar el control transitorio de la Generalitat de Cataluña, el proceso ha entrado en una nueva fase. El Gobierno ha optado por una intervención fuerte, aunque será preciso comprobar hasta qué punto usa todas las atribuciones que se le han otorgado.

Está por verse si tendrá la capacidad efectiva, y no solo legal, de administrar las estructuras políticas y administrativas catalanas desde Madrid. El plazo de seis meses que se ha dado para “restaurar el orden constitucional” y convocar elecciones regionales en Cataluña es una eternidad política. El boicot de algunos funcionarios o la desobediencia civil a gran escala no se pueden excluir.

En cualquier caso esta arriesgada intervención debería llevar a ofrecerles a todos los españoles, y a los catalanes con ellos, un nuevo pacto territorial que probablemente implique una reforma constitucional de gran calado. Ese sería un pacto, o un conjunto de alternativas, que podría ser sometido a un referéndum legal en todo el país.

Esta arriesgada intervención debería llevar a ofrecerles a todos los españoles, y a los catalanes con ellos, un nuevo pacto territorial que probablemente implique una reforma constitucional de gran calado.

El camino puede ser complejo y a veces frustrante, pero no parece haber vuelta atrás ni posibilidad de continuar en la situación actual.

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Cataluña (1 hora) – 25 septiembre de 2017

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