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Los dilemas de las tierras en los Parques Nacionales Naturales

Pero no se trata de hacer una defensa a ultranza de la figura de Parques Naturales en sí misma, frente a la cual hay visiones diversas y serios cuestionamientos. En parte, por estar basada en un modelo de conservación pensado a finales del siglo XIX, que, entre otras cosas, no se construyó ni se ha actualizado desde las realidades latinoamericanas; no ha logrado entender el importante papel que pueden jugar las comunidades locales en la conservación y que tampoco reconoce la estrecha relación de los asuntos de la conservación ambiental con el problema de la tierra y la reforma agraria.

En total 64 hay resguardos indígenas cubiertos con áreas del SPNN, en 15 de ellos existe  presencia de comunidades negras, 52 Consejos Comunitarios[1] con los que se relacionan y un territorio raizal, el Parque Old Providence McBean Lagoon en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.En cuanto a población no étnica, se reconoce en 37 de las 59 áreas ocupadas por unas 20.000 familias.

 

Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario se identificaron 17.634 unidades productivas agropecuarias[2]en el área censada de parques nacionales naturales, que corresponden a 7.919 viviendas que incluyen 6.084 hogares, siendo identificadas como residentes 22.371 personas. Es claro pues que hay una presencia significativa de campesinos en los parques.

 

Puedes escuchar: Parque Tayrona, a merced de privados y políticos.

 

 

¿Qué sucede en Colombia?


Lo que se presenta en el país no es ajeno a lo que ocurre en otras latitudes con áreas protegidas; diversos estudios muestran que gran parte de las regiones de importancia biológica son áreas mediana y densamente pobladas. En un análisis de 93 áreas protegidas en 22 países tropicales, se encontró que el 70 % tiene población humana viviendo dentro y en 54 % existen demandas de la población local reclamando derechos de propiedad sobre fracciones de las reservas (Toledo, 2005).

 

Según la legislación nacional vigente, en las áreas del SPNN solo están permitidas las actividades de conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura, pues sus objetivos son principalmente de protección y mantenimiento de la diversidad biológica, el paisaje y los recursos históricos y culturales que se encuentran en el área, así como la protección de cuencas hidrográficas.

 

En esas áreas están prohibidas las actividades mineras, industriales, hoteleras, agrícolas y ganaderas. No obstante, varios de los PNN no tienen una adecuada delimitación: hay presencia de ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de bosques, cacería ilegal de fauna silvestre, realización de minería ilegal y hasta de actores armados.

 

Las disputas sobre la propiedad de la tierra también son frecuentes al interior de los PNN: a veces quienes tienen estos derechos no respetan las limitaciones que tiene su propiedad por el lugar en el que se encuentra, o porque quienes están excluidos del acceso a estas tierras reclaman este derecho.

 

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El país carece de inventarios completos y actualizados sobre la situación de la tenencia de la tierra en zonas rurales y por eso tampoco se tiene información completa sobre los derechos de propiedad sobre la tierra al interior de las áreas del Sistema de Parques. Según la Contraloría General de la República se estima que el 87 % de la tenencia de la tierra en parques es informal (CGR, 2016, 27). Además, los estudios existentes han logrado algunas aproximaciones y aportan información que da cuenta de que en las áreas del SPNN se presentan: i) formas de propiedad privada legalmente constituida; ii) situaciones de informalidad en predios privados, como por ejemplo posesiones, falsas tradiciones o trámites sucesorales inconclusos; iii) casos en que la licitud de los derechos de propiedad está en entredicho; iv) formas de propiedad pública, entre ellas baldíos de la nación[3] y v) territorios de comunidades étnicas.

 

Si bien la ley acepta la existencia de la propiedad privada que se haya consolidado antes de la declaratoria del parque, los atributos de uso, usufructo y disposición del inmueble se encuentran limitados en virtud de la función ecológica de la propiedad y la primacía del interés general. Por eso los propietarios de los inmuebles ubicados en un área del PNN deben cumplir con las finalidades del área, solo pueden realizar las actividades permitidas y están sujetos al régimen de prohibiciones. Además, la propiedad preexistente a la declaratoria de un área bajo la figura de parque, solo puede ser comprada por el Estado y si esto no sucede, se puede expropiar por motivos de utilidad pública que da lugar al pago de indemnización.

 

El Estado colombiano ha mantenido por lo menos en la normatividad la aspiración de comprar esos predios, pero es un ideal de muy difícil concreción: además de que no existen estudios completos y detallados de tenencia en todas las áreas de parques que permitan saber con certeza qué es tierra privada y qué es tierra pública, tampoco hay un plan de adquisición predial, mucho menos el presupuesto para llevarlo a cabo.

 

[1]  Los consejos comunitarios son la autoridad étnica para los territorios colectivos de comunidades negras.

[2]  La Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) se define como un predio completo, parte de un predio o conjunto de predios, en el que, sin consideración de tamaño, régimen de tenencia y ubicación, se desarrolla la actividad agropecuaria, dirigida por un productor agropecuario.

[3]  Los baldíos rurales son predios de la nación respecto de los cuales no ha habido apropiación privada previa.

El caso del Tayrona

 

En el PNN Tayrona algunos predios públicos se han hecho pasar por privados, lo cual debe ser objeto de investigación. Así lo determinó la Superintendencia de Notariado y Registro que realizó estudios de tenencia y determinó que allí hay predios que aparecen como propiedad privada, pero que esta no fue adquirida legítimamente y podrían ser en realidad tierras públicas indebidamente privatizadas (SNR, 2014). Por esto, varios casos fueron remitidos a la autoridad de tierras para su clarificación y aún están pendientes las definiciones.

 

También hay parte del parque que corresponde a baldíos de la Nación, que tienen la condición de inadjudicables, por lo cual los campesinos que se encuentren en ellos no tienen la posibilidad de que les sea entregado el título de propiedad. Esto, a pesar de que tienen en muchos casos una ocupación de larga data y una fuerte relación social construida con el territorio, a veces incluso con mucha anterioridad a la constitución del Parque.

 

Además: A los grupos políticos y económicos no les interesa la paz, sino la tierra.

 

 

En otros casos, la subsistencia de estas poblaciones depende de la relación con ese territorio y que por lo tanto hay varios derechos en tensión. En el caso de las comunidades de pescadores del Tayrona, la Corte Constitucional se pronunció en 2015 indicando que estos “merecen una especial atención por parte de las autoridades, toda vez que son grupos de personas en su mayoría de bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentación y a su mínimo vital” (Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2015).

 

El actual debate sobre la licitación para la gestión turística de este parque recuerda que se mantiene el escenario en el que algunos propietarios legítimos no quieren aceptar las limitaciones que su derecho de propiedad tiene por estar en estas áreas y quieren hacer prevalecer sus intereses económicos. Por otro lado, hay  propietarios ilegítimos cuyos derechos siguen en entredicho, sin que eso se resuelva y además se siguen escuchando los reclamos de las comunidades campesinas y de pescadores que exigen permanecer y habitar los parques, bajo el reconocimiento de sus derechos, pidiendo que los hagan partícipes de la conservación y que se haga un manejo más adecuado del turismo.

 

A esto se suma la voz de los pueblos indígenas que exigen respeto por sus territorios ancestrales y su condición de autoridades ambientales sobre el territorio.

 

No queda duda de que la tarea de administrar los PNN no es nada fácil, pero también hay evidencia de que el abordaje que se ha tenido desde la institucionalidad hasta el momento tampoco ha sido exitoso. Se corre el riesgo de militarización de estas áreas, según se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya se ha materializado en seis operativos militares realizados en áreas de parques.

 

Esto recuerda la necesidad de que el país replantee su política de gestión ambiental, para decidir si quiere los PNN para todos los colombianos, o solo para que esto sea visto en documentales, los visiten extranjeros o quienes tengan dinero para pagar el plan turístico a los concesionarios privados que se lucran a costa del patrimonio público, mientras que esas mismas áreas no resultan accesibles para sus habitantes tradicionales, ni para sus vecinos.

 

Es hora de replantear el modelo de gobernanza ambiental que hasta ahora no ha tenido éxito en estas áreas, para que la política de conservación se plantee desde el respeto integral por los derechos humanos, dialogue adecuadamente con la política de tierras y permita una efectiva participación ciudadana.

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