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Llegó la hora de consolidar políticas para evitar la obesidad infantil

Hace unos años, uno de los mayores problemas de países con características sociodemográficas y económicas similares a las de Colombia era la desnutrición. Hoy en día, la situación ha cambiado. Estamos a punto de pasar a un estadio en el que hay que prestarle igual o mayor atención al sobrepeso y a la obesidad infantil.

Los países de ingresos bajos y medios enfrentan una «doble carga» de morbilidad, pues mientras siguen combatiendo los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan, sobre todo en los entornos urbanos, un rápido aumento en los factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), entre las que se cuentan la obesidad y el sobrepeso.

No se trata de un problema únicamente del sector salud. Nos referimos a un asunto más complejo que requiere esfuerzos y compromisos concretos a niveles intersectoriales, tanto de las instituciones responsables de la seguridad alimentaria y nutricional como de las políticas públicas de primera Infancia en Colombia.

Puede decirse claramente: la obesidad infantil ha pasado de ser un problema de salud pública, con negativas y amplias implicaciones sociales, demográficas y económicas, a convertirse en un problema social, demográfico, económico y político.

A pesar de las campañas de prevención, las tasas en la primera infancia siguen creciendo, lo que debe preocupar a los gobiernos y a la población en general, que deben cuanto antes concordar el modo de implementar políticas para detener su avance.

Cifras que disparan las alarmas

Es evidente que se necesitan estrategias factibles y sustentables para prevenir la obesidad en los niños, cuyo costo siempre será menor que el costo de la atención de la obesidad y sus comorbilidades en edad adulta. 

Si se mantienen las tendencias actuales de la obesidad en el mundo, el número de lactantes y niños menores de 5 años con sobrepeso llegará a 70 millones para 2025.

A nivel mundial hay más de 41 millones de niños menores 5 años, es decir el 7 % de población mundial, con sobrepeso y obesidad. Según la OMS, en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad. Esto significa que esta enfermedad golpea hoy al 7% de esa población, cuando en 1990 atacaba al 5%.

En los países de ingresos medianos-bajos como Colombia el número de niños con sobrepeso se multiplicó por más de dos, pasando de 7,5 a 15,5 millones. En Colombia no hay cifras de niñas y niños con obesidad para antes de 2005, pero según la última La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) el exceso de peso en menores de 5 años pasó de 4,9% en 2005 al 6,3 % en 2015.

Cambio de enfoque

Además de las cifras, hay otra cuestión que inquieta: hasta ahora estamos haciendo un proceso de transición en el abordaje y comprensión de la obesidad infantil más allá de un enfoque del nutricionismo biológico. Es decir, apenas estamos comprendiendo que el problema no es sólo cuestión de calorías.

Se puede considerar que coexiste un choque de referentes para la comprensión de la obesidad infantil desde perspectivas biológicas, sociales, políticas y estéticas. Por tal razón se necesita redefinir la obesidad más allá de una visión del campo biológico en función de la extensión del niño como un adulto pequeño y homogenizado casi hasta ser adolescente. Hace falta, entonces, un enfoque holístico que tenga en cuenta factores y aspectos socio-ambientales, políticos y económicos.

Para que las políticas públicas contra la obesidad sean más efectivas, es necesario redefinirlas desde una visión más amplia del campo pediátrico o biológico. Debe trascenderse el niño antropométrico en función de la talla, el peso y las calorías porque su abordaje puede ser limitado. Los niños deben reconocerse como sujetos de derechos inmersos en contextos socioambientales diversos, y no como adultos pequeños.

El sobrepeso y la obesidad en los niños tienen un origen multicausal. Por eso en los modelos ecológicos y biopsicosociales la obesidad está determinada por una compleja trama de factores de riesgo y determinantes sociales, ambientales, culturales y políticos. Es importante a la hora de identificar la problemática de la obesidad en los niños tener en cuenta tal relación entre factores de riesgo y determinantes, ya que su variación es diferencial durante los primeros años, meses y días de vida en la infancia, incluso algunos factores son predisponentes desde la gestación.

La forma de interpretar el problema de la obesidad infantil y su solución depende del marco referencial, de la forma como concebimos su significado. Anteriormente, “un niño con exceso de peso era considerado por nuestras abuelas como un niño sano”. En la actualidad este enfoque referencial ha cambiado gracias a la educación en salud y a la ciencia.

Nuestra cultura, entonces, debe cambiar frente al problema, lo que también repercute a la hora de ejecutar acciones de políticas públicas, en las que juegan un papel fundamental el conocimiento y las ideas que tenemos sobre la forma de abordar la epidemia de la obesidad infantil.

Los retos de la política pública

Al analizar el marco referencial y las diferencias en el enfoque de las políticas públicas para prevenir la obesidad infantil en Colombia, pueden identificarse los retos y lineamientos que se deben seguir para detener esta epidemia.

La OMS reconoce que el crecimiento de la obesidad infantil se debe a cambios sociales y se asocia especialmente a la dieta desbalanceada, pero cada vez más la situación se relaciona con el desarrollo social y económico mundial y las políticas en materia de agricultura, educación, y procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos.

La preocupación mundial es que sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Serán, por tanto, más propensos a desarrollar los problemas de salud asociados con esa enfermedad: diabetes y cardiopatías, resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo temprano de diabetes inminente), trastornos osteomusculares (especialmente artrosis, una enfermedad degenerativa muy discapacitante que afecta las articulaciones), algunos tipos de cáncer (mama y colon), así como otras enfermedades no transmisibles que pueden dar lugar a la discapacidad.

Es un cuadro que afectará al sistema de salud, que sufrirá las consecuencias en términos de finanzas, de tiempo y de personal, lo que a su vez afectará la atención de los pacientes, algo complejo si se considera que la duración de la hospitalización por patologías asociadas con obesidad es más prolongada que las tasas generales.

Reorientar las políticas públicas

Al analizar lo que se ha hecho desde el 2006 al 2014, se ve claramente que no hubo políticas públicas para la prevención de la obesidad infantil en Colombia, por lo que no se identificaron redes operativas estructurales con acciones concretas orientadas hacia la prevención de la obesidad infantil.

También queda demostrado que la referencia de las políticas dirigidas a la primera infancia y a la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia durante el periodo mencionado, transitó del enfoque positivista al enfoque biopsicosocial.

Sin embargo, la referencia y nuevo paradigma del enfoque se debe fortalecer alrededor de un consenso entre los mediadores y responsables de controlar el problema de la obesidad infantil a nivel público, entre los que se cuentan entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el MSPS y el Instituto Nacional de Salud (INS), entre otros.

Para reenfocar las acciones de políticas públicas en Colombia contra la obesidad infantil, el nuevo Modelo de Atención Integral en Salud es una ventana de oportunidad pues permite concebir la obesidad desde un enfoque multicausal biopsicosocial en el que se comienzan a organizar acciones específicas frente a la obesidad en general.

Es importante, en todo caso, asegurar y promover políticas públicas desde la defensa de los derechos de los niños y las niñas, en especial los que se relacionan con la salud, la alimentación sana y la recreación como estrategias de prevención de ambientes obesogénicos. Los niños deben reconocerse desde un interés superior, como lo establece desde 1989 la Convención de Derechos del Niño y desde 2006 la Ley de infancia y adolescencia.

Por otra parte, se requiere de una reglamentación rigurosa de la ley 1355 de 2009 o Ley de obesidad, que obligue al Estado a establecer acciones operativas concretas como regulación de la publicidad y el etiquetado frontal, con destinación de recursos y responsables, dicha ley aún espera su desarrollo, en especial en lo relacionado con medidas orientadas a la primera infancia.

Ampliar el concepto de salud pública

La epidemia de la obesidad es reversible y existe la posibilidad de invertir la tendencia y tener la epidemia bajo control. La clave está en prevenir y ampliar las dimensiones de intervención de las políticas públicas, para concretar estrategias multisectoriales, integrales y coordinadas, a la luz de los derechos de la primera infancia.

Lo anterior, implica redefinir los conceptos de salud pública en la alimentación para involucrar y dar participación a los entornos educativos, las familias y la comunidad en los programas para prevenir la obesidad infantil.

En los jardines infantiles, en las escuelas públicas y privadas se sugiere el desarrollo de programas que integren los conceptos académicos y la promoción de hábitos y estilos de vida saludable de una forma positiva y divertida. Las acciones dirigidas a la primera infancia, por su parte, deben orientarse hacia el desarrollo motor y corporal feliz, al tiempo que se garantiza una alimentación segura y equilibrada.

En el marco de la política por la seguridad alimentaria y nutricional y de la ley de Obesidad, es necesario desarrollar acciones en educación nutricional desde la familia y el entorno escolar o educativo. También se deben establecer compromisos notables desde la industria de alimentos y los medios de comunicación, promoviendo legislaciones que reglamenten y recompensen a industrias de productos alimenticios de valor nutricional para los niños y las niñas, con implementación de tecnologías para producir mejores alimentos y con su respectivo etiquetado.

Por último, se deben abordar los condicionantes del estado nutricional, considerar la cultura alimentaria y los aspectos de desarrollo social y económico de un territorio como elementos esenciales para organizar las estrategias de educación que logren impacto en la población. Esto implica establecer regulaciones para la publicidad y etiquetado frontal de los alimentos.

Todo tiene un fin muy grande: la protección de la salud y la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y las niñas.

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