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Libertad y educación religiosas en Colombia, un país que afirma ser laico

Se puede afirmar que Colombia teme ser un país laico, a la par con el pavor generado por las múltiples teorías complotistas que van surgiendo y por la pandemia en curso. De la laicidad y del laicismo, cuyo significado se ignora en la opinión pública, poco se debate alrededor de la primera, y nada sobre el segundo.

Y así, los artículos 1 y 19 de la Constitución Política de 1991, después de cumplir sus primeros 30 años y a cuatro del señalamiento estatal del 4 de julio como “Día nacional de la libertad religiosa y de cultos”, se pierden entre la bruma del ajetreo cotidiano, transformados en textos que se reservan a la discusión académica sin un definido resultado político y cultural para la educación religiosa.

La nueva Constitución optó por declarar a Colombia como un país laico. A pesar de que la afirmación pertenecía al noveno de los diez primeros artículos de la Carta, ha dado en pensar que la mayor parte de la población no se percató de lo que eso implicaba, no solo para las mutuas relaciones entre el Estado y las diversas entidades religiosas radicadas en el país, sino, y ante todo, para la educación religiosa.

El presente texto muestra los principales resultados de la revisión de los documentos relacionados con este asunto. Para ello, no se ha perdido de vista la perspectiva del Concilio Vaticano II (1962-1965) sobre la libertad religiosa; también se evaluaron tres textos fundamentales para el tema, dos del Estado colombiano (la Ley Estatutaria de libertad religiosa y la Ley General de Educación, de 1994) y otro de la Conferencia Episcopal de Colombia (la Orientación pastoral sobre educación y libertad religiosa, 1997).

Otros tres documentos permitieron completar el panorama de análisis: el decreto estatal sobre la educación religiosa escolar, las muy antiguas Orientaciones pastorales (1975) de los obispos católicos que atendían al artículo 12 del Concordato en lo relacionado con la educación religiosa de niños y jóvenes, y por último la reciente declaración que la Santa Sede (2019) tituló La libertad religiosa para el bien de todos: Aproximación teológica a los desafíos contemporáneos.

Exótica reglamentación de la educación religiosa

Resulta extraño que aún en 2022, en un país que se autoproclama laico, la educación religiosa escolar continúe estando bajo la directa responsabilidad de la Iglesia católica romana.

Firmado 18 años antes de la actual Constitución, el Concordato entre la Iglesia y el Estado sigue vigente en su versión de 1973. Aunque en 1992 se quiso protocolizar una reforma para adecuarlo a la nueva legislación, el Parlamento no la aprobó.

Después de 1991 otras iglesias cristianas han promovido acuerdos de alguna manera similares, aunque no tan determinantes como lo es un protocolo entre dos Estados: la Santa Sede y la República de Colombia.

De igual manera, las disposiciones estatales ulteriores han procurado tener en cuenta otras entidades religiosas en la nación, así sean minoritarias; otro tanto logra el muy reciente documento católico romano sobre libertad religiosa al moverse en el horizonte de los derechos humanos.

La inmovilidad del tratado concordatario, que nunca se ha vuelto a abordar con la seriedad que la movilidad religiosa del país exigiría, ha llevado, por ejemplo, a que siga vigente una exótica reglamentación de la educación religiosa de los pobladores de “territorios de misión”, hoy inexistentes.

Es sorprendente que la Conferencia Episcopal haya reducido su interés por el argumento a lo acordado desde la época concordataria, con algunas leves modificaciones, entre ellas la Orientación pastoral sobre educación y libertad religiosa.

El control curricular señalado antes lleva a privilegiar la creencia católica en desmedro de las otras confesiones cristianas y de las otras religiones. Además, los docentes son aprobados o rechazados por el obispo de la diócesis a la que pertenece el establecimiento escolar, sea oficial o privado.

Y una curiosa solución –que plantea problemas logísticos y organizativos a las instituciones y al específico enseñante de religión– ha sido asumida de tiempo atrás: el menor de edad autorizado por sus padres, o algún joven ya adulto en desacuerdo con la enseñanza allí impartida, puede ausentarse del aula y dedicarse a otra ocupación académica.

En Colombia  la impartición de las clases de religión está regulada por el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación de 2015, que a su vez recoge al decreto 4500 de 2006. Y en estos documentos se establece que los colegios deben tener en cuenta la diversidad y libertad religiosa en sus planteles.

Otro deber que el Estado incumple

La Constitución señala que el Estado debe interesarse por la formación religiosa del colombiano adulto. Sin embargo, por ejemplo, ni siquiera la página Colombia aprende, gestionada por el Ministerio de Educación, presenta directrices para la educación religiosa.

Tanto el Ministerio como los ciudadanos se han desentendido de tal responsabilidad porque tradicionalmente la religión es percibida como un asunto privado. Quien ha superado la época de la adolescencia se autoconvence de haber adquirido una fisonomía religiosa definitiva. Algo similar suelen pensar los colombianos de religión judía o islámica o sintoísta, y también los pertenecientes a una comunidad cristiana de la ortodoxia oriental o protestante.

Cuando ese adulto tiene hijos menores de edad, solo él –a veces en colaboración con su cónyuge– es su instructor religioso, con alguna colaboración del catequista, imam o rabino.

No parece hacer falta una ulterior legislación ministerial para la situación contemporánea en cuanto a educación religiosa, si se mantiene el actual estado de cosas.

En definitiva, se impone una revisión del Concordato, si logra ser superado el litigio que llevó a bloquear la posible reforma de 1992 entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para ocuparse de los tratados internacionales.

De lo contrario, la soñada libertad religiosa que tanto Colombia como la propia Iglesia católica romana, las otras iglesias cristianas y las demás denominaciones religiosas han deseado para el país, no las verá actuar en igualdad de condiciones.

Con desmedro de las minorías religiosas y de su libertad: “el derecho a la igualdad –sentenció la Corte Constitucional desde 2009– conlleva un compromiso de protección mayor para los grupos minoritarios o marginados”, entre los que figuran las entidades religiosas pertenecientes a las etnias afroamericanas e indígenas colombianas.

Porque si Colombia es un país laico, los colombianos prestamos atención, escuchamos, somos sensibles, nos exponemos a nosotros mismos.

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