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Liberar a detenidos y condenados: entre la crisis penitenciaria y el COVID-19

No es para menos la atención que ha puesto en el fenómeno carcelario y penitenciario ese alto tribunal, pues la Corte tiene una tarea fundamental en el país, de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política Nacional: se le confía la guarda de la integridad de su contenido y supremacía de la Constitución y con ello, la protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin excepción que habitan o están de paso por el país.
 

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Por ello, la Corte Constitucional ha desempeñado un papel fundamental en la garantía de los derechos humanos frente al abuso del poder, en el que, además, no solo se ha convertido en revisora de los actos de la autoridad, sino que ha tenido un papel muy activo de coordinación y diálogo con todos los poderes para hacer, cada día más vigente el modelo de estado social y democrático de derecho que proclama la Carta Política de 1991.
 

De allí que su tarea es superar los desafíos actuales en torno al respeto y garantía de los derechos humanos, pues hoy en día aún existen vacíos y fallas estructurales en la vida nacional, como es el caso del sistema penitenciario y carcelario; mismas que han permitido que en el país se violen de manera sistemática y reiterativa los derechos fundamentales de las personas que habitan en el país -tanto colombianos como migrantes- afectando con ello el principio básico del Estado Social de Derecho.

En atención a la crisis de las prisiones, la Corte ha diseñado desde 1998 una línea jurisprudencial compuesta por las sentencias (T-153-98, T-256-00, T-388-13, T-815-13, T-861-13 y T-762-15), en las que advierte una crisis que pone en riesgo la integridad y vida de las personas, problemática que motivó al alto tribunal mediante esos fallos a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
 

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A partir de su declaración, las autoridades competentes del gobierno nacional han rendido hasta seis informes semestrales a la Corte sobre el estado que guarda el cumplimiento de las sentencias y las acciones que se han emprendido para superar la declaratoria sobre el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario; lamentablemente, a más de 20 años de su declaración la historia pone a debate la efectividad de ese recurso desarrollado por la Corte para evitar que continúe la violación masiva, generalizada y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues las mismas persisten hasta estos días.
 

El más reciente de los intentos por parte del Gobierno nacional, es la emisión del decreto 546 del 14 de abril de 2020, el cual no resuelve la problemática ni mucho menos pone a salvo a cientos de personas en reclusión, pues si bien, se trata de una medida que pretende descongestionar el hacinamiento a través de sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión y la detención domiciliaria, solo se queda en buenas intenciones. Este decreto ahoga sus buenos propósitos en las más de 70 excluyentes que señala su artículo 6°, así como las que se contemplan en los parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5.
 

Puedes escuchar: Covid-19 se suma a la crisis carcelaria.


Las excluyentes aplican a todos los internos incluyendo a todos aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, como las personas mayores de 60 años, madres gestantes, lactantes o con menores de edad, aquellos que padecen enfermedades crónicas, personas con discapacidad, entre otras. Lo cual significa que el decreto es una condena de muerte al obligarlos a permanecer en esos sitios de reclusión, pues la medida es insuficiente para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación al interior de los centros de reclusión.
 

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La llegada de la pandemia


La crisis al interior de los centros de detención y prisiones se ha agravado por la amenaza más letal a la salud y la vida de las personas en el mundo en este siglo XXI, la cual se ha propagado en los últimos meses: la pandemia causada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) o COVID-19, virus que ha puesto en cuarentena a decenas de ciudades en el mundo, pues supone un serio riesgo para las personas.
 

Para evitar el contagio, los gobiernos de las naciones afectadas han propuesto medidas de distanciamiento social y confinamiento.


En Colombia, la población sujeta a detención o condena se encuentra en serio riesgo por la situación grave de hacinamiento que prevalece, por la deficiente alimentación y el estado de desnutrición que padecen los internos -en especial las madres gestantes, lactantes y personas de edad avanzada- por contar con una población con enfermedades preexistentes y por la incapacidad de las autoridades penitenciarias de brindar espacios suficientes y adecuados para garantizar la salud de los internos, lo cual, es una auténtica bomba de tiempo.
 

Desde hace algunos meses, antes de que se conociera la amenaza del coronavirus, la Red Internacional de Política Criminal Sistémica Extrema Ratio UN ha sido consciente de la situación y ha advertido la amenaza que implica la situación de reclusión a la Corte Constitucional en el reporte de contraste al sexto informe semestral bajo oficio B. IIJS_262/2019, el cual señala que derivado del paso de más de 20 años sin poder resolver la situación, y como última medida para superar la crisis de superpoblación en el sistema penitenciario, se recomienda a la Corte Constitucional: estudiar, analizar y considerar a través de estudios la liberación masiva de personas que se encuentran en reclusión, tomando como referencia lo que han hecho en Estados Unidos, especialmente en California en 2011, en donde una Corte Federal ordenó la liberación de presos, como medida necesaria para poner solución a la violación de sus derechos constitucionales.
 

Esta medida se ha acelerado en las últimas semanas como consecuencia de la pandemia por coronavirus, la cual ha obligado a las autoridades de aquel país a acelerar la liberación supervisada de presos para evitar o mitigar los contagios en los centros penitenciarios, de  acuerdo con el informe elaborado por California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR); pues el virus no solamente pone en riesgo a la población interna, sino que supone un riesgo a la salud y a la vida del personal de las instituciones y de la comunidad en general.

El CDCR estima que en las próximas semanas se liberen de manera acelerada hasta 3,500 personas, bajo libertad condicional; para alcanzar ese objetivo el departamento está preparando equipos multidisciplinarios in situ en cada institución para acelerar la coordinación. Los individuos serán puestos en libertad condicional estatal o supervisión de libertad condicional local, o serán dados de baja (del sistema carcelario), dependiendo de su sentencia individual.
 

Las acciones desplegadas en Estados Unidos para descongestionar sus sistemas penitenciarios y evitar el contagio masivo de COVID-19 entre los internos pone a debate las acciones que han emprendido las autoridades en Colombia, incluso pone a debate la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, la cual no ha sido un recurso eficaz, pues no ha garantizado en más de 20 años los derechos básicos para que las personas en reclusión puedan desarrollar su tratamiento en condiciones de dignidad.
 

Sirva ese ejemplo para que en Colombia las autoridades nacionales y la Corte Constitucional no pongan en peligro valores superiores y fundamentales de las personas en reclusión, pues el mantener el ilegal hacinamiento es poner en serio riesgo la salud, la integridad física y la vida de cientos de personas que se encuentran en condiciones de reclusión y del personal penitenciario, pero sobre todo mantener a personas en hacinamiento es poner en riesgo a la población en general.
 

Conviene hacer una reflexión de que la finalidad del tratamiento penitenciario establecida en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, es “alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal” y preparar a las personas para su vida extramuros, no es el preparar a las personas a morir a causa de la pandemia, tal y como ha ocurrido en las prisiones de Nueva York.
 

Además: Es hora de que el Congreso entre al juego.
 

Si no hay una actuación inmediata por parte del gobierno colombiano, estos serán responsables de la muerte masiva de personas en situación de reclusión, lo cual sería una tragedia, pues de nada sirvieron los esfuerzos, los recursos humanos y económicos que en más de 20 años se han realizado, será entonces demasiado tarde y un esfuerzo en vano para atender una crisis olvidada y anunciada.
 

Sale más económico para la sociedad colombiana liberar a todos los detenidos y condenados que pagar los costos que implica, no sólo sostenerlos, sino pagar sumas millonarias por las muertes de los mismos productos de las demandas en contra el Estado y esos dineros se podrían destinar al mejoramiento de la estructura de la red hospitalaria nacional.

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