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Las dificultades de ser un niño o una niña inmigrante

En los últimos años el fenómeno migratorio latinoamericano se ha transformado debido a los cambios en el contexto y la política internacional de la región. Así, países históricamente expulsores están recibiendo oleadas de migrantes sin estar preparados para enfrentar las situaciones que implica ahora ser receptores. Colombia es un ejemplo, al recibir más de un millón de ciudadanos venezolanos sin tener en cuenta el evidente subregistro.

El incremento de la migración venezolana ha representado un desafío para los entes territoriales. Sin embargo, en el actual contexto electoral el tema migratorio brilla por su ausencia, mientras ha aumentado la xenofobia y la explotación laboral de los inmigrantes venezolanos, empleados en condiciones precarias.

Colombia también es considerado como un país de tránsito hacia Centroamérica, Norteamérica y el Cono Sur, y la mayoría de migrantes, aparte de los venezolanos, son cubanos, haitianos e indios. Aún así, es un gran reto para el país contar con una legislación en materia migratoria. Un primer intento se hizo en 2001 con la creación del programa “Colombia Nos Une” –enfocado a los colombianos en el exterior– y otras normativas que han pretendido restringir el ingreso de extranjeros a Colombia, aunque no han respondido a necesidades reales de protección.

Los derechos humanos de la infancia consagrados en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 son la principal herramienta ratificada por los Estados, que obligan al establecer medidas de respeto, garantía y protección en los sistemas jurídicos. Pero, ¿las niñas y los niños son protegidos de manera eficiente por los Estados, las sociedades y las comunidades? ¿Qué significa el interés superior de niñas y niños? ¿Cómo se lleva a la práctica?

La existencia formal de instrumentos de derecho internacional, normatividad o políticas públicas no implica la supremacía del respeto por niñas y niños, sobre todo cuando se habla de flujos migratorios.

Formular estas preguntas desde la academia implica un esfuerzo investigativo por contextualizar la situación de niñas y niños migrantes. Dentro de los aportes a la materia, el Grupo de Investigación Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia (UN) desarrolla un proyecto de investigación en migraciones internacionales de niñas, niños y adolescentes en Colombia y Chile, que centra el análisis en la garantía del derecho a la educación.

Colombia también es considerado como un país de tránsito hacia Centroamérica, Norteamérica y el Cono Sur, y la mayoría de migrantes, aparte de los venezolanos, son cubanos, haitianos e indios.

Uno de los puntos de partida ha sido la normatividad internacional que ha brindado insumos a estos países para elaborar o proyectar una política pública dirigida a los menores migrantes, indispensable al momento de indagar por la garantía de este derecho. Para lograrlo, se han tenido en cuenta instrumentos internacionales como:

  • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación como una manera de desarrollar la personalidad y de vincularse a la sociedad, por lo que los países que forman parte del Pacto reconocen la necesidad de brindar ciertas condiciones como el acceso a diferentes niveles de educación, su fomento y eventual gratuidad.
  • La Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 28 y 29 reconoce el derecho a la educación como herramienta para el desarrollo de la personalidad y la obligación de los Estados de garantizarlo.
  • La “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias” establece en su artículo 30 que todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a la educación y podrán acceder a ella en condiciones de igualdad.

Estos tres instrumentos en su conjunto darán una base para el análisis de la normatividad y los diferentes programas implementados en los dos países. Sin embargo, la población inmigrante y su niñez están en condiciones de vulnerabilidad, sin políticas que garanticen derechos fundamentales como educación y salud, y con obstáculos para acceder a ellos, pues no suele existir una manera de matricular a un niño o una niña en un colegio sin antes cumplir con requisitos y trámites burocráticos, como el registro civil de nacimiento, certificados de estudio, pasaporte o tipo de visa que, estando en situación de irregularidad, son prácticamente imposibles.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2018 los principales migrantes en Chile provienen de Perú (23 %) y Colombia (21 %).

Si bien el Gobierno colombiano ha hecho un llamado para garantizar el derecho a la educación, tres aspectos han creado confusión, en detrimento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes: la falta de información en los colegios; la ausencia de una normatividad específica; y la sentencia de la Corte Constitucional en la que se exige una visa de estudiante para ingresar a una institución educativa.

El caso chileno 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2018 los principales migrantes en Chile provienen de Perú (23 %) y Colombia (21 %). En 2017 la población inmigrante censada fue de 17.574.003 personas, y para 2014 se estimó que el 2,3 % de la población residente en Chile era inmigrante.

En 2013, después de la expedición de diferentes reformas y decretos, en Chile se presentó un nuevo proyecto de ley migratoria ante el Congreso Nacional, que pretendía responder al contexto migratorio; sin embargo su contenido estaba enfocado en la migración laboral y no cubría las demás dimensiones posibles. Al mismo tiempo, otros sectores de la política chilena adoptaban la posición de la seguridad nacional, al afirmar que el ingreso de migrantes afectaba la economía y las condiciones generales de los chilenos.

Ya van cinco años de intentos fallidos por impulsar la nueva ley migratoria que pretendía crear el Sistema Nacional Migratorio en 2017, con el fin de llenar los vacíos de la normatividad vigente. En medio de controversias, cientos de migrantes han salido a las calles para exigir un efectivo enfoque de derechos, como había prometido el gobierno de Michelle Bachelet.

Pese a las virtudes de este proyecto de ley, se ha generado un malestar en la población chilena que lo ve como una ventana para favorecer al migrante y no al nacional, con lo que se profundizan situaciones y sensaciones de racismo y xenofobia. Queda mucho para lograr la aprobación de este proyecto de ley que, una vez salga, serviría no solo en Chile sino que sus repercusiones pueden ser muy positivas para Colombia, que se enfrenta al desafío de una buena gestión de las migraciones venezolanas.

Pese a las virtudes de este proyecto de ley, se ha generado un malestar en la población chilena que lo ve como una ventana para favorecer al migrante y no al nacional, con lo que se profundizan situaciones y sensaciones de racismo y xenofobia.

El debate sigue abierto, y las miradas adultocéntricas predominan al momento de diseñar políticas migratorias. Las voces de niñas y niños tendrán que ser tomadas en cuenta, desde una perspectiva de la infancia y la interseccionalidad. Lo anterior implica pensar en múltiples infancias entre 0 y 18 años, contemplar los diferentes cruces entre sexo, género, raza, etnia, edad, discapacidad, edades (diferenciando entre primera infancia, infancia y adolescencia), las condiciones económicas, las clases sociales y los procesos de empobrecimiento que generan procesos migratorios.

 

 

* Stephanie López Villamil, Carolina Rodríguez Lizarralde, Laura Catalina Barriga Durán y Laura Daniela Aristizábal González.

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