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Las complicaciones del Estado para adoptar medidas que prevengan la invasión de tierras

El delito de la urbanización ilegal encuentra su fundamento constitucional en la protección de la propiedad como función social ordenada territorialmente, y que con ese tipo penal busca impedir que personas inescrupulosas se lucren realizando desarrollos urbanísticos sin permisos, los cuales generan caos en la infraestructura a costa de la buena fe de las personas de escasos recursos que a través de estos mecanismos buscan acceder al derecho a tener una vivienda. En la Sentencia C-157 de 1997, la Corte Constitucional advierte el papel del Estado, que tiene el deber de elaborar planes, programas y proyectos que les permitan a los ciudadanos materializar su derecho a la propiedad en condiciones dignas, con arreglo a la ley y no mediante su quebrantamiento. 

 

En este contexto la realidad es distinta. Según el Gobierno nacional, la cobertura en vivienda de interés social y en vivienda de interés prioritario es formal. En el Ministerio de Vivienda, a través de FonVivienda, pasando por los programas que ofrecen los entes territoriales, como la Secretaría Distrital del Hábitat, no poseen una bolsa suficiente de subsidios permanentes, y en otros exigen requisitos complejos de cumplir, como en el caso de Mi Casa Ya, que exige no tener reportes en centrales de riesgo, pese al problema social que viven muchos colombianos quienes, con créditos de libre consumo, afectaron sus reportes por la falta de pago, y que empeoró después de la pandemia.

 

Cómodas cuotas y promesas de compraventa sin el lleno de elementos legales son el pan de cada día 

 

Esta realidad abona el terreno para la invasión de tierras y la urbanización ilegal, ya que, al no existir planes y programas efectivos y requisitos posibles de cumplir, se da paso a cómodas cuotas y promesas de compraventa sin el lleno de elementos legales, que encuentran nuevas víctimas. Aunque en los últimos días han proliferado noticias sobre la invasión de tierras de propiedad privada –sin distinción de los tipos de bienes invadidos–, las propiedades públicas (destinadas al uso público) o los bienes fiscales no han estado exentos de ser ocupados ilegalmente. Como señalaba Aristóteles, “no hay nada más desentendido que lo que es común a todos”. Cerros, ríos y lugares de importancia ecológica han sido deforestados ilegalmente para atender a un problema de vivienda. 

 

Un problema complejo e insostenible

 

En la norma jurídica existen mecanismos de prevención y corrección inmediata que no se limitan a la cobertura en vivienda. La Ley 1801 de 2016, “Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, entendida como ese compilado normativo de la cotidianidad del cual todas las personas tienen relación, así sea de forma inconsciente, establece algunos mecanismos que tanto como propietarios de terrenos públicos y privados como autoridades desatienden a fin de evitar llegar al delito. A continuación algunos ejemplos.

 

El artículo 1 establece las condiciones para la convivencia. La Corte Constitucional menciona la obligación del Estado para generarlas (sentencias C-100/2022, SU-157/122 y T-006 de 2022), con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos constitucionales siempre y cuando no sobrepasen o abusen de sus derechos, ya que toda la comunidad tiene derecho a ejercerla en condiciones de equidad. Por supuesto estos frenos imponen el deber de guardarlas, tanto a los particulares como en lo público.

 

En cuanto a la protección de inmuebles se impone una obligación a todo tipo de propietarios, sean de bienes públicos o privados. El numeral 4 de artículo 77 indica que no encerrar los lotes o mantenerlos en debidas condiciones es un comportamiento contrario a la protección de inmuebles, situación que se puede tornar imposible legalmente por la falta de recursos económicos y de presupuesto. Además, los altos costos de las licencias urbanísticas no han sido regulados por el Estado ni por el legislador, lo cual impide que las personas de escasos recursos y algunas entidades cumplan con la obligación.  Por su parte, se contempla como medida correctiva la Multa General tipo 3, la construcción, el cerramiento, la reparación o el mantenimiento del inmueble.

 

También se contempla que si la ocupación de cualquier tipo de predio ocurre dentro de las 48 horas, la Policía Nacional podrá expulsar al ocupante. Este artículo nunca fue desarrollado por el legislador, lo cual deja al uniformado –quien no es experto en derecho– sin herramientas para practicar un debido proceso. Ellos cuentan con la aplicación de los medios de policía, entendida como herramientas que brinda la ley a la autoridad de policía para prevenir y restablecer la convivencia de manera inmediata, como la mediación policial, el retiro del sitio, la suspensión inmediata de actividad, entre otros.

 

Aunque existe una norma con debilidades en convivencia, normativamente hay herramientas de contención que se deben aplicar con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, mecanismos que se deben activar siempre de la mano de soluciones efectivas de vivienda digna y pedagogía social que permita conocer que no todo lote es habitable o construible a fin de evitar engaños. A su vez, es corresponsabilidad ciudadana interiorizar que el acceso a la vivienda no puede ir en contravía a la ley, pero que, a su vez, el Estado debe propender por la vivienda en condiciones dignas y ordenadas.

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