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Las comisarías de familia y las pocas garantías para las mujeres de acceso a la justicia

Según datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN), entre enero y octubre de 2020 se reportaron 73.038 casos de estas violencias en contra de las mujeres, es decir que cada seis minutos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar.
 

Ante una situación de violencia, las víctimas deben acudir a las comisarías de familia, que según la Ley 1098 de 2006 son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.


Una de las competencias específicas de esta entidad está relacionada con todo tipo de violencia ocurrida en el interior de una familia, no solo por parejas y exparejas, sino por su familia extensa, hermanas, hermanos, tíos y padres, entre otros. Vistos desde un enfoque de género, los casos reportados revelan que la mayoría de las mujeres son agredidas especialmente por sus parejas y exparejas, por lo que acuden a estas entidades públicas en busca de protección y asesoramiento jurídico y judicial.
 

Puedes leer: 25 de noviembre, memoria en el cuerpo y la vida de las mujeres.
 

No obstante, los procesos de atención en algunas comisarías de familia de Bogotá estarían permitiendo la repetición de estos eventos violentos, pues la postura de la mujer se toma como carente de autogestión y revictimiza a las denunciantes. Además las entidades favorecen el predominio de familias disfuncionales, en las que la mujer debe ser complaciente –aún en contra de su voluntad– evidenciando que en la comisaría de familia no se soluciona el problema.


Así lo revela la investigación de la psicóloga Luisa María Romero Montes, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien logra una interconexión entre ambas disciplinas (psicología y derecho) para identificar las representaciones sociales que construyen ciudadanos, funcionarios de comisarías y personas que acompañan el proceso, frente al derecho de acceso a la justicia.


Por medio de entrevistas y análisis de casos en 7 comisarías de familia de Bogotá, se evaluó el impacto que estas representaciones tienen tanto en la prevención como en la repetición de eventos de violencia basada en género. La investigación contó con 5 mujeres y 3 hombres, quienes participaron a través de entrevistas, a partir de su experiencia como usuarios con procesos actualmente activos. En total se identificaron 15 tipos de representaciones sociales.


También se entrevistó a una funcionaria de la Comisaría de Familia de la localidad de Fontibón, y a otros funcionarios de las casas de igualdad de oportunidades y de justicia, las cuales también atendían a mujeres y algunos de sus procesos en las comisarías de familia.
 

Barreras de acceso a la justicia


“El obstáculo del acceso a la justicia se da de muchas maneras: desde que la persona puede llegar o no a la Comisaría a iniciar un proceso, al hacerlo, al enfrentar dificultades durante el procedimiento y la asignación de las medidas de protección, al enfrentarse a los prejuicios de algunos funcionarios encargados de la atención, a la normalización de la violencia, entre otros”, señala la abogada Romero.


La investigadora narra la historia de una de las mujeres víctima de violencia física por parte de su pareja, quien tramita ante la entidad la solicitud de custodia de sus hijos como medida de protección. Sin embargo, la comisaría alega que prima el derecho del menor de edad de tener cerca a su padre, quien al visitarlo incurre en actos de violencia contra la mujer denunciante, agrediéndola física y psicológicamente, y amenazándola con no volver a entregarle a su hijo.
 

“Este es un ejemplo muy común que pasa casi a diario en el país: por garantizar los derechos de los niños de estar cerca a sus padres, estos terminan siendo instrumentados, evidenciando un vacío en el que no se tienen en cuenta las dinámicas de violencia basadas en género”. Luisa María Romero Montes.

Un problema agravado en pandemia


Durante la cuarentena que inició en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19, las comisarías de familia aumentaron los canales de comunicación, intentando que fueran de mayor y más fácil acceso para las mujeres.


A pesar de esto, según la magíster Romero estas estrategias no resultaron del todo eficientes, no solo porque no había una línea unificada de atención, sino también porque algunas, aún después de denunciar, se veían obligadas a convivir con los victimarios, pues en medio de la contingencia no se procedían con órdenes de desalojo para sus parejas, ni siquiera por estar bajo un riesgo alto.


Así mismo, señala que hubo muchos casos en los que a las mujeres que tenían audiencias de seguimiento o para confirmación de medidas de protección en medio del confinamiento se les negaba el proceso.


“Si se aumentan los caos de violencia contra la mujer en medio de la pandemia, es en parte el resultado de años atrás de no ser claros en las medidas de protección para ellas, de no tener un discurso firme en cuanto a la cero tolerancia de la violencia contra las mujeres”, destacó la investigadora.
 

Los retos pendientes


Al tratar de acceder o solicitar información en las comisarías de familia que formaron parte del estudio sobre la labor que desempeñan, la investigadora manifiesta que esto se dificulta debido a que no manejan información muy clara al respecto.


Además, una de las funcionarias relata que no poseen escenarios de bienestar, de cuidado personal, pero que sí sienten una sobrecarga de trabajo.


Agrega que estas entidades deben repensarse desde una forma estructural y mucho más amplia, y también debe haber una mayor inversión en los presupuestos de estos procesos para las plantas físicas y fortalecer los procesos de selección de personal con enfoques de género en la atención y cuidado de estos escenarios.


Uno de los impactos que deja el estudio y este tipo de análisis es que entidades públicas como las comisarías también se fortalezcan en sus procesos, que puedan explorar muchos más escenarios y lograr un mejor asesoramiento y acompañamiento psicosocial en los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo cuando la víctima es una mujer.

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