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La violencia, otro lado oscuro de la corrupción

Los conflictos internos dividen a la sociedad, y con ello, cada bando se muestra siempre propenso a condenar los crímenes del oponente y a justificar los propios. En este contexto, el lenguaje moral pierde su capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto.

El historiador griego Tucídides, quien hizo esta observación acerca de la guerra civil en Córcira (isla griega del mar Jónico), registró la forma como dicha guerra trastocó las evaluaciones morales:

  • Lo que antes era considerado prudencia devino en cobardía.
  • La moderación, en falta de hombría.
  • La precipitación, en virilidad.

Los vínculos de sangre se hicieron más débiles que los del partido y estos se constituyeron al servicio de la ambición y no del beneficio público. El respeto a las promesas se subordinó a la capacidad de hacer respetar por la fuerza la palabra empeñada, o de deshacerla también por la fuerza. Desafortunadamente, en Colombia resulta bastante familiar el cuadro que pintó Tucídides.

En los casos en que la salida de la violencia ha sido pactada, la sanción de los involucrados en los crímenes cometidos durante el conflicto puede contribuir tanto a fortalecer el Estado de derecho como a controlar la corrupción.

En un grado bastante significativo, la forma en la que las sociedades salen de la violencia determina el mayor o menor restablecimiento de las evaluaciones morales que mantienen la corrupción a raya. Donde los vencedores han sido más honestos, esas evaluaciones vuelven a operar de una manera más efectiva, incluso si su victoria fue cruenta. Las dictaduras de Francisco Franco en España (1936-1975) y de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) tuvieron índices de corrupción bajos y hoy ambos países tienen un nivel de honestidad más alto que el de otros países con grado de desarrollo similar. Sin embargo en general las dictaduras se caracterizan por ser bastante corruptas y su legado empaña así mismo los procesos de consolidación democrática.

En los casos en que la salida de la violencia ha sido pactada, la sanción de los involucrados en los crímenes cometidos durante el conflicto puede contribuir tanto a fortalecer el Estado de derecho como a controlar la corrupción. En cambio, cuando el pacto transicional deja grandes agujeros de impunidad, resulta más difícil que la acción de los individuos vuelva a los cauces legales. La razón tiene que ver con el hecho de que el respeto a la legalidad no se mantiene simplemente por la acción de los jueces.

En la sociedad tiene que haber un amplio consenso acerca de los estándares morales mínimos que se traduzcan en un fuerte control social acerca de la forma como se usan los recursos públicos y se produce y distribuye la riqueza. Si la sociedad logra cerrar la confrontación de una manera consensuada, ese control social saldrá fortalecido. De otro modo, el carácter faccionalista (división dentro de un grupo político) y sectario de la apelación a los estándares morales, favorecerá la continuación de la corrupción.

La apelación al exceso de severidad garantista para que los empresarios no comparecieran ante esta jurisdicción especial es uno de los flacos favores que las élites de este país le han hecho a la paz. Otro, es su escasa voluntad para financiar el cumplimiento de los acuerdos, de un modo similar a como financiaron la guerra.

En el caso colombiano, el recorte que le hizo la Corte Constitucional al sistema de justicia transicional, la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), puede resultar nocivo, ya que la jurisdicción ordinaria se ha mostrado bastante incapaz de sancionar a quienes sacaron provecho de crímenes cometidos con ocasión del conflicto.

La apelación al exceso de severidad garantista para que los empresarios no comparecieran ante esta jurisdicción especial es uno de los flacos favores que las élites de este país le han hecho a la paz. Otro, es su escasa voluntad para financiar el cumplimiento de los acuerdos, de un modo similar a como financiaron la guerra. De no corregirse la impunidad en la jurisdicción ordinaria, quedará la señal de que el crimen sí paga.

Es un anhelo que la sociedad apoyara los esfuerzos de la JEP para que los responsables directos de crímenes cometidos durante el conflicto, de lado y lado, digan la verdad y asuman la responsabilidad que les corresponda, y que también respaldara la acción de la Comisión de la Verdad. Los actores directamente involucrados en el conflicto son los primeros llamados a rendir cuentas por sus acciones, pero la sociedad cometería un error histórico si los convirtiera en chivos expiatorios del legado de violencia y corrupción del conflicto armado.

Lo más probable, sin embargo, es que las diferentes fuerzas políticas, de izquierda a derecha, quieran sacar provecho político de la acción de la justicia contra sus oponentes. Me temo que para esas fuerzas políticas son más relevantes sus perspectivas de corto plazo que cualquier visión compartida de futuro.

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