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La salida al mar de Bolivia: vendrán nuevas negociaciones

Luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ¿qué sigue en la disputa que enfrenta a Chile y Bolivia desde hace más de 100 años, cuando este país perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico?

La importancia crucial de mares y océanos para las estrategias y el desarrollo de Estados y pueblos parece convertirse en un axioma en lo que va avanzando del siglo XXI. El caso de reclamación de una salida al mar con soberanía presentado por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo desenlace fue presentado ayer en audiencia en La Haya (Holanda), parece confirmarlo.

La carencia de litoral pone a algunos Estados en condición de desventaja frente a los demás, limitando sus opciones para el desarrollo y el ejercicio del comercio y las exportaciones, con algunas excepciones notables, como Suiza y Austria. El derecho internacional ha desarrollado mecanismos para que los Estados sin litoral, que son alrededor de 45 en el mundo, puedan alcanzar acceso al mar a través de los llamados “corredores” o facilidades aduaneras, sin soberanía. No se trata de un derecho autónomo, sino que depende de la negociación de acuerdos bilaterales o regionales entre Estados.

Historia  de una disputa

El caso de Bolivia tiene características que lo hacen único, por las condiciones históricas en que ese país perdió su acceso al océano Pacífico.

La historia de la controversia entre Bolivia y Chile se remonta a la Guerra del Pacífico, entre países hermanos, que vinculó también a Perú, entre 1879 y 1883. El Gobierno boliviano intentó imponer un impuesto de diez centavos a una empresa chilena explotadora de salitre, lo cual sirvió de pretexto para que, después de reclamos, llamados a la revocatoria de la decisión, alegaciones de violaciones de tratados, solicitudes de mediaciones, expulsiones de ciudadanos y demás, Chile le declarara la guerra a Bolivia y Perú en abril de 1879.

Chile se impuso militarmente, entre otras razones por su superioridad naval que le permitió conquistar zonas costeras del desierto y ocupar territorios. Para poner fin a la guerra se firmó un “Pacto de Tregua” entre Bolivia y Chile.

En 1904 se celebra un nuevo tratado de “Paz y Amistad” entre Chile y Bolivia, que restablece formalmente las relaciones entre los dos países y reconoce “el dominio absoluto y perpetuo de Chile” sobre los territorios ocupados por ese país, como consecuencia de los hechos de guerra.

Una cláusula final dispone un mecanismo de arbitraje en caso de controversia sobre la ejecución de ese tratado. Desde entonces una constante histórica en este caso es la reclamación continua, permanente e inalterada de una salida al mar con soberanía, por parte de Gobiernos y funcionarios bolivianos de diversas tendencias políticas e ideologías.

La Constitución de Bolivia vigente declara el derecho irrenunciable e imprescriptible del Estado sobre el territorio que le dé acceso con soberanía al océano Pacífico y su espacio marítimo, como un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano, a través de medios pacíficos. El desarrollo de una marina mercante constituye una prioridad para Bolivia.

La última controversia

Bolivia le pidió a la CIJ declarar que Chile está en la obligación de negociar y alcanzar un acuerdo con Bolivia que le garantice una salida al mar con soberanía, obligación que Chile ha incumplido y que debe cumplir de buena fe.

Chile, por su parte, se ha mantenido en la vigencia y el respeto que le ha dado al tratado de 1904, incluyendo el reconocimiento a perpetuidad, a favor de Bolivia, del libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos marítimos en el Pacífico, negando la existencia del compromiso y la obligación que alega el Estado demandante. 

Para fundamentar su fallo la Corte examinó, entre otros aspectos jurídicos, los acuerdos bilaterales; las declaraciones, los actos unilaterales de Chile y la llamada “Acta de Charaña”, una reunión entre los generales Hugo Banzer y Augusto Pinochet en febrero de 1975, en la cual ambos mandatarios expresaron su resolución de continuar los diálogos para buscar fórmulas de solución a los asuntos de mediterraneidad que afectan a Bolivia, “dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno”, en un clima de armonía, entendimiento y cooperación.

La Corte también analizó las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, que conmina a los Estados miembros a arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. La Corte concluyó que esa obligación tiene un carácter general, que no establece un mecanismo específico para la solución de una controversia.  

También fue objeto de análisis la Carta de la Organización de Estados Americanos, sobre la cual la Corte llegó a una conclusión similar.

¿Qué significa el fallo?

El fallo de la CIJ, leído ayer, acusa un enfoque lánguido que no logra convencer. La Corte se limitó a constatar que, de los tratados, diálogos y aproximaciones diplomáticas entre los dos Estados a lo largo de décadas, no se desprende una obligación jurídica que comprometa a Chile a negociar una salida al mar con soberanía para Bolivia.

Sin embargo, aparte una mención retórica rápida en el sentido de que el fallo no excluye la continuación de diálogos e intercambios, a la Corte le faltó ímpetu para aportar mecanismos concretos que faciliten algún avance en las negociaciones. Con la voluntad de las partes, “negociaciones significativas pueden ser emprendidas”, dijo sabiamente la Corte.

El fallo no es un cierre definitivo a la cuestión pues no se pronuncia sobre la extensión y los derechos sobre una línea costera en disputa, sino sobre la obligación jurídica de negociar a cargo de uno de los Estados en la controversia. La obligación de negociar una solución a sus controversias sigue siendo una obligación general para todos los Estados.

La cuestión de los derechos de los pueblos con vínculos ancestrales con el mar y su entorno ambiental, como fue el caso de los raizales y pescadores artesanales de San Andrés, parece no ameritar consideración por parte del alto tribunal, siendo que las cuestiones relativas a los derechos humanos y los derechos de los pueblos, como en el caso de los Inuit, parecen abrirse camino actualmente en los desarrollos del derecho al mar.

Bolivia anuncia que no abandonará su reclamación y deberá hacer esfuerzos por innovar en los mecanismos pacíficos para una solución a la controversia.

Con el caso presentado ante la CIJ, Bolivia ha logrado, pacíficamente, hacer visible el contexto histórico que da lugar a la controversia: el derecho del pueblo boliviano a beneficiarse plenamente de los recursos de diverso orden que aporta el mar, sustentando también la legitimidad de una causa que hunde sus raíces en una guerra absurda entre países hermanos, en los remanentes del colonialismo y en las luchas de las nacientes empresas transnacionales de la época por los recursos naturales, principalmente el salitre.

Visto en conjunto, el fallo de la Corte parece abrir una nueva etapa de negociaciones “significativas”, que deberán ser preparadas y emprendidas por los dos países.


Escuche acá la entrevista en UN Radio con el politólogo boliviano Carlos Cordero, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".

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