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La resocialización debe ser la gran meta de la justicia penal

El hacinamiento y las malas condiciones de los centros penitenciarios contribuyen a que los programas de resocialización para los reclusos fracasen, y en consecuencia la persona cumple su pena sin haber llevado a cabo un proceso exitoso que le garantice la reincorporación a la sociedad; recae en las conductas delictivas y reingresa al centro penitenciario aumentando la sobrepoblación del sistema.
 

Partiendo de esta situación, la abogada y politóloga Edna Carolina Camelo, profesora de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), propone el afianzamiento de las relaciones familiares y la educación como algunas de las fórmulas que ayudarían a disminuir la reincidencia en delitos en el país.
 

La docente Camelo, coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados (CDPP) de la UNAL, agrega que “en Colombia la criminalidad no se soluciona solo con la cárcel, sino también con acciones integrales que impidan que se vuelva a cometer el delito: se deben dar espacios adecuados para la resocialización de las personas y que su regreso al seno de la comunidad sea exitoso”.

La preocupación por esta situación y la necesidad de que la justicia penal asuma la resocialización como una política determinante en la disminución del crimen en Colombia incidieron para que el CDPP propusiera un proyecto de ley[1] con herramientas para solucionar esta problemática.
 

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“Antes que se dé el periodo de cárcel, el fenómeno de la criminalidad se debe dirigir a prevenir y analizar las condiciones socioeconómicas y educativas de las personas que terminan vinculadas a estos espacios”, explicó la docente.
 

El proyecto también cuenta con un enfoque de justicia restaurativa, inspirado en los Acuerdos de Paz, con el cual se quieren encontrar otras alternativas de pena contrarias al delito y con un planteamiento más cercano a la ética social.
 

Según la propuesta legislativa de la UNAL, la resocialización y la prevención de la reincidencia son dos conceptos relacionados, pues no es posible prevenir la reincidencia si no se cumplen procesos de resocialización exitosos, y como consecuencia de ello, las principales acciones para prevenir la reincidencia son aquellas que fortalecen los procesos de resocialización que se deben cumplir en el Sistema Penitenciario y Carcelario, de competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
 

A la resocialización se suman las demás acciones en materia de seguridad ciudadana y de prevención del delito en general.

Según el Inpec, para septiembre de 2021 el 21,95 % de la población privada de la libertad en intramural y el 17,33 % de la que está en prisión domiciliaria se encuentran allí por reincidencia, es decir que alrededor de 1 de 4 personas que cometen delitos y son capturadas reinciden y son condenadas por ello.
 

Sin embargo, la abogada Camelo señala que el panorama se torna aún más complejo cuando se tiene en cuenta que no todos los casos son registrados por el Inpec, por lo que seguramente dicha población es mucho mayor a la reportada.
 

El CDPP de la UNAL considera que la cárcel no está cumpliendo adecuadamente con su función de resocializar sino que, por el contrario, termina promoviendo la reincidencia. Por lo tanto, se deben fomentar otras orientaciones, optando por un sistema que priorice castigos que no requieran confinar a la persona dentro de un establecimiento carcelario, para que amplíe su interacción con un tejido social alejado de la criminalidad, donde haya trabajo comunitario, sana convivencia y actividades lúdicas, entre otras prácticas diferentes a los círculos sociales que han rodeado a la población previamente excluida de instituciones como la educación y el trabajo.

La familia como ente articulador

Para la abogada Lady Andrea Beltrán Cárdenas, magíster en Derecho de la UNAL, “los programas resocializadores se deben encargar de evitar que la cárcel sea simplemente una forma de exclusión secundaria, donde se traslade la exclusión que se dio en la comunidad, en la familia o en la persona misma y que luego se transformó en la comisión de una conducta que se considera delictiva. El enfoque se debe centrar en el apoyo al cambio de condiciones sociales y culturales, para asegurar así la eliminación progresiva de las penas intramurales”.
 

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Con base en 20 encuestas a personas que están o estuvieron en prisión en Bogotá, o algunos municipios de Cundinamarca, la investigadora sostiene que es fundamental involucrar a las familias en el proceso para que el pospenado no vuelva a reincidir. La mayoría de los individuos que participaron en la investigación habían cometido hurto –tanto simple como agravado y calificado–, seguido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y homicidio.
 

Entre ellos se encontró como respuesta predominante que las familias tuvieron una efectiva y positiva contribución tanto económica como social y moral, e incluso muchos afirmaron que la privación de la libertad no habría sido soportable sin su acompañamiento y contribución emocional.
 

“En términos generales, las personas que han purgado penas privativas de la libertad y que no han reincidido tienen como característica principal que cuentan con familias que les brindan su apoyo y que en la etapa carcelaria y penitenciaria se vuelven su sustento, y al cumplir con su pena mantienen un apoyo significativo que les hace mantener el deseo de no volver delinquir, sino de enfocarse en procesos educativos o laborales que les permitan generar un sustento”, afirma la investigadora.
 

Dentro del proyecto de ley, este punto tiene especial énfasis y se disponen acciones de acompañamiento psicológico y social que permitan afianzar los lazos con sus padres, hermanos, pareja o hijos y que esto genere menos trauma en la reincorporación a la sociedad.
 

La educación también se constituye en un punto importante. Según el informe estadístico de diciembre de 2016 del Inpec, el 5,4 % de la población reclusa es iletrada, el 35,9 % solo hizo la básica primaria, el 38 % cursó algún grado de bachillerato y tan solo el 17 % alcanzó el grado de bachiller.
 

Alexandra González, de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez (Polcrymed), considera que es necesario trabajar en la generación de medidas que no solo busquen sancionar la delincuencia, sino que también se permita emprender acciones para prevenir el crimen, lo cual evitaría que la política criminal se centre en un tratamiento reactivo y coyuntural.

En definitiva, se debe vincular la familia a los procesos de resocialización, además de promover programas de trabajo, estudio, vinculación a grupos sociales, culturales o con quienes se comparta un sentido de identidad. Así mismo es fundamental alentar la participación en actividades que promuevan la espiritualidad, los deportes y el arte para que las personas privadas de la libertad tengan la determinación de no reincidir y de reintegrarse a la sociedad.
 

Para consultar:

“El fin de la pena privativa de la libertad: entre la utopía y el confinamiento”.


UNAL radica proyecto de ley para la resocialización integral de internos y pospenados.
 

Especial: Cárceles, crisis en expansión.


[1] La propuesta legislativa cuenta con el apoyo de los congresistas Eliécer Salazar, Alejandro Vega y Margarita Restrepo, y su trámite empezará por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia.

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