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La reforma tributaria, otra medida que no resuelve los problemas estructurales

Según lo anunciado, esta reforma: i) busca ampliar la base gravable en renta personas naturales e IVA, ii) introduce tarifas diferenciales en renta personas jurídicas, iii) recoge parcialmente algunas propuestas de la Comisión de Beneficios Tributarios (CBT) y iv) no toca la estructura contable y de costos de las personas jurídicas.
 

En pleno primer ciclo de la pandemia (agosto de 2020), y cuando era evidente la caída de los ingresos tributarios, el incremento del déficit fiscal y la recesión económica, el Gobierno convocó a una Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (CBT) con el objetivo de revisar los beneficios y gastos tributarios (GT) existentes en el sistema de tributación nacional. La conclusión más importante del reporte de dicha Comisión es:
 

El correcto equilibrio en el uso de los GT se ha perdido en Colombia, el país emplea demasiados GT, cuyos costos aparentemente superan por mucho a sus beneficios. La CBT considera que ha existido, y sigue existiendo, un uso excesivo y sistémico de GT para corregir deficiencias estructurales en el sistema tributario. Esto ha generado un costo significativo para el pueblo colombiano: disminución en el recaudo de ingresos tributarios, incremento de las desigualdades horizontales y verticales, reducción de la eficiencia y adición de complejidad innecesaria. (páginas 11 y 12)
 

Se entiende por “gasto tributario” toda disposición existente en la legislación tributaria que modifica la responsabilidad de grupos específicos de individuos o negocios. Lo que la Comisión concluye confirma lo que se ha venido diciendo desde hace 30 años o más: que la serie de frecuentes reformas bajo el persistente lobby en el Congreso erosionó el estatuto tributario de tal manera que lo convirtió en un laberinto impenetrable, fuente de su inequidad y poca progresividad.
 

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Falta equidad horizontal, por tratamientos preferenciales a negocios particulares; equidad vertical, por las ventajas a los altos ingresos, por lo cual no es eficiente sino que se convierte en fuente de evasión y elusión, y es excesivamente compleja, pues obliga a tener asesores contables y jurídicos para declarar. Después de este diagnóstico, es de esperar –como en efecto sucede– que la CBT sugiera ampliar bases, reducir exenciones y deducciones tributarias, actualizar avalúos de activos inmobiliarios y gravar bienes perjudiciales a la salud y el ambiente.


El Gobierno acoge la sugerencia de ampliar bases y se convierte en su principal opción –en IVA y renta personas naturales–, con lo que aspira a recaudar 27,3 billones de pesos adicionales, 10,5 billones en IVA y 16,8 billones en personas naturales.


La CBT le dice al Gobierno que la tarifa en IVA es suficientemente alta (19 %) y recomienda no subirla y moverse entre la gama de productos exentos y excluidos, mejorando los mecanismos compensatorios. En renta a personas naturales apunta a las elevadas exenciones y deducciones regresivas que crean ventaja tributaria en los hogares más ricos y sugiere reducirlas, eliminar rentas exentas e incluir las pensiones.

De lo que se conoce hasta ahora, el Gobierno propone extender la base gravable en IVA eliminando la categoría de “exentos”, para el mercado interno, con explicaciones enredadas y sutiles. En IVA la categoría “exento” significa que los productos no están gravados y que el IVA por insumos y bienes intermedios pagados para su producción es devuelto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de tal manera que no tiene impacto en los costos de la cadena de producción.
 

Al eliminar la categoría de exentos, estos productos pasan a la categoría de “excluidos”, que significa que aunque el producto no está gravado sus insumos y bienes intermedios sí, y ese IVA pagado no es devuelto por la DIAN y por lo tanto se incluye en los costos de producción, se afecta la cadena y lo paga el consumidor, es decir, no se gravan los bienes de consumo, pero sí se gravan como mayor costo.
 

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Con este artificio, el Gobierno busca tres cosas: i) incrementar recaudo en 10,5 billones de pesos, ii) quitarle a la DIAN presión por devoluciones de IVA, y iii) consolidar el mecanismo de compensación, por 2,5 billones de pesos, equivalentes al 3 % del total recaudado.


Pero es en la renta de personas naturales donde el Gobierno tiene mayores aspiraciones de recaudo: 16,8 billones de pesos, originada en ampliación de la base gravable, reducción de exenciones, replanteamiento del impuesto al patrimonio e incremento de tasa en dividendos. Se amplía la base gravable al bajar el umbral para declarar, hoy en ingresos anuales por 1.400 UVT (47.978.000 millones) equivalente a un ingreso mensual de 3.998.166 pesos, que el Gobierno propone reducir a 2.500.000, sin definir la tasa. Así, con la nueva base tendrían que declarar unos 2 millones de personas naturales más, aunque el Gobierno no ha dicho nada sobre la simplicidad del formulario ni la preparación de la DIAN para recibir la nueva masa de declarantes.


Por ahora la reducción de exenciones es una expectativa, aunque eso sería lo más progresivo de la reforma y obligaría a los hogares ricos a pagar algo más que lo que hoy pagan; sin embargo, eso significa desmontar las deducciones por crédito hipotecario y aportes voluntarios a pensiones. Otras ideas filtradas se relacionan con volver al impuesto al patrimonio de personas naturales, no de las jurídicas, mayor tasa en impuesto de dividendos y gravar las pensiones superiores a 7 millones. Mientras no se conozca el texto y lo que se apruebe, el impuesto a los altos ingresos seguirá con grandes posibilidades de evasión, mientras los ingresos del trabajo no tienen escapatoria.
 

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La CBT considera muy complejo el tema de renta en personas jurídicas y no lo aborda a fondo, se limita a señalar la necesidad de construir equidad horizontal, eliminar impuestos no basados en ingresos, ICA, y la retención a los dividendos e incluir los llamados ingresos no constitutivos de renta. También sugieren actualizar el valor de los activos inmobiliarios y otorgarle al Estado la facultad de comprar aquellos que se mantengan al costo histórico y aceptar como gastos deducibles los que estén cubiertos por factura electrónica.


El Gobierno recoge lo que le interesa y pasa la página a lo que no va a implementar. La reforma estructural de la tributaria y para construir equidad no aparece, la CBT no la toca y el Gobierno tampoco la menciona. El tránsito de renta de personas jurídicas a naturales es indispensable, pero no hacia los menores ingresos sino hacia los hogares ricos, ese tránsito no está diseñado así. Las verdaderas acciones están en el tratamiento contable de costos y gastos de personas jurídicas y naturales relacionadas.


Para que el tránsito sea equitativo se requiere: i) que las personas jurídicas separen los activos productivos de los improductivos y los valoren a precios de mercado, ii) que los activos improductivos en uso de accionistas, propietarios y ejecutivos les sean transferidos y se sincere el valor de su patrimonio, iii) que los gastos de accionistas, propietarios y ejecutivos sean declarados en sus ingresos y no descontados en la persona jurídica, iv) que las transferencias que realicen las personas jurídicas a socios, accionistas y ejecutivos sean asumidas como dividendos y no como ingresos no laborales, y v) que los dividendos sean gravados independientemente que sean entregados a persona natural o jurídica.

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