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La necesaria independencia de las cortes

En Europa la importancia de las cortes de justicia fue la impronta del siglo XX para las sociedades contemporáneas, después de la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina desde los años noventa, tras el colapso de las dictaduras del Cono Sur. Hoy se reconoce que la independencia judicial, como ausencia de injerencias indebidas en la administración de justicia, es requisito tanto para las libertades públicas como para la existencia de un Estado democrático.

Sin embargo las constantes intervenciones de los jueces en problemas sociales, que abarcan ámbitos como la familia, la sexualidad o la economía, llevan a cuestionar el alcance político de su quehacer. De esta preocupación dan cuenta en Colombia tanto los intentos como las propuestas electorales de reforma judicial.

Dicha preocupación se acentúa en la medida en que las decisiones judiciales interfieren con otros poderes, como el ejecutivo y el legislativo, ocupados por la clase política. Tal interferencia puede tener como efecto la reducción o la ampliación de la independencia judicial.

En mi investigación “Altas cortes y clase política: tres estudios de caso en perspectiva sociojurídica”* se analizaron los debates jurídicos y las decisiones judiciales que alimentan las relaciones de distancia o proximidad ideológica entre magistrados y políticos. De esa manera, la independencia judicial es examinada desde otra perspectiva, no solo como la ausencia de injerencias indebidas sino como un aspecto práctico del que los jueces también son artífices.

Dicha preocupación se acentúa en la medida en que las decisiones judiciales interfieren con otros poderes, como el ejecutivo y el legislativo, ocupados por la clase política.

El trabajo aborda la jurisprudencia para evidenciar dicha idea; la metodología usada remarca las luchas que se dan entre cortes y políticos dentro del campo jurídico y las restricciones que vivencian los magistrados para tomar decisiones judiciales. Mediante tres estudios de caso se trata de articular esta noción amplia del derecho expuesta por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, con la crítica del jurista norteamericano Duncan Kennedy, según la cual toda decisión judicial es política. Así, el estudio compagina dos tradiciones de pensamiento relativamente opuestas en torno al derecho.

Independencia práctica

En los casos analizados se encuentra que la distancia ideológica entre cortes y políticos produce una suerte de independencia práctica –se refiere a la relación de distancia de la cúspide de la jerarquía judicial con respecto a la clase política institucionalizada, particularmente quienes se ubican en el poder ejecutivo y legislativo– y refuerza la imagen favorable de las cortes.

El primer caso examina la disputa entre las cortes colombianas por tener la última palabra respecto a la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, lo que suele conocerse como “choque de trenes”. Allí, la Corte Constitucional adquiere un rol monopólico del discurso, aún teniendo en contra las alianzas entre la clase política con otras cortes.

El segundo caso presenta la intervención de esta misma Corte en la crisis del sistema hipotecario por la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) (1998- 2002), la cual la enfrentó con los sectores políticos más poderosos debido a la protección de los deudores hipotecarios que proyectó en su jurisprudencia.

El último caso se ocupa de la incursión de la Corte Suprema de Justicia en el campo político (2007- 2013), mediante la judicialización de la clase política vinculada a grupos paramilitares. En este tema la Corte reivindicó su poder de decir el derecho y fue objeto de ataques legales e ilegales a su investidura.

De esta manera, la investigación apunta a considerar con más detalle el poder simbólico que detentan las cortes para reproducir una representación en las sociedades contemporáneas, y advierte sobre los efectos de las relaciones indebidas entre magistrados y políticos. En buena medida, estos dos puntos han formado parte de la agenda pública y reviven en cada coyuntura política como aspectos del sistema político y judicial colombiano que deberían mejorarse.

Las propuestas de reforma son instrumentalizadas por el discurso político para enviar un mensaje de cambio o de autoridad, pero poco se han ocupado de fortalecer realmente el sentido de la independencia judicial, particularmente de respetarla y de acatar las decisiones judiciales.

Por ejemplo, en el caso relacionado con la tutela contra sentencias, se evidencia que las propuestas de reforma judicial han intentado minar las facultades de la Corte Constitucional y reducir el alcance de la acción de tutela, con todo y los beneficios que ha tenido su uso para proteger los derechos sociales de las clases media y baja.

De igual manera, las críticas a las intervenciones económicas de la Corte tuvieron como respuesta posterior una reforma constitucional para limitar las consecuencias económicas de los fallos a su sostenibilidad fiscal. Por último, el juzgamiento de los aforados constitucionales (magistrados y políticos en el legislativo y el ejecutivo) ha incluido recientemente un “antejuicio político” como parte del procedimiento, lo cual parece inclinar la balanza hacia la injerencia política.

Inminente reforma judicial

El pasado reciente y la coyuntura electoral ponen en el centro del debate las relaciones ideológicas entre magistrados y políticos. Por un lado, y solo por mencionar los hechos más graves, la reputación de las cortes se ha visto afectada por denuncias sobre compra de decisiones judiciales e investigaciones a magistrados tanto en la Corte Suprema como en la Corte Constitucional.

También están en debate las facultades electorales del Consejo de Estado y la eficacia simbólica de muchas decisiones sobre políticas públicas que no han tenido recepción suficiente de parte del Gobierno.

Además la reforma judicial de 2015, que creó el Consejo de Disciplina Judicial, no se ha implementado y en el Consejo Superior de la Judicatura los magistrados siguen ejerciendo su cargo pese al vencimiento de su periodo. Así, los antecedentes inmediatos de la actuación de las cortes revelan la crisis.

Por otro lado, a esta crisis se suman las propuestas del debate electoral que plantean o reciclan soluciones. No faltan las iniciativas de reforma constitucional que usan el mecanismo de la Asamblea Constituyente o el de iniciativa legislativa, o la reducción de las cortes para crear una especie de “supercorte” llamada a terminar los conflictos de la cúspide judicial pero con poca claridad respecto a su rendición de cuentas.

También están en debate las facultades electorales del Consejo de Estado y la eficacia simbólica de muchas decisiones sobre políticas públicas que no han tenido recepción suficiente de parte del Gobierno.

En últimas, parece necesaria una reforma judicial, pero en ella se debe ponderar qué relaciones son necesarias y cuáles han sido suficientes entre magistrados y políticos para lograr efectivamente el respeto y la garantía de la independencia judicial. Esta labor también compete especialmente a las propias cortes y sus prácticas, no solamente vincula el deber de la clase política de no injerencia en la administración de justicia.

* Los resultados de la investigación han sido recogidos en el libro Altas cortes y clase política en Colombia: tres estudios de caso en perspectiva sociojurídica, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (Unijus) de la UN.

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