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La Ley de Financiamiento no es viable

En Colombia, las reformas tributarias que vienen ocurriendo de manera continuada afectan principalmente a la población.  Este fue el caso de la Ley 1943 de 2018 –Ley de Financiamiento– aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado. Esta incluía exenciones por 9,5 billones de pesos, dentro de las que cabe resaltar la eliminación del IVA a la importación de bienes de capital –que suma cerca de 6,5 billones de pesos al año– y la reducción del impuesto a la renta del 33 al 31 % en 2021.

Si se suman las exenciones anteriores, lo que realmente están pagando los empresarios por este concepto solo llega al 16 % aproximado, y la eliminación gradual de la renta presuntiva que desaparecerá igualmente en 2021.

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Estas exenciones, sumadas a las que tienen los inversionistas rurales durante diez años y el hecho de entregar mayores descuentos tributarios a las zonas francas, que ya cuentan con un régimen de inversión excepcional, solo debilitan los ingresos del Estado e impactan en la realización de políticas públicas.

La Ley de Financiamiento falla desde que se plantea porque un parlamentario no puede dejar pasar un tema como el tributario sin conocer el contenido de lo que va a votar. En este caso, se parte de una máxima: “son más las exenciones que se establecieron que lo que se va a recoger tributariamente”.

Esto hace que la tributación sea menos progresiva en el país porque reduce los impuestos a las personas y empresas que tienen mayor riqueza.

Un ejemplo de ello es la exención a las personas de altos ingresos en el país alcanzó la escandalosa cifra de 75 billones de pesos en 2018 (7,5 % del PIB), cifra 10 veces mayor a la que definió como recaudo la Ley de Financiamiento. Con la eliminación de estos descuentos tributarios, el país se podría ahorrar 10 reformas similares como por ejemplo, la de Financiamiento. 

El 60 % de las rentas exentas son otorgadas a las personas naturales, y especialmente en el renglón de los dividendos que obtienen los dueños de las empresas, en un país en el que la mayoría de estas preservan estructuras familiares.

El 40 % de las exenciones restantes son deducciones a la actividad empresarial, dentro de las que se debe resaltar el caso de la inversión extranjera directa (IED) en el área de la explotación de hidrocarburos.

Además: Un presupuesto poco debatido pero con mucha polémica.

Las exenciones se deben constituir en uno de los temas de mayor preocupación en la  academia y en la opinión ciudadana. Por ello, desde el Centro de Pensamiento en Política Fiscal se viene participando en la Red de Pensamiento Fiscal, integrada por las universidades Externado de Colombia, de los Andes, del Rosario, Javeriana y Libre, además de los centros de pensamiento de reconocida trayectoria en el tema como Fescol y Cedetrabajo.

En diciembre de 2018, cuando aún no se había aprobado la Ley de Financiamiento, se dio a conocer un pronunciamiento conjunto alertando sobre el monto de los descuentos tributarios que incluía, lo que fue ignorado en los debates parlamentarios.

Posteriormente, debido a la petición de crear una comisión para que evaluara los costos fiscales que representa el régimen de zonas francas, el grupo de universidades solicitó incluir esta incongruencia para su evaluación. Sin embargo, esta propuesta no fue tenida en cuenta.

Las razones de la demanda a la ley

El bajo recaudo tributario, sumado a las exigencias legales que obligan a que el endeudamiento público tenga que circular obligatoriamente por el mercado de capitales, ha terminado por aumentar de manera considerable la deuda pública, que se ha convertido en el rubro más importante del presupuesto nacional.

En el proyecto de presupuesto que el Gobierno le presentó al Congreso para el próximo año el monto proyectado para el pago de la deuda asciende a 59,6 billones de pesos, el 22 % del gasto programado, uno de los más importante de esta programación.

Para establecer una comparación, solo el pago de los intereses de la deuda asciende a 30 billones de pesos, un monto casi 6 veces superior al que recibirán las universidades públicas,  5,4 billones de pesos que, como es conocido, aumentó a causa de la presión de las jornadas reivindicativas de la comunidad universitaria en el segundo semestre de 2018. 

Las dificultades de la actual coyuntura económica internacional apuntan a un aumento en el endeudamiento público, lo que le impondrá límites mayores al gasto social.

Por estas razones, desde el Centro de Pensamiento presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la Ley de Financiamiento, que ha sido escogida por este alto tribunal como la primera entre muchas para definir la exequibilidad de la misma.

El argumento apunta a reivindicar la exigencia normativa que dicta que antes de la aprobación los parlamentarios conozcan y debatan los textos que votan, lo que no ocurrió con la aprobación de la mencionada Ley durante el trámite final en la Cámara de Representantes.

Esta exigencia reconocida jurisprudencialmente como “principio de consecutividad”, que  aparece como secundaria, le apunta a la defensa de uno de los criterios fundantes de la democracia representativa.

Los  congresistas que obtienen tal carácter a título de representación popular no pueden definir en asuntos tan sensibles –como la tributación– modificaciones normativas sin conocer lo que votan. Esta forma de aprobación inconsulta desnuda aún más la precariedad política del actual Congreso.  

La declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento abriría la posibilidad de hacer un debate democrático y amplio sobre un tema de importantes repercusiones sociales, sin que se tome, como en otras ocasiones, decisiones importantes a “puerta cerrada” y sin participación ciudadana.  

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