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    La justicia debe pasar de la represión de delitos a la gestión de conflictos

El posacuerdo exige que la seguridad ya no se limite a combatir a los actores que alteran el orden nacional, sino que se amplíe hacia políticas de convivencia que ayuden a gestionar las discordias de manera pacífica.

Según un sondeo que la Cámara de Comercio de Bogotá realiza todos los años, las instituciones más apreciadas por los bogotanos como garantes de su seguridad no son el Ejército ni la Policía, sino las comisarías de familia. El dato invita a reflexionar sobre los acentos que es necesario ponerle a las políticas públicas que se ocupan de este aspecto.

Más de cincuenta años en medio del conflicto político armado habían reducido las políticas a lo que se llamó “seguridad nacional” y volvió prioridad casi exclusiva la lucha contra los actores que enfrentaban el orden jurídico-político nacional.

Entre avances y retrocesos parece que hoy esa etapa se está superando y pasa al primer lugar la necesidad institucional de consolidar políticas de convivencia y de seguridad ciudadana.

Buena parte de las prácticas generalizadas y de las políticas de seguridad predominantes se han fundado en el miedo; no solo el que se ha alimentado hacia los enemigos del orden estatal, sino también al prójimo como potencial agresor.

Se teme que los demás puedan dañar el patrimonio y hasta la vida; en ese sentido, la seguridad se define como el conjunto de medidas de fuerza que se pueden imponer para prevenir o castigar esos perjuicios.

Sobre la idea de seguridad descrita antes se legitima el monopolio de la fuerza estatal y se erige la administración de justicia como la entidad garante de que las reglas del derecho se impongan para todos.

Para evitar que los actores se desmadren es necesario que dicha fuerza estatal sea legítima y que no se convierta en un factor adicional de inseguridad, por lo que se debe someter al Derecho. Para uno y otro fin están los jueces para que –entre otras cosas– cuiden de quienes ponen en peligro o lesionan los derechos de los demás.

El aparato penal, en especial, es el mayor responsable de disipar los miedos porque tiene la tarea más claramente protectora. Para esto, las leyes establecen cuáles son los factores de agresión: conductas que se califican como delitos y sujetos que se catalogan como delincuentes. Tales factores se consideran externos, ajenos, y contra ellos se debe actuar desde el colectivo social: se les debe reprimir.

El Estado da seguridad reprimiendo, castigando, a los que atacan los derechos. Pero no en todos los choques de intereses hay delitos, ni todos se pueden entender como una agresión a los derechos.

Generalmente los conflictos se presentan entre individuos que forman parte del mismo colectivo social o entre personas que no están interesadas en poner en peligro o atacar los derechos ajenos.

Las diferencias se presentan como dinámica natural de las relaciones de convivencia y muchas veces se producen porque las normas sociales no son lo suficientemente capaces de ordenar los comportamientos.

La gestión de los conflictos es indispensable para la convivencia pacífica y armoniosa. Cuando eso no se produce, las controversias tienden a escalar afectando la seguridad, y entonces para que haya seguridad es necesario que existan herramientas institucionales que encaucen pacíficamente los conflictos.

Sin recursos para la administración de justicia

Según el Centro de Estudio de Seguridad y Convivencia de Bogotá, en 2016, un tercio de los homicidios de la capital se produjo por conflictos no resueltos (29 % por cobro de cuentas y 5 % por problemas de pareja).

Esas muertes se podrían evitar si existen mecanismos de solución. Entonces, dar seguridad, si bien la contempla, no puede reducirse a la represión de los delitos, sino que se requiere de políticas para la gestión de diversos conflictos, muchos de ellos ni siquiera jurídicos.

Además de perseguir delincuentes, se trata de desarrollar tanto las condiciones para la convivencia pacífica como los mecanismos que den fluidez a las controversias sociales. Es en todos esos sentidos que se debe entender la relación entre el acceso a la justicia y la seguridad.

Para garantizar los derechos es necesario entender que más allá del delito y la delincuencia puede haber conflictos entre iguales que merecen toda la atención, y para tratarlos es necesario contar con herramientas que admitan y posibiliten transformarlos en oportunidades de desarrollo.

En Colombia las políticas de seguridad nacional que han predominado son las que se relacionan directa o indirectamente con el conflicto armado; por ejemplo se han asociado –tanto por el contexto como por políticas transnacionales– con el narcotráfico. La prioridad allí ha sido la seguridad del Estado a partir de la acción coactiva de la fuerza pública.

De otro lado, el Gobierno nacional implementa la denominada Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contempla cinco ejes estratégicos y sus planes de acción, en los cuales se puede ver claramente que la seguridad no se concibe solo como represión. Dichos ejes son:

  • Prevención social y situacional.
  • Presencia y control policial.
  • Justicia, víctimas y resocialización.
  • Cultura de la legalidad y convivencia.
  • Y ciudadanía activa y responsable.

Sin embargo dentro de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) la mayor parte de los recursos se asigna al enfoque represivo: a la fuerza pública (fuerzas armadas y Policía) se le entrega un altísimo porcentaje, y una parte muy inferior a la administración de justicia, por lo que sus aspectos más trascendentales quedan desprovistos de recursos de inversión considerables, y por ende han tenido como centro la solución de los conflictos sociales y siguen socavando la convivencia y escalando como problemas de seguridad.

Los recursos de los que dispone la administración de justicia no dan cuenta de los requerimientos ciudadanos. Al revisar el presupuesto nacional que se está ejecutando actualmente nos encontramos con que el nivel nacional del Estado gasta nueve veces (y el gobierno 19 veces) más en perseguir delitos que en gestionar los conflictos de la gente.

La Fiscalía cuenta con seis veces más recursos para perseguir que la Defensoría del Pueblo para promover derechos. No obstante, en la mayoría de los delitos los datos de impunidad son superiores al 90 %.

Junto con las comisarías de familia, la gente quiere inspectores de Policía, corregidores y conciliadores para convivir mejor y sentirse seguros. Pero el Gobierno atiende muy poco a ese clamor, por ejemplo si se tiene en cuenta que cada año le fabrica una casa de justicia a cuatro municipios, entonces podría esperarse que se tarde más de trescientos años en lograr una para cada localidad de este extenso país.

La justicia comunitaria avanza a paso lento

La justicia comunitaria es una herramienta para solucionar conflictos, pero la falta de conciliadores y jueces son su amenaza. Se estima que para que llegue a los distintos espacios del territorio colombiano se requieren alrededor de 20 mil y 30 mil conciliadores y cerca de 5 mil jueces de paz. La realidad es que se tienen alrededor de 10 mil conciliadores, pero la mayoría no ejerce.

Santander es uno de los departamentos más aventajados en temas de justicia comunitaria, porque desde allí están operando de manera correcta, ofreciendo apoyo y acompañamiento jurídico en todos los frentes.

Gracias a este método, se contribuye a descongestionar procesos desde la justicia ordinaria. También existen algunas regiones, principalmente rurales, en las que se han desarrollado formas de justicia comunitaria que no han pasado por formatos oficiales, sino que la misma gente los ha propiciado. Uno de ellos es, precisamente, el de la justicia indígena.

 

*Director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia.

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