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La histórica búsqueda de la evidencia contra el crimen

Desde el siglo XIX la sociedad busca evidencias en los procesos para hacer justicia. La historia del “delincuente epiléptico”; el caso Zawadzky, defendido por el joven penalista Jorge Eliécer Gaitán en 1935; o la llamada cruentation, son antecedentes del desarrollo de la sociedad para llegar a lo que hoy se conoce como medicina legal.

Uno de los aportes más recientes en este campo es del investigador Nelson Alberto Rojas Niño, estudiante del Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Bogotá, quien determinó que en los procesos los peritos forman parte de la “herencia colonial española”.

Esta fue la conclusión de su trabajo de tesis para la Maestría en Historia, “La medicina legal y el orden social. Saber y práctica médico judicial en Colombia, 1850 a 1936” –dirigido por del doctor Max Hering Torres–, el cual fue laureado.

“En 1908 la pericia del doctor Carlos Putnam en el proceso a Braulio Ramos, ‘el hombre tigre’, condujo a reconocer a un asesino como epiléptico. El sindicado asesinó a su cuñado Pedro Avendaño en Pacho (Cundinamarca) propinándole 280 machetazos. La controversia surgió cuando Putnam, en oposición al primer examen médico, diagnosticó a Ramos como epiléptico mientras que los médicos oficiales no encontraron indicios de patología alguna” explica Rojas Niño en su investigación.

Otro de los más de 20 casos estudiados por el historiador fue el llamado “Juicio del siglo”. Jorge Zawadzky era un político y comerciante caleño, acusado de asesinar al médico Arturo Mejía en el contexto de un crimen pasional. Cuando se le interrogó, contestó: “Fui yo, en defensa de mi honor mil veces ultrajado”. El caso fue trasladado de Cali a Bogotá, donde se logró demostrar que el político caleño sufría de una “constitución emotiva”. El problema del acusado residía en su sistema nervioso, que en ocasiones lo hacía reaccionar de manera exagerada.

Más atrás en el tiempo, la cruentation fue una práctica medieval que consistía en que las autoridades exhibían un cadáver. Hoy esta es una “forma irracional de prueba”. Sin embargo, en la Edad Media se consideraba que el cadáver de la víctima comenzaría a sangrar en presencia de su asesino. Las explicaciones iban desde la justicia divina hasta la indignación del cuerpo cuando su asesino estaba cerca.

Esta práctica forense sucedió en la Bogotá de 1851, cuando la Policía exhibió el cadáver de Manuel Ferro “con el objeto de que los buenos ciudadanos puedan dar los datos que sepan acerca de él y de los motivos que influyeron para su muerte violenta”.

En ese entonces se investigaba una serie de robos cuantiosos a personajes importantes de la capital, cometidos por una “compañía de ladrones”. “La noche del 24 de abril de 1851, Manuel Ferro, de profesión herrero, fue atacado frente a la casa de José Raimundo Russi por cuatro hombres, los cuales le propinaron cinco puñaladas”. En su lecho de muerte confesó que formaba parte de la banda y señaló a Russi como el jefe; estas confesiones fueron tomadas bajo juramento y con la supervisión de tres médicos que dictaminaron que el estado psicológico de Ferro era de completa lucidez.

Las declaraciones del herrero llevaron a descubrir y apresar a la mayoría de los miembros de la banda, además de esclarecer muchos de los robos cometidos. A pesar de su elocuente defensa, Russi fue condenado a muerte por ser hallado culpable de robo y asesinato. Los demás miembros fueron condenados a prisión y enviados a trabajos forzados a Panamá, de donde –según dice José María Cordovez Moure, autor de Reminiscencias de Santafé y Bogotá– nunca regresaron.

Arqueología para encontrar el lazo entre justicia y medicina

El historiador Rojas Niño se percató de que por entonces existía un sistema judicial en el que los médicos practicantes aparecían en diferentes registros judiciales, con frecuencia como actores, y en ocasiones como protagonistas.

Su investigación utilizó el método de la propuesta arqueológica de Michel Foucault, que busca definir los pensamientos, las representaciones, las imágenes, los temas y las obsesiones que se ocultan o manifiestan en los discursos, que son prácticas que obedecen unas reglas. Además se tuvo en cuenta que los discursos criminológicos de finales del siglo XIX están dispersos, como lo ha señalado Robert Buffington, profesor de la Universidad de Colorado.

El investigador Nelson Rojas explicó que “utilizamos como fuentes primarias los códigos penales y judiciales de la segunda mitad del siglo XX, las primeras evidencias de las cátedras dictadas en las universidades, las tesis de grado de médicos que abordaron temas relacionados con la medicina legal y los documentos relacionados con causas célebres, para los que fue necesaria la intervención de los peritos”. Una vez acopiada la información se clasificó, se comparó y se analizó cada uno de los discursos como parte del ejercicio arqueológico, en términos de Foucault.

Finalmente, con un análisis de la circulación de los hechos científicos, Rojas muestra cómo la consolidación de la medicina legal fue el fruto de un proceso de negociación entre abogados y médicos, en el que la práctica científica ha sido fundamental para explicar el problema de la criminalidad.

Según Max Hering Torres, profesor asociado del Departamento de Historia de la UN, “lo más valioso para mí de la tesis, como su director, es haber demostrado cómo históricamente espacios que se suponen objetivos –derecho y medicina– en el pasado han servido para reproducir también valores políticos no exentos de estigmas y prejuicios. Esto incluso nos hace reflexionar, hoy en día, sobre la administración de justicia, la verdad y el orden como plataformas propicias para establecer relaciones de poder que no solo benefician sino que fabrican un modelo específico de un statu quo filtrado por finalidades politizadas”.

Como resultado de este proceso, la medicina legal –entendida como la aplicación de la medicina al asesoramiento pericial de los tribunales– se institucionalizó en Colombia y se consolidó como campo científico importante para la administración de justicia.

Ante la criminalidad, vista como un problema social difícil de resolver, la medicina legal se reviste de nuevas responsabilidades: ser garante del orden social mediante el apoyo a la administración de justicia con la veracidad de su ciencia, sin prejuicios y llevando a la sociedad a replantearse profundamente.

Otro de los hallazgos de la investigación es que “no hay una medicalización de la justicia”. En otras palabras, no es que los médicos se tomen la justicia. El rol de médicos y abogados debe ser complementario. Los médicos y los abogados terminan en una alianza estratégica para mantener el orden social. “Los abogados permiten entrar hasta cierto punto a los médicos, y de ahí en adelante los abogados deciden. Los médicos no dicen qué hacer con el criminal. Es la manera como la justicia puede operar” concluye el historiador Rojas Niño.

Consulte la investigación completa aquí (http://bdigital.unal.edu.co/54593/1/1032384434.2016.pdf)

Más información asociada con el tema en el programa Respuestas por escrito, de UN Radio (http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/respuestas-por-escrito.html)

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