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La encrucijada de los bonos ambientales

Debido a que el cambio climático es un problema global, una de las estrategias creadas para mitigarlo son los mercados de carbono que surgen con el fin de disminuir su emisión –y de esta manera reducir el calentamiento de la tierra– al menor costo posible. Así, Gobiernos que quieran cumplir con metas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático producto de la emisión de gases de efecto invernadero suelen comprar estos bonos en países por fuera de sus territorios, en los que se encuentran zonas conservadas para su protección.

Uno de los mecanismos desarrollados para concretar dicho intercambio son los bonos de carbono, o ambientales, transacciones que les permiten a países industrializados (como los de la Unión Europea, China o Estados Unidos), y a algunas de sus empresas, invertir en proyectos de reducción de emisiones de carbono en países en vías de desarrollo como Colombia. Usualmente dichos Gobiernos pagan por estos servicios el equivalente a tonelada de carbono almacenada o hectárea conservada.

En América Latina, la Amazonia (con 7,4 millones de km²) representa el 4,9 % del área continental mundial, y su extensión cubre territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Se trata de un ecosistema estratégico para la captura del carbono que se produce a escala global, y que en 2014 equivalía a un poco más de 36 kilotoneladas, según el Banco Mundial.

No obstante, países como Costa Rica, México y Bolivia son los más avanzados en la implementación de la normativa que regula los denominados “pagos por servicios ambientales”.

Dado que la tala de bosques libera grandes cantidades de carbono, los bonos ambientales están diseñados para evitar la deforestación, en la medida en que cada vez que se corta un árbol se libera toda la biomasa que este pudo acumular.

Según el más completo estudio sobre los bosques realizado por la FAO hasta 2015, a partir de 1990 se habían perdido alrededor de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie que equivale a la de Sudáfrica. El mismo informe señala que África y Suramérica experimentaron la pérdida anual más elevada de bosques entre 2010 y 2015, con 2,8 y 2 millones de hectáreas, respectivamente.

En Colombia, el informe de alertas tempranas por deforestación del Ideam reportó que solo entre enero y marzo de 2018 sus satélites detectaron 23 parches nuevos de más de 50 hectáreas. Los municipios de La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander) concentraron el 46 % de esas alertas, con un incremento de 32 % en todo el territorio nacional.

Aunque esta lógica busca pagar para evitar la pérdida de las capas existentes de bosques, no contempla medidas adicionales como la reforestación de países industrializados o la disminución de la contaminación ambiental producto de una exacerbada producción industrial.

Es por esto que países como Colombia han implementado programas encaminados a reducir las emisiones por degradación y deforestación, como la Estrategia Nacional REDD+, que se podría integrar al mercado de carbono en forma regulada, o como una iniciativa de actores particulares.

Los municipios de La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander) concentraron el 46 % de esas alertas, con un incremento de 32 % en todo el territorio nacional.

Uno de los objetivos de estos programas es vender ese “exceso” de recursos naturales para que otros países, personas, empresas, organizaciones o gobiernos lo puedan comprar. Sin embargo una de las dificultades para su implementación es que los beneficios obtenidos por estas acciones en el corto plazo son mucho menores que la venta de madera, por ejemplo, que tiene una gran demanda en el mercado.

“Aunque el retorno de beneficios no se mide en términos económicos, o en el uso que se les da a estos recursos, sino en los beneficios ambientales y sociales, muchas veces la valoración económica es mucho más alta que los valores de uso que se le pueden dar al bosque”, explica Laura Victoria Calderón, del Grupo de Investigación en Economía y Ambiente del Instituto de Estudios Ambientales (Idea), de la Universidad Nacional de Colombia (UN).

Pagos por servicios ambientales

Uno de los mecanismos implementados por el Gobierno nacional para materializar los bonos ambientales son los pagos por servicios ambientales, una especie de recompensas en dinero que se entregan a las personas para que mantengan el bosque.

A diferencia de los bonos, los pagos por servicios ambientales implementados en el país, se generan mediante acuerdos voluntarios entre quienes ocupan una tierra y quienes realizan el pago, que pueden ser entidades estatales o representantes del sector privado como empresas o personas naturales.

“Parte del reto está en establecer los montos económicos y los mecanismos de verificación adecuados que permitan certificar el cumplimiento de este tipo de servicio”, advierte el profesor Fabio Leiva Barón, director del Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural de la UN.

Su finalidad en el largo plazo es que estos terrenos se destinen a una actividad productiva que no ponga en riesgo el servicio ecosistémico del bosque, como pequeños cultivos para autoconsumo, motivo por el cual, ocasionalmente, dichas compensaciones pueden ser en paquetes tecnológicos como insumos agropecuarios y asistencia técnica, suministrados por el Gobierno.

En la mayoría de los casos se hace una transferencia anual, que en promedio equivale a un salario mínimo mensual vigente (781.242 pesos colombianos) según el área de la zona protegida, a través de una entidad bancaria, para proteger el área a partir de las indicaciones de las corporaciones autónomas regionales (CAR).

Cada Corporación selecciona la cantidad de familias que participan en el programa y negocia en forma independiente, de tal manera que se garantiza el monto en que se puede hacer efectivo el pago, según los resultados de una veeduría interna.

A juicio de Calderón, este esquema es poco eficiente debido a que el incremento progresivo del número de beneficiados dificulta el adecuado monitoreo para garantizar el control sobre grandes extensiones de tierra.

“Muchas veces, la baja capacidad de las acciones realizadas por las CAR impide que se pueda evaluar el estado inicial de los recursos y los resultados posteriores al pago”, explica la experta. En consecuencia, es posible que una persona se haga acreedora a estos beneficios en zonas conservadas sobre las que, sin embargo, no tenía intención de implementar una actividad económica distinta.

Como se ha hecho un pago por algo que no estaba previsto, se abre la posibilidad de que cuando se dejen de percibir recursos adicionales por una labor que no estaba prevista, la persona contemple la posibilidad de disponer del recurso natural y decida cambiar el uso del territorio.

A esto se suma que, para el caso de Colombia, los pagos por servicios ambientales están enfocados en la protección de recursos hídricos ubicados en páramos y zonas de alta montaña, con particular énfasis sobre aquellas zonas de las que depende el abastecimiento de agua para pueblos y grandes ciudades.

“Muchas veces, la baja capacidad de las acciones realizadas por las CAR impide que se pueda evaluar el estado inicial de los recursos y los resultados posteriores al pago”, explica la experta.

La incertidumbre sobre la propiedad de grandes extensiones de tierra –debido a las falencias del país para su titulación– hace que la sostenibilidad de contratos suscritos a cinco o diez años pueda estar en riesgo. Según la investigación “Diseños institucionales de la regulación de los derechos de propiedad agraria en Colombia en perspectiva comparada”, realizada por investigadores de la Universidad del Rosario, en más del 47 % de los títulos de propiedad adjudicados por el Estado (predios baldíos) no se perfeccionó el derecho de propiedad o registro, durante más de 50 años en el país.

Muchos de los campesinos no tienen documentos que los acrediten como propietarios -lo que les permitiría acceder a estos recursos-, pese a que han tenido esos predios desde hace muchos años, y esa es la principal debilidad de la implementación del sistema”, explica Nohra León Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas, especialista en temas ambientales y profesora de la UN.

Lo anterior, sin contar con el acaparamiento de tierras que es una de las principales causas de degradación ambiental que ha afectado importantes zonas como los páramos de Sumapaz, Guerrero y el altiplano cundiboyacense, y que ha sido evidenciada por la experta durante sus 12 años de trabajo de campo.

Futuro incierto

“Aunque en teoría el pago por servicios ambientales le reconoce a una familia lo que pierde por conservar una zona, en muchos casos este dinero resulta insignificante en relación con lo que obtendría al vender los productos que sustituirían la zona de reserva”, explica la investigadora.

Para León Rodríguez las comunidades campesinas que viven en las zonas protegidas son las más idóneas para preservar los recursos naturales porque tienen un criterio de sostenibilidad diametralmente opuesto a las empresas de extracción minera, así hayan tenido que ampliar la frontera agrícola para sobrevivir.

Debido a que este tema está incluido en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, está por verse qué tanto se avanza en la materia, o si los grandes terratenientes se terminan beneficiando con una actividad que, en principio, estaba encaminada a priorizar a las víctimas del conflicto armado, comunidades vulnerables y pequeños propietarios.

Según el profesor Leiva Barón, “el Decreto 870 reglamenta, precisamente, el pago por servicios ambientales en zonas de conflicto y cultivos de uso ilícito, en desarrollo del acuerdo sobre reforma rural integral”.

Colombia ha firmado acuerdos de desarrollo sostenible y biodiversidad, así como el Acuerdo de París, para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, las anunciadas reformas al proceso de paz podrían generar un retroceso significativo en estas normas o, simplemente, que queden reducidas a letra muerta.

En la actualidad, la zona más estratégica de conservación que existe en el plantea son los bosques amazónicos que, para el caso de Colombia, corresponden a los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, con una superficie de bosque estimada en 476.000 km², que equivalen al 6,4 % del bioma amazónico y al 41,8 % del territorio nacional, según un estudio reciente elaborado por una alianza entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales y la Fundación Moore.

“A medida que los árboles de corteza grande se desarrollan, se acumula biomasa en el tronco, o moléculas de carbono transformado que son tomadas de la atmósfera, para mantenerlo como un reservorio en el bosque”, destaca Calderón.

Entre más desarrollado esté el bosque más carbono tendrá almacenado, lo que dependerá tanto de su esperanza de vida como del tamaño que alcance el tronco. Se estima que un árbol cuyo diámetro sea mayor a los cinco centímetros a la altura del pecho de una persona puede estar en esta categoría.

Sin una política de Estado clara frente a los temas ambientales ni alternativas eficaces para rehacer las vidas de las personas más afectadas por el conflicto armado, el país puede experimentar un franco deterioro de sus recursos naturales, cuyo impacto negativo en la economía local y regional resultaría irreparable.

 

Conservar las zonas de reserva "paga"

Preservar el agua, el aire limpio y la calidad del suelo en ecosistemas estratégicos comienza a ser reconocido con pagos en especie o dinero. Es un modelo iniciado hace dos años en Colombia pero que ya completa 20 años en países como Costa Rica. Expertos de la Universidad Nacional de Colombia le explican en qué consisten y cómo contribuyen a contrarrestar el calentamiento global.

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