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    La diáspora colombiana y el proceso de paz

Una de las características básicas del proceso de paz en curso es reconocer los derechos de las víctimas, a la vez que se busca terminar el conflicto y abrir caminos de reconciliación nacional. La ponderación compleja de estas dos necesidades se ha traducido en la creación de un conjunto de instituciones de esclarecimiento histórico y judicial tanto de las causas y los daños producidos en el contexto del conflicto armado como de las diversas responsabilidades involucradas. Como se sabe, el modelo se basa en un conjunto de incentivos penales según las contribuciones relativas a los derechos de las víctimas.

A este camino se ha llegado, en primer lugar, por la aceptación de la naturaleza política del conflicto armado, y en segundo lugar por la lucha social que ha llevado a que el Estado y la opinión pública reconozcan los derechos de las víctimas. Sin embargo, mientras el reconocimiento del delito político y de las correspondientes amnistías constituye una tradición bicentenaria, el de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición forman parte de una práctica reciente, al punto de que es la primera vez que en Colombia un proceso de paz se propone reconocer los daños y las responsabilidades con un criterio de universalidad.

El principio de universalidad es una clave fundamental de la reconciliación porque implica dejar de lado las visiones cínicas, que solo reconocen las víctimas causadas por actores considerados como antagonistas mientras se esfuerzan en negar los daños causados por actores con los cuales guardan afinidad o simpatía.

Pero el criterio de universalidad también conlleva indagar por los patrones y tipos de daños individuales y colectivos infligidos a diversos sectores sociales en territorios igualmente diferenciados, y por esta vía reconocer, en pie de igualdad, la dignidad de todas las víctimas.

Hoy Colombia cuenta con un registro oficial de más de ocho millones de víctimas, de las cuales más de siete millones han sufrido el desplazamiento forzado, que es el indicador más elocuente de la magnitud y el impacto social, territorial y cultural del conflicto. Pero también es el tema que ha logrado más visibilidad a partir de la intervención de la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004.

Por el contrario, la crisis de los refugiados no tiene el mismo nivel de visibilidad y reconocimiento. De hecho existe un gran desconocimiento tanto de la magnitud como de las necesidades y condiciones de vida de cientos de miles de compatriotas refugiados, lo cual se traduce en problemas de protección y en obstáculos para construir políticas de retorno o de regularización migratoria en los países de residencia.

Diáspora grande y compleja

Según los datos de la Agencia de la onu para los Refugiados (Acnur), 311 mil colombianos solicitaron o adquirieron el estatus de “refugiado” en 2016. Sin embargo en 2007 esta cifra alcanzaba las 557 mil personas, y la diferencia no se explica por procesos de retorno sino por los colosales obstáculos que tienen los sistemas de protección.

En la práctica, la mayor parte de las personas que ha salido del país en busca de protección internacional no accede al estatus de refugiado, ya sea porque los gobiernos carecen de sistemas ágiles de registro y protección, o porque las personas se acogen a otras figuras como las “visas humanitarias, laborales o de tránsito” o el acceso a sistemas regionales de ciudadanía.

El reconocimiento de la condición de refugiado es más bien exótico, pese a que la mayor parte de los países de la región y del mundo han suscrito la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo Adicional de 1967. El caso ecuatoriano es indicativo de lo que ocurre cuando se abre un sistema de registro, pues allí se han reconocido más de 54 mil colombianos de un grupo de solicitantes que supera las 200 mil personas.

La Ley 1448 de 2011 reconoció tangencialmente la categoría de “víctimas en el exterior” y, pese a la lentitud de su implementación, en la actualidad se registran más de 23 mil víctimas colombianas residentes en 43 países. Sobra advertir que el subregistro supera el 90 % y que la mayor parte de las víctimas no se registra por temor a perder las condiciones de vida que ha logrado en otras latitudes.

Estos datos indican que existe un gran contingente de colombianos que fueron obligados a abandonar su país en el contexto del conflicto armado, el cual forma parte de una diáspora aún más grande y compleja motivada por razones de diverso orden, pero que guardan estrecha relación con la ausencia de garantías ciudadanas en el territorio nacional.

Desafío para el Estado

El problema plantea grandes desafíos para el Estado, la sociedad y la comunidad internacional, aunque también existen condiciones favorables en la coyuntura nacional e internacional que se deben aprovechar para construir caminos de solución con un enfoque de derechos.

En primer lugar, el Acuerdo Final de Paz establece la obligación del Estado de garantizar programas de retorno basados en principios internacionales de voluntariedad, dignidad y seguridad. Pero también se debe respetar la decisión de quienes optan por permanecer en los países de residencia y desplegar una estrategia diplomática robusta para evitar retornos forzados “de facto” especialmente de quienes tienen situaciones precarias de protección internacional.

Para estos casos el derecho internacional cuenta con instrumentos de regularización migratoria, pero el Estado colombiano debe buscar el concurso de los demás estados para asegurar programas de asentamiento definitivo o de reasentamiento en terceros países.

A su vez, debe crear un sistema especial de garantías que permita el acceso de los refugiados a las nuevas instituciones creadas para asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sin obligar al retorno como precondición, ni la renuncia al estatus de protección en otros países.

En segundo lugar, cada día las víctimas en el exterior están creando importantes procesos organizativos en diferentes latitudes y han formulado propuestas estratégicas como la convocatoria de una conferencia internacional de apoyo al proceso de paz conducente a adoptar un plan de acción sobre la crisis de los refugiados colombianos.

Entre las organizaciones más importantes se deben destacar el Foro Internacional de Víctimas, La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas (con sede en Barcelona), La Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe, y la Comision de Verdad, Memoria y Reconciliacion de las Mujeres Colombianas Refugiadas.

En tercer lugar, en 2018 se llevarán a cabo dos pactos globales auspiciados por el sistema de Naciones Unidas, el primero sobre migraciones y el segundo sobre la atención integral a los refugiados. Colombia es reconocido hoy como ejemplo de paz en el mundo, y la paz es una forma de contrarrestar las causas del desplazamiento y el refugio.

El Estado colombiano aún tiene una gran deuda pendiente con sus refugiados, y también tiene una muy precaria capacidad para asumir las crisis migratorias y el refugio de ciudadanos de otros países que llegan a su territorio en busca de protección. Es tiempo de hacer de Colombia un país que trabaja por los derechos de sus connacionales, y un país que además de reclamar solidaridad se convierta en un territorio de protección internacional.

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