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La democracia exige discutir medidas legislativas sobre consultas previas

Según la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Colombia la consulta y el consentimiento son esenciales para avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, fortalecer nuestra democracia y lograr respuestas a graves necesidades sociales.

La Relatora, Victoria Tauli-Corpuz, que adelantó una visita académica a la Universidad Nacional de Colombia, sostiene que desde sus experiencias territoriales y de autogobierno, los pueblos étnicos contribuyen a la reducción de conflictos, la protección ambiental, la definición de servicios sociales y el progreso económico, entre otras problemáticas locales y globales.

Por ello, preocupa que ambos derechos, a la consulta y al consentimiento previo, se apliquen de manera aislada y no como mecanismos efectivos de participación. Más aún, inquieta que la consulta sea considerada por algunos sectores como un obstáculo al desarrollo y al interés general, y no como garantía de nuestra democracia participativa. 

Ataques al presunto “garantismo”

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que pretende regular la consulta previa, a pesar de que la iniciativa no fue consultada, los pueblos solicitaron su retiro y la ONU señaló la importancia de garantizar la participación de los pueblos étnicos en la formulación y aprobación de cualquier medida que pretenda reglamentar el derecho fundamental.

Según el partido Cambio Radical, autor del proyecto, la consulta y el consentimiento han sido aplicados a partir de una “interpretación excesivamente garantista de la Constitución” y requieren de una reglamentación que asegure que “la regla de oro sea la prevalencia del interés general sobre el particular”.

Sin embargo estas afirmaciones deben evaluarse teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Precisamente por eso esto establece un Estado social de derecho pluralista, descentralizado, con autonomía territorial y con mecanismos de participación directa que garanticen que las decisiones sobre la vida pública sean democráticas y respetuosas de dicha diversidad. 

Además, el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) reconoce a los pueblos étnicos como sujetos con el derecho a decidir libremente sobre sus vidas y destinos. Este es el motivo por el que introdujo ambos derechos con el fin de garantizar su participación en toda medida que afecte su pervivencia.

En Colombia, tales disposiciones cobran mayor relevancia si se consideran las recomendaciones de la ONU: es muy importe de garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en la vida pública, fortalecer el autogobierno comunitario ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y evitar interpretaciones restrictivas de los convenios de la OIT.

Pero sobre todo cobran relevancia si se tiene en cuenta que los pueblos indígenas se encuentran en gravísimo riesgo de exterminio físico y cultural.

Los retos democráticos de hoy

Resulta necesario debatir acerca de si realmente la consulta y el consentimiento han sido aplicados bajo una interpretación excesivamente garantista. Por ejemplo, desde 2017, las consultas legislativas enfrentan tres desafíos que pueden afectar la participación étnica en la vida pública.

Primero, el Gobierno decide unilateralmente las normas que deben ser consultadas sin aplicar estándares objetivos o promover un diálogo previo con los pueblos sobre posibles afectaciones.

Segundo, las rutas metodológicas diseñadas para adelantar las consultas son alteradas durante su ejecución: el Gobierno reduce los tiempos pactados o desconoce las fases propuestas; así, parte de las discusiones se centran en las rutas y no en los contenidos consultados.

Tercero, durante los procesos, el Gobierno omite dar respuestas de fondo a las solicitudes elevadas por los pueblos y, si hay divergencias, decide tramitar las iniciativas ante el Congreso sin suscribir las actas de protocolización que fijan los acuerdos y el consentimiento previo, libre e informado.

Ello se evidenció en la consulta a la reforma de la Ley 160 de 1994, una iniciativa legislativa que tiene estrecha relación con los derechos territoriales de los pueblos étnicos y su derecho al autogobierno.

Dados los cuestionamientos al proceso, incluso por parte del Ministerio Público, las organizaciones indígenas interpusieron una acción de tutela para suspender el trámite legislativo, la cual  fue negada en primera instancia bajo el argumento de que la acción era improcedente para resolver la posible vulneración al derecho fundamental.

Estos desafíos merecen respuestas urgentes ya que actualmente se adelantan las consultas al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a la implementación étnica del Acto Legislativo 1 de 2017, que establece las normas para la terminación del conflicto armado. Sin soluciones certeras, la participación de los pueblos étnicos en el modelo de desarrollo y en la implementación del modelo de justicia transicional puede profundizar su gravísimo riesgo de exterminio físico y cultural.

Lo anterior resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que recientemente la Corte Constitucional retrocedió su jurisprudencia frente al alcance y naturaleza de otro mecanismo constitucional de participación directa: las consultas populares.

En el salvamento de voto de dicha sentencia, anunciada pero aún por conocer en su totalidad, el magistrado Alberto Rojas Ríos afirmó que “la decisión es regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad en los asuntos que la impactan, establece espacios vedados de control ciudadano en la gestión de los recursos naturales y cercena drásticamente la autonomía territorial mientras robustece el Estado central”.

Por ello, las restricciones que actualmente se imponen sobre la consulta previa y otros mecanismos de participación no podrían comprenderse como salvaguardas al interés general, sino como obstáculos a nuestra democracia.

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