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La corrupción, una epidemia que toma fuerza en Latinoamérica

La débil legislación de las instituciones internas de los países latinoamericanos y el deficiente derecho supranacional en las Américas no han logrado controlar y frenar su crecimiento; en el plano supra, se observa un debilitamiento del ius interamericano (derecho común) y sus instituciones, pues no cuentan con suficientes herramientas ni organismos capaces y maduros que hagan contrapeso al fenómeno de la corrupción. Ante esta situación, obtener justicia en el plano interno y supranacional es una meta cada vez más lejana, lo que pone en riesgo a un amplio sector de la población y a un abanico importante de derechos humanos de fuente internacional.
 

La corrupción se ha definido de diferentes maneras, una de las más acertadas es la que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI): “la corrupción es el abuso del poder público para un beneficio de carácter privado”, afectando a la generalidad, incluso a sus derechos fundamentales y la búsqueda constante del bien común.
 

La corrupción interfiere y afecta el servicio público, al desviar por medios discrecionales, ilegales, ilegítimos y arbitrarios las prerrogativas más elementales para el interés general, y truncando con ello el acceso al bien común. Los corruptos ponen a la venta privilegios y contraprestaciones que deberían ser salvaguardadas por los servidores en cada una de sus respectivas responsabilidades, pues ellos son el muro de contención para prevenir que dichas conductas infecten, se reproduzcan, afecten los principios, valores y la red de leyes más elementales del sistema político.
 

La preocupación es real. Según cifras de la ONG Transparencia Internacional, el año pasado 16 países latinoamericanos estaban en números rojos en corrupción: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Honduras, México, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
 

El Índice de percepción de corrupción de 2018 –emitido por la misma ONG– muestra que estos países sufren de una grave crisis de corrupción, pues es una práctica común y reiterada en sus Gobiernos, lo que ha afectado áreas básicas para que las personas puedan vivir con dignidad, como el sistema sanitario, educativo y alimentario, la seguridad personal y ambiental, la justicia y la democracia, entre otros, convirtiéndose en un auténtico cáncer del desarrollo social y condenando a miles de personas y generaciones futuras a la pobreza.
 

La corrupción deslegitima y debilita a las instituciones democráticas, genera inestabilidad política e ingobernabilidad, fomenta la impunidad y consume lentamente el Estado de derecho.


Lastimosamente, el impacto de esos actos es más desastrosos en los países en vías de desarrollo, en especial en las personas pobres; la ONU lo ha hecho patente al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, al señalar que:
 

[…] La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
 

Por ello, la corrupción institucionalizada se ha convertido en el cáncer y la metástasis de una enfermedad estatal que socava los intereses generales, el Estado de derecho, la democracia y debilita de manera directa las libertades y los derechos de los más necesitados, de aquellos que menos tienen y que son víctimas de la violencia, la desigualdad económica y de oportunidades.
 

Es inquietante ver que en esos países no hay un imperio de la ley, sino que gobierna la ley del poder económico y los intereses ruines de los actores involucrados, lo cual se debe a un fenómeno crónicamente presente: la ilegalidad difusa, que se ha consentido, propagado y ha sido persistente en las últimas décadas en la vida pública de los países de América; la misma que se debe a un incumplimiento reiterado de las normas, de una ausencia del poder coercitivo y deficiencias estructurales de las instituciones para investigar y sancionar la corrupción, lo que ha permitido que actos como la corrupción pública, los intereses privados y el crimen organizado mantengan sus raíces bien ancladas en la región.
 

Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado la importancia del “establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”, pues se requiere que todos los poderes, tanto los políticos como los económicos, al menos en el plano normativo, se encuentren subordinados al derecho.
 

Aquí conviene señalar que la ilegalidad difusa que se vive en la región propicia el fenómeno de corrupción, pues los países con bajo cumplimiento del Estado de derecho en América Latina son aquellos que presentan mayor corrupción (World Justice Project, 2019) pues las inconsistencias de la legislación interna, el debilitamiento del ius interamericano y el fracaso de la instituciones de justicia nacionales e internacionales tendientes a prevenir, detectar, sancionar y disminuir a niveles tolerables los actos corrupción han fallado en ser un auténtico contrapeso a esos fenómenos, por lo que nos encontramos lejos de obtener justicia en el plano interno y supra.
 

Para hacerle frente a la corrupción en la región, se requiere de manera urgente, como una solución viable la adopción de un ius anticorruptionis commune interamericano, que contemplen las instituciones, los mecanismos y la legislación estándar que permita prevenir, detectar, sancionar y disminuir a niveles tolerables los actos corrupción.
 

Contar con un marco normativo estándar o comunitario adecuado para su tratamiento les facilitará a las naciones latinoamericanas adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las graves violaciones y restricciones que genera la corrupción.
 

Ante los retos de la corrupción y su impacto negativo en los derechos humanos de millones de personas que habitan en la región latinoamericana, es necesario unificar los sistemas anticorrupción según una perspectiva basada en la protección de los derechos humanos, para que esa lucha tenga como centro de protección a la persona, la salvaguarda de sus derechos y su dignidad, tarea pendiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en especial a los integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales no pueden permanecer impávidos e indiferentes ante los efectos catastróficos de la corrupción y su impacto negativo en la garantía de los derechos humanos.

 

* La construcción de un ius anticorruptionis commune a nivel interamericano bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos Análisis resultado de investigación CONACYT durante el Programa de Estancias Posdoctorales en el Extranjero 2018 – 1

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