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La compleja verdad en los tribunales de justicia y paz

La situación es todavía más compleja si se considera el contexto en el que se produce este reconocimiento por parte de los exguerrilleros, pues en una sociedad tan religiosa y acrítica, los discursos infundados pueden llegar a imponer versiones delirantes y aparentes verdades sobre las causas y consecuencias del conflicto interno armado.
 

Por una parte, tenemos un Gobierno sin una política de paz clara y contrario en varios aspectos neurálgicos al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), por ejemplo en lo que tiene que ver con el alcance y la competencia de la JEP. Cabe recordar que al inicio de su mandato el presidente Iván Duque reconoció que la Corte Constitucional había cumplido con su mandato al declarar la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la JEP, aunque apeló a su fuero como presidente para objetar dicha norma por razones de inconveniencia en seis aspectos, uno de los cuales tenía que ver precisamente con las competencias de servidores y órganos públicos, entre estos la Fiscalía1.
 

Puedes ver: JEP sí les ha dado voz a las víctimas del conflicto.
 

Esto, a juicio del Gobierno, resultaba inconveniente por los visos de impunidad que podían generarse y perjudicaba los intereses de las víctimas pues no se determinaba con precisión las diligencias judiciales de las cuales debía abstenerse la Fiscalía, produciéndose además un desperdicio de “valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”2.
 

En este sentido, el partido de Gobierno –el Centro Democrático– ha sido bastante reiterativo no solo sobre la idea de que los Acuerdos de Paz son ilegítimos, sino en que la JEP es un tribunal parcializado hecho a la medida y en función de los intereses de la extinta guerrilla. Lo más grave es que, desconociendo los procesos y procedimientos en el interior de la JEP, ha logrado hacerle pensar a muchos colombianos que la verdad en ella se agota exclusivamente en las versiones de los comparecientes y que a cambio de ella se les van a otorgar todas las indulgencias posibles.
 

Varios miembros de este partido han ido más allá al señalar que mediante la instrumentalización de la JEP a su favor, las FARC solo buscan encubrir a los verdaderos determinadores del asesinato del líder conservador.


Puedes leer: Las ideologías y movilizaciones políticas del uribismo y petrismo: dos Colombias distintas.
 

Refiriéndose a la Fiscalía, el presidente Duque celebró supuestos avances en la investigación para esclarecer el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y con un discurso altisonante le “pidió” a la JEP que no permitiera que “se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato”3, insinuando con esto que en dicho organismo se estaría buscando la forma de obstruir a la justicia para encubrir a los verdaderos determinadores del asesinato. Si a este hecho sumamos el desconocimiento del presidente y de miembros de su Gobierno sobre más de una decisión de las Altas Cortes en relación con otros temas, como el de la protesta social, estamos ante el riesgo de que el equilibrio de poderes se rompa; en un régimen democrático resulta completamente inadecuado que el presidente envíe este tipo de mensajes en los cuales se parcializa la labor de instituciones como la Fiscalía y de tribunales como la JEP.
 

Bajo el argumento de que Gómez era un opositor radical del Gobierno en el momento de su asesinato, algunos han señalado al expresidente Ernesto Samper y a su ministro del Interior, Horacio Serpa, de la autoría del crimen. Sin embargo, esta hipótesis pierde fuerza si se tiene en cuenta que Samper nombró en el Gobierno a tres ministros muy cercanos al político asesinado. Dicho discurso –sin fundamentos jurídicos serios– lamentablemente ha logrado poner en tela de juicio el trabajo de la JEP, el cual acaba de comenzar.
 

Cabe recordar que los tribunales de justicia y paz tuvieron la primera experiencia de justicia transicional del país tras los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y produjeron sus primeros resultados importantes casi diez años después de entrada en vigencia la ley de justicia y paz.
 

Los retos en el conocimiento de la verdad


Otro elemento del contexto que hace sumamente compleja la aplicación de justicia en Colombia es la impunidad. Desde el asesinato del político Jorge Eliécer Gaitán, pasando por el genocidio político de la Unión Patriótica y por el asesinato de varios candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, hasta los recientes asesinatos de excombatientes y de líderes sociales, la justicia colombiana no ha logrado esclarecer ni uno solo de estos crímenes.
 

Aunque durante 25 años se exploraron diversas hipótesis sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, ninguna de ellas arrojó resultados contundentes y la Fiscalía ya había descartado incluso la responsabilidad de las FARC-EP. Partiendo de esto, ¿dónde están los valiosos recursos investigativos, la experiencia y la capacidad de las que habla el presidente actual? ¿Por qué en 25 años la justicia no ha logrado dar con los responsables?

El problema de conocer, descubrir o construir la verdad tiene diferentes respuestas según el lugar desde el cual se juzguen los hechos y las acciones. Solo en el caso de la religión la verdad se construye de manera unilateral y no se admite ningún tipo de controversia, muchos en el Gobierno y en la oposición quisieran que la justicia operara de esta manera. En el caso de la ciencia se puede aspirar a construir argumentos razonables y persuasivos, pero nunca una verdad definitiva. En el derecho hay al menos dos tipos de verdad: la real –muy ligada al concepto de memoria en donde el relato y la manera como este se construye juega un papel central– y la procesal o judicial, en la cual un juez contrasta dos o más discursos que se contradicen y establece, sobre la base de las pruebas, las responsabilidades en los hechos.
 

El problema mayor se da cuando la verdad real y la verdad procesal llegan a ser incompatibles, es decir cuando lo que el relato contradice o no puede ser corroborado con lo que se prueba, y este es precisamente el escenario y el reto que debe enfrentar la justicia transicional en Colombia. Para tranquilidad de las víctimas, la justicia transicional ha evolucionado de manera significativa en este sentido. Si en los procesos de justicia y paz la verdad y la investigación se agotaban en las conductas que confesaban los procesados, en la JEP las versiones de los comparecientes serán contrastadas con las versiones de las víctimas, e incluso estas podrán participar en la definición del tipo de sanciones que se deban imponer en cada caso.
 

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A diferencia de un proceso ordinario en que se parte de la presunción de inocencia y en el que el ente acusador – la fiscalía – debe investigar y probar la culpabilidad del imputado, en la justicia transicional y de manera específica en la JEP, el presupuesto de entrada es contrario, es decir, se parte de la responsabilidad que asumen los comparecientes en relación con los hechos materia de investigación. Pero la cosa no se agota allí pues de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1448 de 2011 “las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero”.
 

En este sentido, la verdad en la JEP se esclarece en un riguroso proceso dialógico y no basta con que los responsables se atribuyan un hecho, sino que estos deberán aportar verdad de manera exhaustiva sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar, así como de las motivaciones que dieron lugar a los hechos. Esto a su vez deberá ser contrastado por la JEP en un proceso, en donde a diferencia de justicia y paz, insistimos, el aporte de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, juega un papel fundamental. Posteriormente vienen las sanciones las cuales serán establecidas de acuerdo con el régimen de condicionalidad en las cuales las víctimas también podrán participar no solo en la verificación de su cumplimiento sino incluso en la definición del tipo de sanción que deba imponerse de conformidad con el mencionado régimen de condicionalidad.
 

Por lo anterior, no resulta lógico señalar que la JEP cubrirá con un manto de impunidad el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, por el contrario, esta es la primera vez en 25 años que empieza a producirse información relevante al respecto y de conformidad con los procesos y procedimientos de la JEP esta deberá llegar al fondo del asunto estableciendo los responsables y los patrones de macro criminalidad que estuvieron detrás del magnicidio.

 


1 Al respecto, el inciso tercero del literal j) del artículo 79, que trata sobre la suspensión de las actuaciones de la justicia ordinaria frente actuaciones que son competencia de la JEP, establecía que “los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP”.

2 Ver alocución presidencial del 10 de marzo de 2019 en https://www.youtube.com/watch?v=QQ3LStDXH4M

3 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=l3V9Izi0K5s

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