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Jóvenes rurales están invisibilizados

Las problemáticas de los jóvenes del campo están relacionadas directamente con las actividades rurales, pero sus expectativas y necesidades no ocupan un lugar destacado en las políticas públicas en función de sus particularidades como grupo importante en el desarrollo de sus territorios.

Algunos estudiosos establecen que la categoría “Joven rural” constituye:

  • Una población entre 14 y 26 años de edad.
  • Está vinculada a las poblaciones dispersas en el campo.
  • Su sustento económico depende en algún grado de las actividades agropecuarias, sean o no realizadas por ello.

Más ampliamente incluyen a los jóvenes de origen rural que no habitan en veredas sino en zonas periféricas urbanas, porque se considera que poseen fuertes arraigos identitarios y costumbres cotidianas propias de las áreas rurales.

Según el censo poblacional de 2005, los jóvenes rurales representan casi el 6 % de la población total y el 24,5 % de la población rural, con un índice de masculinidad (108) superior al de los jóvenes que habitan zonas urbanas (97,8). Este último dato insinúa que la migración de mujeres jóvenes rurales a la ciudad es superior a la de los hombres, porque es allí donde ellas tienen mayores oportunidades laborales y productivas que los hombres.

Los municipios tienen la necesidad de contar con universidades e instituciones que brinden una educación de calidad, que les permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades y permanecer en el territorio contribuyendo a su desarrollo y progreso.

Entre las cifras que ilustran las brechas campo-ciudad se encuentra que para 1990 la primaria urbana cubría el 90 % de la población escolar en edad de 6 a 11 años, mientras en las zonas rurales el cubrimiento de la escuela no llegaba al 70 %, y de este solo el 20 % terminaba el quinto año y el 4 % terminaba el bachillerato. Además, el nivel de escolaridad en el sector urbano era de 3,7 grados, mientras que en el sector rural era de 1,7 grados, con altos índices de repetición.

Aunque la situación ha cambiado, el atraso y la desigualdad de la educación rural continúan. El 8 % de la población colombiana (3,5 millones de personas) es analfabeta, y en la zona rural 18 de cada 100 personas no han recibido ninguna educación; solo el 33 % de los niños que entran a básica primaria logran graduarse como bachilleres, con un promedio de 13 años para cursar sexto grado. Los niños y jóvenes de las familias más pobres y de las zonas rurales tienen menos posibilidades de acceder a la secundaria y de concluir exitosamente sus estudios.

Universidades e instituciones de calidad en municipios

En 2014, el Semillero de Investigación en Desarrollo Rural (Sinder) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (UN) adelantó el proyecto “Educación para la ruralidad: respuestas desde los territorios”, el cual surgió en el contexto de problemáticas relevantes del sector rural colombiano, como el envejecimiento de la población, la migración de jóvenes a centros urbanos, el reclutamiento por parte de grupos armados y fuerza pública, y la necesidad de abordar la educación como causa o solución a dichas problemáticas.

En términos de calidad, el modelo de “Escuela nueva” es el mayormente implantado por el Estado en la región. Sin embargo se encontró que las condiciones de infraestructura física, la discontinuidad de los docentes, el clientelismo de los rectores en los municipios y la falta de acceso a tecnologías de la información son algunas de las causas de la baja calidad de la educación.

De igual manera, las instituciones educativas técnicas agropecuarias (IETA) tienen pertinencia y son funcionales solo para la expansión de proyectos agroindustriales y forestales, fomentan la proletarización de la mano de obra orientada a las plantaciones de palma de aceite y maderas finas tropicales, dejando de transmitir conceptos y prácticas de cultivos tradicionales como yuca, maíz, ñame y plátano, o de actividades de aprovechamiento pecuario como la pesca. Además no existen programas estatales en torno a la educación ambiental.

En cuanto a las experiencias de educación no formal, se determinó que la Escuela de Narradores y Narradoras de la Memoria, o el “Proceso de educación ambiental en torno al proyecto de reforestación del embalse del Playón” son ejemplos de las estrategias y propuestas de los territorios frente a los problemas de acceso, calidad y pertinencia que exhiben los planes educativos implantados por los distintos gobiernos. Pero son además la respuesta a las necesidades de las comunidades.

Otro hallazgo se relacionó con la insatisfacción con el derecho a la educación en los jóvenes rurales de los territorios; esta se expresa en:

  • Baja calidad y escasa oferta de programas educativos formales.
  • La inexistencia de los grados 10 y 11 en municipios pobres
  • La poca formación y especialización de los docentes
  • La orientación de contenidos hacia temáticas que no corresponden a las necesidades de los jóvenes del territorio.

Lo anterior indica por qué los municipios tienen la necesidad de contar con universidades e instituciones que brinden una educación de calidad, que les permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades y permanecer en el territorio contribuyendo a su desarrollo y progreso. Sus planes de vida giran en torno a la formación profesional de ciencias distintas a las agrarias que aporten en la solución de problemáticas concretas de las comunidades. Por ejemplo, durante el trabajo de campo se encontraron jóvenes que desean formarse como profesores y aportar en el rescate de elementos culturales de su territorio mediante la pedagogía. En otro caso, una joven que proponía indagar y plantear soluciones sobre la problemática de sexualidad en los jóvenes expresó su deseo de estudiar psicología social.

Pérdida de riqueza cultural

La migración de jóvenes rurales hacia sectores urbanos implica que el conocimiento tradicional sobre su entorno tiende a desaparecer. Este contribuye al desarrollo del municipio, por cuanto representa y sintetiza la historia de la relación que construyeron las comunidades que han habitado el territorio con los ecosistemas de la región y sus características.

Según el censo poblacional de 2005, los jóvenes rurales representan casi el 6 % de la población total y el 24,5 % de la población rural, con un índice de masculinidad (108) superior al de los jóvenes que habitan zonas urbanas (97,8).

El Sinder percibe como un tema que merece reflexión especial la progresiva pérdida de riqueza cultural en relación con usos y significados en torno a las plantas; el cuidado; la diversificación, propagación y protección de semillas nativas; las manifestaciones artísticas y musicales propias; y las prácticas artesanales y culinarias, además de aquellas relacionadas con la memoria histórica y las tradiciones orales.

Así mismo considera que se requieren programas y proyectos dirigidos a divulgar y preservar estas prácticas y saberes, para lo cual podrían crearse convocatorias en las cuales se busque vincular jóvenes y líderes de los diferentes municipios para trabajar conjuntamente en estos temas generando desarrollo educativo de calidad y oportunidades laborales en el territorio.

En ese sentido, las soluciones a las necesidades de los jóvenes rurales deben ir más allá de las actividades agrarias que se desarrollan en el espacio rural, y deben involucrar, entre otros aspectos, asuntos apremiantes como la salud y la infraestructura, además de los temas sociales, económicos, ambientales, jurídicos y energéticos.

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