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IVA a la canasta familiar profundiza la regresividad

Un primer elemento que desconoce la nueva Ley de Financiamiento o reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional es que la alimentación es un derecho humano. Cuando se crea un impuesto, el ingreso disponible de quienes lo pagan se reduce; este se define como “Ingreso menos impuestos más subsidios”.

Al disminuir el ingreso disponible se reduce la capacidad del hogar para comprar bienes y servicios y para alimentarse en el caso de las familias de bajos ingresos (estratos 1, 2 y 3) y de los hogares de la clase media (estratos 4, 5 ,6 y 7) de la Encuesta Nacional de Presupuestos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2016-2017.

Como parte de su defensa del denominado “mínimo vital” que se le debe garantizar a todos los ciudadanos, la Corte Constitucional ha rescatado el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

“El derecho a un mínimo vital es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política, social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución”. Sobre la base de este derecho se debe pensar y discutir, tanto en la sociedad civil como en el Congreso de la República y en la academia, acerca de la inconstitucionalidad de la propuesta tributaria de gravar la canasta básica alimenticia (Sentencia 426 de 1992).

Otros elementos que al parecer la Ley de Financiamiento no tuvo en cuenta se analizan en el presente artículo.

La propuesta de la reforma tributaria

En el artículo 10 del proyecto de ley, “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”, se reduce del 19 al 18 % la tarifa general del impuesto sobre las ventas hasta 2020, y al 17 %a partir de 2021.

El articulado del proyecto de ley define los bienes y servicios que no causan el impuesto (Art. 2), los excluidos (Art. 11) y los exentos (Art. 12), los cuales traen cambios sustanciales, desde el punto de vista de las tarifas, en un número importante de bienes y servicios que forman parte de la canasta básica familiar, ya que muchos de ellos no causaban el impuesto o se encontraban exentos (cuadro 1).

Con base en el peso específico de cada uno de los bienes de la canasta básica para el agregado como para los niveles de ingreso (alto, medio y bajo) que aparecen en el cuadro 1, es posible afirmar que el proyecto de ley golpea sustancialmente a la clase media, pues en su canasta los bienes afectados pesan el 32,8 %, proporción que para la clase baja es del 27,3 % y del 26,2 % para la alta. Esta situación profundiza la regresividad del sistema fiscal colombiano.

Además de lo anterior, al asociar el peso del impuesto al valor agregado de la canasta familiar con el ingreso, se encuentra que para la clase media el IVA representa el 56 % de su ingreso, el 5 % para los ingresos altos y el 80 % para los bajos.

La compensación

Después del garrotazo viene la zanahoria. En su artículo 1º, el proyecto de ley define en 99.468 pesos –3 unidades de valor tributario (UVT)– la compensación del IVA para las poblaciones de menores ingresos.

Los hogares de menores ingresos serán “aquellos cuyos ingresos mensuales están por debajo de la línea de pobreza certificada por el DANE”. Según la Encuesta de Presupuesto de los Hogares Colombianos 2016 y 2017, se reportan 4.287.000 hogares que tienen un ingreso de menos de un salario mínimo, y 4.287.000 con un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos.

De igual manera, en su informe de 2017 el DANE señala que para ese año “el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de 250.620 pesos, lo que equivale a un crecimiento de 3,7 % con respecto al de 2016 cuando se ubicó en 241.673 pesos. Según lo anterior, si un hogar está compuesto por cuatro personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 1.103.536 pesos”; este último valor es el 1,36 del salario mínimo legal vigente (smlv) de 2017 (737.717 pesos).

En consecuencia, existe un grupo importante de hogares que se clasifica como pobre por su ingreso. Si se supone que ese número de hogares fuese el 25 % de los hogares que tienen un ingreso entre 1 y 2 smlv, entonces el total de hogares a los cuales se les debería compensar por concepto del IVA –de aprobarse la Ley de Financiamiento– estaría en alrededor de 5.503.000.

Estos hogares tienen un gasto promedio cercano a los 830.000 pesos, el cual consume en un 60 % en bienes y servicios que causan el impuesto al valor agregado que, liquidado al 18 %, asciende a cerca de 90.000 pesos; así, el cálculo de la devolución (3 UVT) se encuentra en el rango de aceptación como devolución.

El impacto fiscal de la devolución

Los cálculos de este aparte se realizaron tomando el número de personas pobres estimadas por el DANE en 12.883.000, el 26,9 %. Si se supone que cada hogar está conformado por cuatro personas, entonces hay cerca de 3.221.000 hogares.

Si a cada uno de esos hogares pobres se le compensa cada mes con 3 UVT bimensuales, el impacto fiscal de la devolución ascendería a 2,6 billones de pesos. Este valor coincide con el que aparece en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley: “Las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda indican que el monto total promedio a transferir, a través de los programas sociales ya existentes, ascendería a $2,6 billones”.

Otro elemento para tener presente en las estimaciones del Gobierno es el nivel de informalidad de la economía laboral (48 %), y por tanto de la producción. Una medida como la de gravar la canasta básica de alimentos genera un incentivo para que los consumidores compren bienes que el mercado informal produce y les ofrece.

En definitiva, es importante tener presente que la alimentación es un derecho humano, reconocido por la legislación internacional y por el Estado colombiano. Por tanto, este se ve vulnerado al intentar reducir la capacidad de los ciudadanos a adquirir la canasta básica de alimentos.

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