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Inseguridad alimentaria: la batalla de los desplazados en Puerto Asís, Putumayo

La falta de oportunidades laborales, de vivienda, educación, alimentación acorde con sus necesidades nutricionales desde la disponibilidad hasta la absorción de nutrientes, y la falta de agua potable, entre otras expresiones de inequidad, se traducen en inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) en hogares.
 

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Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Puerto Asís, al sur del Putumayo, es uno de los 13 municipios que más recibe víctimas y del cual salen más personas desplazadas. El conflicto armado, y en especial las disputas por el territorio de los grupos al margen de la ley, han contribuido en gran parte a que la población víctima de desplazamiento forzado deje el lugar donde viven.
 

El nutricionista y dietista William Eduardo Escobar Rodríguez, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), realizó un estudio que arrojó que el 97 % de las familias víctimas de desplazamiento forzado presentan INSAN; en los hogares que tienen menores de edad la cifra es del 100 %. “Al momento de realizar investigación se registraban 38.561 personas desplazadas y hoy la cifra sigue aumentando”, explicó el investigador.

“Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es que los alimentos que consume esta población de Puerto Asís son bajos en nutrientes importantes para la prevención de anemia y otros problemas de salud, pues carecen de micronutrientes, y además la falta de agua potable interfiere en la absorción de nutrientes, lo cual se refleja en la morbi-mortalidad de la población”, comentó el magíster Escobar.
 

“El agua del municipio de Puerto Asís no es potable, los hogares en situación de desplazamiento obtienen el agua mediante pozos o aljibes (66 %), la cual no presenta condiciones óptimas para el consumo, ésta debe ser hervida, filtrada o tratada con hipoclorito de sodio”

Uno de los referentes para adelantar la investigación fueron los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria (ENSIN) de 2015, en los cuales se compararon los resultados de índices de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) e INSAN entre los hogares nacionales frente a los hogares de población desplazada.
 

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La categoría de INSAN se divide en tres niveles: leve, moderada y severa. Solo en la primera categoría el porcentaje de hogares nacionales (31,9 %) duplicó a los de Puerto Asís (13 %), mientras que en las otras dos categorías Puerto Asís triplicó y cuadruplicó –con 48 % moderada y 36 % severa– los resultados frente al nivel nacional, que obtuvo 13,8 y 8,5 % respectivamente.

Uno de los objetivos de la investigación fue darle voz a esta población y analizar la situación en las zonas rurales y urbanas de Puerto Asís con respecto al derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, y ver si la implementación del Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional con vigencia 2011-2019 realmente estaba ayudando a solucionar esta problemática.
 

Este es uno de los planes de SAN de carácter intersectorial que tienen los departamentos, con una forma de ejecución que en el papel, en políticas públicas se denomina top down, es decir de arriba hacia abajo: “dentro de la población objeto se nombra a la desplazada, aunque los titulares de derechos no la conocen, no les fue socializado ni mucho menos considerado en la formulación, y aunque es de nivel departamental, Puerto Asís aún no cuenta con un plan municipal” destacó el investigador.
 

Sin embargo el municipio sí presenta un subprograma de seguridad alimentaria desde un enfoque reduccionista de promoción y prevención, pero cuentan con mesas de SAN sin participación ciudadana.
 

“Ante el afán de subsistir, estas familias optan por realizar estrategias para no morir literalmente de hambre, es así como el 100 % de los hogares desplazados del municipio de Puerto Asís que presentan Inseguridad Alimentaria Leve, moderada y severa realizan al menos una estrategia”

 

El estudio


Para saber cuál era la situación real, se analizó su implementación mediante una metodología de enfoque de gestión planteado por Sabatier y Mazmanian (1979) mediante entrevistas a profundidad y construcción de narrativas en el municipio. La obtención de los datos cuantitativos se logró a partir de una escala integrada para medir la SAN, cuya fuente son los 2.763 hogares declarados en situación de desplazamiento –según el RUV– desde 2010 hasta 2018 para ver cómo estaba la población respecto a los derechos a la SAN frente al plan departamental; de este total salió una muestra de 113 hogares.

“Por medio de observación participante pasiva y por muestreo de bola de nieve, se seleccionaron seis jefes de hogar en condición de desplazamiento y dos lideresas organizadas, a la cuales se le aplicaron entrevistas a profundidad”, destacó el magíster Escobar, quien también realizó entrevistas con funcionarios titulares de obligaciones a nivel departamental de Putumayo y municipal de Puerto Asís.
 

Con la información obtenida, evidenció que “hay una desarticulación con programas municipales dirigidos a población desplazada, debido a que los objetivos de la política pública son ambiguos y no permiten una adecuada implementación”, señala el nutricionista.
 

“La inseguridad alimentaria de familias en situación de desplazamiento en Puerto Asís está presente en todos los hogares con menores de edad, mayoritariamente de manera moderada (51 %) y severa, entendida como la condición más precaria (35 %), familias a cargo de impávidas mujeres, pues, 7 de cada 10 hogares presentan jefatura femenina”

 

Para poder comparar los datos obtenidos frente a una escala real, el nutricionista se basó en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), las estrategias de afrontamiento que utilizó la ENSIN 2015 adaptado de “The Coping Strategies Index (CSI) 2008” índice de estrategias de supervivencia, y experiencias protectoras de la seguridad alimentaria en el hogar como autoconsumo, además de información socioeconómica de las familias, instrumentos que han venido utilizando estudios nacionales desde 2005. Incluso en 2015 la UNAL participó en el diseño de la escala que se adaptó para comparar los datos.
 

Además se comprobó que “no existen recursos específicos para acceso a los alimentos de población desplazada, sino que se reduce a asistencialismo, los funcionarios desconocen el Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y además no existen veedurías y el monitoreo se hace raras veces desde la mesa municipal de SAN”, explicó el investigador.

 

El Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional se formuló para responder a compromisos nacionales del Conpes 113 de 2008, por lo que “no existe una ruta realista para su implementación en el municipio”.

 

El impacto de la INSAN


La INSAN viene acompañada de una cultura alimentaria adaptada por las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, en la forma de preparación de los alimentos se debe recurrir a ingredientes más baratos como estrategia para afrontar la situación.
 

Para concluir, la investigación deja abierta la puerta a que el Gobierno reevalúe cómo se están tomando las decisiones para la formulación de las políticas públicas, teniendo en cuenta la voz de las víctimas de desplazamiento forzado.

Así mismo, el investigador aseguró que “el Gobierno nacional ha tenido una deuda histórica con la región, debido a que esta ha sufrido la explotación de recursos naturales históricos como el caucho y contemporáneos como el petróleo, y el resultado para sus comunidades ha desembocado en la contaminación de las fuentes hídricas, lo que representa un panorama poco alentador para la región”.
 

“A pesar de que Puerto Asís fue un municipio priorizado para el posconflicto –representa el 6 % de las hectáreas sembradas de coca en el país–, el no cumplimiento del punto 4 de sustitución de cultivos ilícitos no permitiría transitar hacia una verdadera restitución y las problemáticas sociales se podrían agravar dado que la tierra no se podría usar para promover otro tipo de cultivos que ayuden a suplir la INSAN”, concluyó el investigador.
 

Los desafíos son enormes, en especial en los municipios donde se vivió de manera aguda el conflicto armado; la falta de voluntad política para implementar lo pactado en La Habana, la brecha entre lo urbano y rural, el no cumplimiento de cualquiera de los puntos de hecho, pone en riesgo no solo la Seguridad alimentaria y nutricional sino todo un proceso hacia la construcción de paz en un municipio altamente afectado por el conflicto armado interno.

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