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Inflación y deuda externa, ¿problemas para un proceso de transición de gobierno?

Durante el primer semestre de 2022 el país vivió un intenso debate electoral que se caracterizó principalmente por la confrontación de problemáticas internas asociadas con el desarrollo económico y social (en materia de salud, pensiones y educación); la transición energética; la transformación productiva en contraste con la promoción del mercado; y el manejo del Estado en materia de corrupción y justicia. Sin embargo, problemas económicos relacionados con variables como la inflación, el déficit público y la deuda externa prácticamente estuvieron ausentes.

Este artículo describe algunas causas del incremento de precios y la deuda externa del país en un escenario de transición al nuevo gobierno electo.

Una nueva etapa de aceleración inflacionaria

La inflación, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en el mercado, se ha convertido en uno de los principales problemas para la mayoría de las economías del mundo.

La tendencia al alza de los precios a nivel global se explica por las diferentes medidas tomadas en relación con los programas fiscales (en especial el mayor gasto público de los países) que contribuyeron a mitigar los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19.

Lo anterior parece indicar que el mundo está transitando hacia una etapa de aceleración de la inflación no vista en los últimos 40 años. De hecho, las tasas de inflación en Europa y en los Estados Unidos muestran incrementos muy por encima a los registrados en 1982.

Veamos algunas cifras: al cierre de 2021, la inflación mundial se ubicó en 6,1 %. Por su parte, en lo corrido de 2022, la tasa de inflación interanual de algunos países de Europa (con corte a junio) presentaron situaciones críticas, como en el caso de Lituania (15,5 %), Polonia (12,8 %), España (10,2 %), Bélgica (9,0 %), Alemania (7,7 %) e Italia (7,3 %).

En los Estados Unidos, el incremento de precios a junio fue de 9,1 % interanual (según la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país), lo que preocupa a muchos analistas por una posible recesión.

La tendencia inflacionaria acumulada de enero a junio de 2022 también está afectando a países de América Latina como Brasil, que alcanza una cifra de 5,4 %; Chile, con un 7,1 %; y Colombia, con un 7,1 %. Esto sin olvidar casos críticos como el de Argentina, cuyo indicador se ubicó en 35,3 %, y el de Venezuela, que reportó una inflación de 53,8 %.

Sin duda la guerra entre Ucrania y Rusia ha profundizado el problema inflacionario que se venía presentando por la pandemia. Los daños económicos por la guerra posiblemente traerán bajos niveles de crecimiento económico en lo que resta de 2022, ocasionando una especie de “mini” recesión mundial.

Pero no existe una única explicación de las causas de la inflación en lo transcurrido del año. Para algunos países, las tendencias inflacionarias se derivaron de las medidas de mayor gasto público para lograr la recuperación de las economías.

También hay indicios claros de la presencia de la “inflación de oferta”, un fenómeno que ocurre cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta debido al aumento de los salarios o insumos para producirlo.

Esta inflación de oferta se está produciendo en todo el mundo por una razón: los incrementos en los precios de la energía, los combustibles y los alimentos. Algunos factores que han inducido este comportamiento son los “cuellos de botella” que se generan en las cadenas de suministros globales tanto por el conflicto entre Rusia y Ucrania como por las medidas adoptadas en China para enfrentar la crisis global.

Entre los productos que más han contribuido al incremento inflacionario mundial por el alza de sus precios están los fertilizantes; la energía y los combustibles; los aceites y las harinas; y los productos alimenticios.

Precisamente, un hecho que preocupa a distintas economías, en especial a aquellas de ingresos bajos y medios, son las consecuencias financieras que acarrean estas alzas de precios por su dependencia de importaciones de alimentos y fertilizantes provenientes de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

Colombia no ha sido la excepción, pues según el DANE la tasa de inflación acumulada de enero a junio alcanzó una cifra de 7,09 %, incremento muy por encima de la registrada en 2000, que fue de 3,6 %.

Entre los factores que más contribuyeron a elevar este indicador están los incrementos de precios en los servicios públicos y los alimentos, y también la presión de los precios de bienes importados (como fertilizantes y materias primas) que afectaron de manera directa productos de la canasta familiar.

Ahora bien, en este escenario de transición hacia un nuevo gobierno con orientación social progresista, que enfrenta retos económicos derivados de la inflación, una mayor deuda externa del país y problemas de índole cambiario vale la pena preguntarse:

  • ¿Cuáles deberían ser las medidas de política económica?
  • ¿Qué tipo de medidas en materia fiscal y monetaria se orientarán para el control inflacionario?
  • ¿Bastará con una restricción del gasto público?
  • Frente a los programas sociales contemplados en el plan de gobierno en lo que resta de 2022, aparte de la reforma tributaria, ¿qué medidas se adelantarán sin que se deteriore más la situación económica del país?

Sin lugar a duda, plantear soluciones para estos interrogantes en términos exclusivamente económicos es arduo. Son determinantes otros aspectos como las recomendaciones de equipos de expertos en temas de política económica y social, un adecuado balance de la estabilidad macroeconómica del país y el compromiso social del gobierno para garantizar el progreso de la mayoría de los ciudadanos.

Sin embargo, por el momento se pueden señalar algunos problemas críticos para la economía que empiezan a derivarse de la inflación.

Nuevos dilemas: controlar de la demanda agregada y combatir la inflación

Aunque según el DANE el crecimiento del PIB alcanzó un 10,6 % en 2021 y al primer trimestre de 2022 creció en 8,5 %, las malas noticias sobre la inflación empiezan a generar alarmas.

En el caso del control de la “inflación de demanda”, cuyas causas de incremento deben ser controladas con medidas política monetaria, el Banco de la República decidió incrementar las tasas de interés a una cifra histórica de 7,5 %.

En principio, con esa decisión se buscaría reducir la inversión privada, es decir, la adquisición de bienes de capital y otro tipo de activos, con el objetivo de generar una ganancia en el futuro, lo que podría afectar las metas de crecimiento económico.

Por otra parte, el incremento del crédito hipotecario fijado en UVR podría afectar las proyecciones de construcción de vivienda y la cartera hipotecaria, afectando principalmente la vivienda de interés social. Y en el tema de los salarios reales, se empieza a observar una tendencia hacia el estancamiento, e incluso se prevé una mayor pérdida del poder adquisitivo neto en lo que resta del año.

Como se recordará, el incremento del salario mínimo para 2022 fue de 10,07 %. Es posible que se mantenga esta tendencia al incremento de los precios al finalizar el año (muy cercano a los dos dígitos), lo cual es superior a la meta trazada por el Banco de la República de 3 %.

Tal vez el aspecto más complejo para combatir la inflación, especialmente la inflación de oferta, es que su “remedio” no va a estar al alcance de las autoridades monetarias.

Se espera el cese del conflicto Rusia-Ucrania y la apertura de los mercados por parte de China, aspectos que claramente están fuera del control del nuevo gobierno y de los más expertos económicos del país.

Con el nuevo escenario de la inflación de oferta se plantea un dilema que suele dejar a los ejecutores de política económica en una disyuntiva: si se toman medidas para contraer la demanda agregada (total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios), y al mismo tiempo para combatir la inflación, podrían estar en riesgo de ocasionar una recesión de la economía.

Una restricción fiscal, que claramente tendrá el nuevo gobierno para desarrollar sus programas sociales, es el compromiso del “desproporcionado” saldo de deuda pública externa. A abril de 2022 la deuda externa pública-privada que deja el gobierno de Iván Duque es de 174.313 millones de dólares, de los cuales la deuda pública es de 100.313 millones de dólares, que corresponde al 28,5 % del PIB.

La inflación mundial y la devaluación van a presionar un incremento de la deuda externa colombiana, tasada en dólares americanos, que implicará mayores recursos públicos para cumplir con los compromisos.

Como se observa en la gráfica 1, a partir de 2018 el comportamiento de la inflación de Colombia guarda un comportamiento similar a la inflación global, aspecto que podría afectar el manejo de la deuda externa en los próximos meses.

Ahora bien, si el compromiso del nuevo gobierno está en honrar los programas sociales para mejorar los niveles mínimos de bienestar e iniciar una lucha contra la pobreza y la desigualdad, requiere de medidas de política fiscal creativas que permitan un manejo adecuado de la inflación y manejo de la deuda externa.

Es un hecho necesario que el nuevo gobierno concrete compromisos en los primeros 100 días para generar confianza, y que los nuevos equipos técnicos entren a evaluar las necesidades de recursos de corto plazo.

No obstante, los mayores gastos sociales y la presión fiscal podrían generar dificultades colaterales en los mercados laboral y financiero, y de pérdida del poder adquisitivo, restando posibilidades de crecimiento económico en lo que resta del año.

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